La empresa brasileña anunció hace algunas semanas la postergación del plan para extraer potasio en Mendoza. Los analistas reflexionan sobre los motivos que llevaron a la firma a tomar esa decisión y proponen una mayor regulación de la minería.
Por Marcelo Giraud * y Nicolás Gutman *
La suspensión del proyecto minero Potasio Río Colorado ha desatado conflictos y controversias. Sectores empresarios y de la oposición responsabilizan a los gobiernos nacional y mendocino, mientras que éstos cargan sobre Vale, la empresa concesionaria y segunda mayor minera del mundo. Muchos se afanan por reanudar la construcción de la mina, mientras se soslayan aspectos críticos del proyecto, que llevan a varias asambleas y organizaciones a reclamar su reevaluación integral o cancelación.
Es inadmisible que Vale pretenda obtener aún más privilegios fiscales que los otorgados por las actuales leyes mineras, e incumplir compromisos acordados con las provincias involucradas en el proyecto, mientras extorsiona a gobiernos y sociedad a través del empleo directo de unos 4000 trabajadores. Recordemos que, concluida la construcción, el proyecto implicaría sólo unos 1000 empleos directos.
Es falso que Vale esté en mala situación: el informe financiero de la propia empresa señala que en 2012 distribuyó dividendos a sus accionistas por 6000 millones de dólares, monto sólo inferior al de 2011 en la historia de Vale, y equivalente al total de exportaciones argentinas en diciembre pasado.
Río Tinto, concesionaria anterior del proyecto, informó en 2006 que la inversión sería de 900 millones de dólares. Ahora, según Vale, el costo total habría pasado de 5900 millones a 11.000 millones de dólares. Si con 2200 millones se concretó el 40 por ciento de las obras, ¿cómo justificar 8.800 millones para el 60 por ciento restante? ¿Se estaría buscando defraudar en el pago del impuesto a las ganancias?
La realidad respalda poco a quienes apuntan al precio del mineral de hierro (principal fuente de ingresos para Vale) como factor de freno del proyecto. Dicho mineral, que cotizaba a sólo 28 dólares por tonelada en 2005, trepó a un promedio de 168 dólares en 2011 y bajó a una media de 129 en 2012, pero repuntó hasta 155 dólares en febrero pasado. Para otros, una supuesta demora en aprobar el proyecto habría impedido construir la mina durante el período de altos precios del cloruro de potasio, que en febrero de 2009 llegó a 900 dólares por tonelada. Pero hasta mediados de 2007 se vendía a menos de 200 dólares y superó los 500 dólares sólo por 15 meses: ningún empresario invertiría a 40 o 50 años basándose en una burbuja tan breve. Cuando Vale decidió concretar la inversión a fines de 2010, ya cotizaba a 335 dólares, y hoy a 390 dólares por tonelada.
La magnitud de la mina es incierta: el proyecto aprobado por el gobierno de Mendoza indica una producción máxima de 2,4 millones de toneladas por año, pero Vale y los funcionarios mendocinos y nacionales afirman que llegaría a 4,3 e incluso 5 millones de t/año. De ser cierta esta cifra, se duplicaría el volumen del principal pasivo ambiental del proyecto: 120 millones de toneladas de cloruro de sodio residual, que quedarían virtualmente a perpetuidad cerca del río Colorado al concluir la explotación. Este depósito implica riesgos de salinización para el río Colorado, empleado aguas abajo para bebida humana y riego en tres provincias. El sostenido rechazo de organizaciones e instituciones de la cuenca motivó una modificación al proyecto, que reduce dicho riesgo pero sin eliminarlo.
Una objeción principal es el consumo de gas requerido: un millón de metros cúbicos/día según el proyecto aprobado, dos millones metros cúbicos/día según el ministro De Vido, volumen superior al consumo residencial de toda la provincia de Mendoza en 2012 (1,28 millón metros cúbicos/día). Dicho gas provendría de un yacimiento no convencional que YPF explotaría en Neuquén junto con Vale, mediante fractura hidráulica o «fracking». Los impactos y riesgos ambientales de esta técnica generan resistencias en muchos países y regiones, llevando a su prohibición en varios estados, entre ellos Francia, o moratoria, como en Nueva York.
Los suelos argentinos requieren poco potasio: 31.000 toneladas importadas en 2011, 1,3 por ciento de la capacidad del proyecto aprobado. Por ello, el potasio extraído se exportaría a Brasil, donde se aplicaría principalmente a los cultivos de soja, que cubren ya 27,5 millones de hectáreas. Al expandirse, siguen potenciando la deforestación en Brasil, que según la FAO fue de 26 millones de ha. entre 2000 y 2010. El más afectado por este proceso es el estado de Mato Grosso, donde la soja pasó de 4,2 a 7,9 millones de ha. entre 2006 y 2012.
