La noticia ha sido comentada en todas las páginas de economía de los principales diarios, aunque el tema no haya sido mencionado en el discurso presidencial. Alcaldes y presidentes regionales han prendido las luces de emergencia por las menores transferencias y el recorte importante de sus ingresos: el canon minero transferido a los gobiernos regionales habría caído en 24% entre el 2013 y el 2012. Las regiones más castigadas parecen ser Cusco y Arequipa (-90% y -43.5% respectivamente).
¿Qué está pasando? Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, mientras que la recaudación del Impuesto a la Renta el año 2012, se incrementó en un 4% (en comparación al mismo período del 2011), la recaudación minera cayó en -19,8%. Esto ha provocado que por ejemplo la participación de la minería en la recaudación del impuesto a la renta baje a un 25.7%, luego de representar el 50.9% el año 2007.
Las explicaciones que se dan de la caída son básicamente dos: las menores cotizaciones internacionales de los metales y por otro lado el retraso de varios proyectos de inversión en minería como consecuencia de los conflictos sociales. ¿Eso es todo? ¿No hay otros factores a considerar?
Si bien las cotizaciones de los principales metales han cedido en los mercados internacionales y tampoco se puede negar la incidencia de conflictos sociales en el país en el desarrollo de algunos proyectos, lo cierto es que llama la atención que en algunos regiones no se hayan producido mayores retrasos en la cartera de inversión minera y pese a ello hoy en día están fuertemente castigadas por el recorte de las transferencias.
Es el caso del Cusco. En esta región los proyectos mineros no parecen haberse retrasado: el proyecto Antapaccay inició su etapa de producción, de acuerdo a lo previsto, en el último trimestre del año pasado. Otros proyectos, como el de Constancia en la provincia de Chumbivilcas, sigue desarrollándose de acuerdo a lo planificado.
¿Por qué un recorte tan drástico en el caso del Cusco? Aparentemente un factor es la menor producción de la mina de Tintaya (en procesos de cierre) y el inicio de Antapaccay, que todavía no se encuentra en plena producción. Pero además, el otro tema que debe ser por lo menos considerado, tiene que ver con la permanencia de algunos beneficios tributarios, como la devolución anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), etc., o los convenios de estabilidad tributaria que en una coyuntura de menor bonanza se dejan sentir.
No debemos olvidar casos precedentes como el de Antamina. Pese a que esta empresa comenzó a producir el año 2001, recién comenzó a pagar el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría el año 2005, después de haber terminado de aplicar el beneficio tributario de la depreciación acelerada. Así, la recaudación de este impuesto en el sector minero aumentó en poco más de 54% durante 2005 y en poco más de 57% durante 2006, debido a que Antamina comenzó a pagar dicho impuesto a partir del mes de abril de 2005.
Ello nos brinda una idea del efecto perverso que tienen los beneficios tributarios en el aporte fiscal del sector minero en términos de mediano y largo plazo. Por lo tanto, incluso si no existiesen incrementos excepcionales de los precios, la sola reformulación de los beneficios tributarios concedidos al sector permitiría una mayor contribución de las empresas mineras con el desarrollo del país.
¿Algo de eso puede estar pasando en el actual contexto? En todo caso no estaría demás mirar con mayor atención algunos de los mecanismos que las empresas en períodos de menor bonanza utilizan para pagar menos impuestos: por ejemplo, el incremento de sus costos operativos o el del valor deteriorado de algunos activos, acciones que configuran una suerte de elusión tributaria que busca aprovechar los vacíos de nuestra legislación tributaria y terminan afectando la recaudación.
En todo caso, en el actual contexto no hay que olvidar que nuestro país ha firmado la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). Que la situación de preocupación por las menores transferencias permita una discusión seria y transparente sobre estos temas y que sobre todo las explicaciones claras lleguen a los alcaldes y presidentes regionales.