Los días 9, 10 y 11 de noviembre en la ciudad de Cochabamba, a convocación del CEDIB, se realizó el evento «Jornadas sobre la megaminería» que, con la participación de amplios sectores de trabajadores, pueblos indígenas, sindicatos mineros, población afectada y vecinos urbanos de distintos lugares del país, abordó el tema de la megaminería en América del Sur y Bolivia.
Se presentó un esbozo sintético de las políticas mineras, los contenidos de las legislaciones en la región, la expansión de la minería moderna y sus efectos en poblaciones, en el ordenamiento territorial, en el medio ambiente y en el ejercicio de los derechos de los pueblos.
El evento acumuló la información sobre los principales proyectos mineros del país y los analizó desde las perspectivas y visiones de las comunidades, los sindicatos mineros y la población en general, culminando con una jornada específica de debate y análisis sobre los contenidos del Anteproyecto de Ley de Minería hecho público por el Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia. Como resultado del evento se arribó a las conclusiones detalladas a continuación.
No es aceptable una propuesta de Ley Minera elaborada a espaldas del pueblo en la que únicamente han participado sectores interesados en la explotación minera y empresas transnacionales representadas por la Cámara de Minería Mediana.
Tampoco es aceptable el que se apruebe en la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto que no ha sido debidamente socializado y sometido al debate de la sociedad civil boliviana con participación de poblaciones afectadas, pueblos indígenas originarios, campesinos, organizaciones urbanas y vecinales, cívicas y laborales.
Denunciamos que el gobierno está precipitando la aprobación de este anteproyecto de Ley, cuando es prioritario el debate y la aprobación previa de otras leyes como la de agua, medioambiente, consulta previa y madre tierra entre otras.
Rechazamos el contenido de una ley que crea condiciones para continuar la entrega irracional de nuestros recursos en manos de empresas transnacionales; que no dispone de medidas para la recuperación e industrialización efectiva de nuestros minerales, ni el fortalecimiento de nuestras empresas acorde a las necesidades de Bolivia y no de las transnacionales. Exigimos que en el tratamiento de la ley se considere las demandas y propuestas de todos los sectores, contemplando las estructuras de los pueblos indígenas originario campesinos y de la población en general contemplada en la Constitución política del Estado (considerando los Art. 47 y 304-6).
Nos oponemos a un modelo entreguista que omite dar soluciones y alternativas a los graves problemas de contaminación, destrucción del medioambiente y áreas naturales de incalculable valor para Bolivia y el mundo, privilegiando un modelo de desarrollo que no es el nuestro y que atenta contra los intereses nacionales.
Nos oponemos a la minería a cielo abierto (megaminería) y a una política extractivista para la exportación, debido a que es incompatible con las necesidades de consumo de agua y energía de las comunidades. Este tipo de minería destruye nuestras economías, arrebata los territorios, el hábitat y el patrimonio natural necesario para la vida de la presente y futuras generaciones.
Exigimos el cumplimiento de la consulta pública a la población boliviana y la consulta previa, libre, informada y vinculante a los pueblos indígenas originarios, conforme a las normas internacionales ratificadas por el Estado y necesarias para la aprobación de las leyes, contratos y proyectos mineros.
Reconocemos la importancia de la minería entre otras actividades productivas y coincidimos todos en que esta actividad debe hacerse enmarcada en los intereses nacionales y en la defensa del medio ambiente y el rechazo a la contaminación.
Reafirmamos la necesidad de generar alianzas entre sectores populares, rurales, indígenas, urbanos y trabajadores para la defensa de nuestros derechos colectivos, recursos naturales y construir un modelo de desarrollo soberano y en armonía con la naturaleza.
Unidad de Formación y Comunicación
CEPA