Según Naciones Unidas, en 2011 las materias primas agrícolas, mineras y commodities derivados representaron el 76 por ciento de las exportaciones de la Unasur y 66 por ciento de las argentinas, contra sólo 34 por ciento del total mundial. Las manufacturas de alta tecnología, en cambio, representaron 7 por ciento, 10 y 25 por ciento, respectivamente. Si, como afirmó hace poco Murilo Ferreira, presidente de Vale, «el superciclo de los commodities se terminó», la economía de Argentina y nuestra América requiere una urgente reorientación de modelo productivo. Transición desde los agronegocios y la megaminería hacia un postextractivismo en la que también se juegan las soberanías, los bienes comunes y la calidad de vida.
* Prof. asociado de la Universidad Nacional de Cuyo.
El interés nacional
Por Nicolás Gutman *
En 1942 el gobierno de Getúlio Vargas creaba en Brasil la empresa Vale do Rio Doce, fruto de una fuerte disputa con los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos por el control de los gigantescos yacimientos de mineral de hierro. Por varias décadas y aun mucho antes que Petrobras, Vale encarnó para los brasileños el símbolo de la empresa que es orgullo nacional y demostración de que el país se puede desarrollar con el ingenio humano y la suerte de contar con los recursos naturales, tal como lo fue por décadas en la Argentina nuestra querida y pionera YPF. En mayo de 1997, 55 años después de su fundación, el presidente Fernando Henrique Cardoso privatizaba Vale en medio de una batalla campal entre 600 policías militarizados y más de siete mil manifestantes frente a la Bolsa de Valores de Río de Janeiro (BVRJ), con el resultado de 33 personas heridas y una privatización tan escandalosa que motivó la aparición de un nuevo neologismo del idioma portugués en Brasil, la privataria, una conjunción de privatización y piratería. La privatización con el consiguiente control accionario de un 41,73 por ciento de las acciones ordinarias de Vale se realizó el 6 de mayo de 1997 por un valor de 3,3 mil millones de dólares. El Banco Merrill Lynch y el gobierno de Enrique Cardoso aceptaron valuar la compañía por el flujo de caja y no por el valor de sus yacimientos, que están entre los más grandes del planeta, los argentinos conocimos también en la noche neoliberal esta misma película pero aplicada a YPF.
Hoy la minera tiene un valor de mercado de 124 mil millones de dólares, aproximadamente seis veces el PBI de Paraguay o dos veces el PBI de Ecuador. En 2006, con la compra de la minera canadiense INCO, el mayor productor de níquel del mundo, por 17 mil millones de dólares, Vale pasa a ser la 31ª mayor empresa del mundo. A pesar de la «privataria» sufrida, el 41 por ciento de las acciones con voto de Vale están repartidas en diferentes organismos del gobierno de Brasil, y si se suman los inversores privados brasileños el 65 por ciento del capital votante de Vale está en suelo brasileño.
Ante la noticia del supuesto abandono de la concesión para explotar los yacimientos de potasio en Mendoza, el corillo de economistas ortodoxos y varios medios salieron a clamar por la falta de seguridad jurídica, se rasgaron vestiduras por los empleos que quedaron en suspenso, y como siempre insinuaron supuestos hechos de corrupción. Es triste que una y otra vez tengamos que escuchar o leer el latiguillo de la falta de seguridad jurídica; en primer lugar, dado que la jurisprudencia es muy específica, deberían señalar exactamente en dónde se violaron los términos a las concesiones mineras entregadas a Vale, pero como el problema no es ése, lo único que resuena es el grito declamatorio sin más. El concepto de seguridad jurídica en el caso de los recursos naturales es un factor poco relevante a la hora de decidir una inversión, porque no hay otra forma que ir a buscarlos donde los puso la madre naturaleza, y para quienes creen que no es así sólo tienen que ver en dónde se desarrollan grandes proyectos mineros actualmente: Sudán, República Centroafricana, Papúa Nueva Guinea, Colombia o Camboya entre otros, difícilmente paraísos de la estabilidad jurídica.
Brasil, a diferencia de Argentina, no firmó en la infame década noventista tratados bilaterales de inversión –TBI– ni cedió soberanía jurídica al Ciadi, de forma que si pensamos en seguridad jurídica en el Mercosur, Argentina es un lugar mucho más seguro que Brasil para invertir desde el punto de vista empresarial-corporativo tan exaltado por los economistas ortodoxos. Sin embargo, todos estos tratados no favorecieron a la Argentina con más inversión, sino que, por el contrario, la dejaron en el primer puesto del ranking de demandas en tribunales internacionales.
Las verdaderas causas de la decisión tomada por Vale de suspender el proyecto es algo que difícilmente se pueda saber con exactitud fuera de los pasillos del poder. Aun dentro de estas grandes corporaciones estas decisiones son fruto de fuertes pujas de interés, pero hay algo que aún sin conocer en detalle podemos intuir: cuando un gobierno se resiste a los fortísimos lobbies empresariales, que por otra parte son muy comunes en estos gigantescos proyectos, es porque se está negociando en defensa del interés nacional, y por lo tanto de los ciudadanos. Que se le nieguen más beneficios a los ya inauditos otorgados en el Código Minero es una muestra de fuerza en la negociación de nuestros recursos, pero esta situación no excluye el debate de por qué seguimos pensando un país que gestiona la entrega de los recursos mineros en vez de tener soberanía sobre éstos, cuando ya se recuperó el control de los hidrocarburos. Tampoco debe quedar de lado el debate sobre el grave impacto ambiental, especialmente en Mendoza, una zona árida que tanto sacrificio costó recuperar para la agricultura y la vinicultura.
* Investigador del CCC.
La suspensión del proyecto minero Potasio Río Colorado ha desatado conflictos y controversias. Sectores empresarios y de la oposición responsabilizan a los gobiernos nacional y mendocino, mientras que éstos cargan sobre Vale, la empresa concesionaria y segunda mayor minera del mundo. Muchos se afanan por reanudar la construcción de la mina, mientras se soslayan aspectos críticos del proyecto, que llevan a varias asambleas y organizaciones a reclamar su reevaluación integral o cancelación.
Es inadmisible que Vale pretenda obtener aún más privilegios fiscales que los otorgados por las actuales leyes mineras, e incumplir compromisos acordados con las provincias involucradas en el proyecto, mientras extorsiona a gobiernos y sociedad a través del empleo directo de unos 4000 trabajadores. Recordemos que, concluida la construcción, el proyecto implicaría sólo unos 1000 empleos directos.
Es falso que Vale esté en mala situación: el informe financiero de la propia empresa señala que en 2012 distribuyó dividendos a sus accionistas por 6000 millones de dólares, monto sólo inferior al de 2011 en la historia de Vale, y equivalente al total de exportaciones argentinas en diciembre pasado.
Río Tinto, concesionaria anterior del proyecto, informó en 2006 que la inversión sería de 900 millones de dólares. Ahora, según Vale, el costo total habría pasado de 5900 millones a 11.000 millones de dólares. Si con 2200 millones se concretó el 40 por ciento de las obras, ¿cómo justificar 88.800 millones para el 60 por ciento restante? ¿Se estaría buscando defraudar en el pago del impuesto a las ganancias?
La realidad respalda poco a quienes apuntan al precio del mineral de hierro (principal fuente de ingresos para Vale) como factor de freno del proyecto. Dicho mineral, que cotizaba a sólo 28 dólares por tonelada en 2005, trepó a un promedio de 168 dólares en 2011 y bajó a una media de 129 en 2012, pero repuntó hasta 155 dólares en febrero pasado. Para otros, una supuesta demora en aprobar el proyecto habría impedido construir la mina durante el período de altos precios del cloruro de potasio, que en febrero de 2009 llegó a 900 dólares por tonelada. Pero hasta mediados de 2007 se vendía a menos de 200 dólares y superó los 500 dólares sólo por 15 meses: ningún empresario invertiría a 40 o 50 años basándose en una burbuja tan breve. Cuando Vale decidió concretar la inversión a fines de 2010, ya cotizaba a 335 dólares, y hoy a 390 dólares por tonelada.
La magnitud de la mina es incierta: el proyecto aprobado por el gobierno de Mendoza indica una producción máxima de 2,4 millones de toneladas por año, pero Vale y los funcionarios mendocinos y nacionales afirman que llegaría a 4,3 e incluso 5 millones de t/año. De ser cierta esta cifra, se duplicaría el volumen del principal pasivo ambiental del proyecto: 120 millones de toneladas de cloruro de sodio residual, que quedarían virtualmente a perpetuidad cerca del río Colorado al concluir la explotación. Este depósito implica riesgos de salinización para el río Colorado, empleado aguas abajo para bebida humana y riego en tres provincias. El sostenido rechazo de organizaciones e instituciones de la cuenca motivó una modificación al proyecto, que reduce dicho riesgo pero sin eliminarlo.
Una objeción principal es el consumo de gas requerido: un millón de metros cúbicos/día según el proyecto aprobado, dos millones metros cúbicos/día según el ministro De Vido, volumen superior al consumo residencial de toda la provincia de Mendoza en 2012 (1,28 millón metros cúbicos/día). Dicho gas provendría de un yacimiento no convencional que YPF explotaría en Neuquén junto con Vale, mediante fractura hidráulica o «fracking». Los impactos y riesgos ambientales de esta técnica generan resistencias en muchos países y regiones, llevando a su prohibición en varios estados, entre ellos Francia, o moratoria, como en Nueva York.
Los suelos argentinos requieren poco potasio: 31.000 toneladas importadas en 2011, 1,3 por ciento de la capacidad del proyecto aprobado. Por ello, el potasio extraído se exportaría a Brasil, donde se aplicaría principalmente a los cultivos de soja, que cubren ya 27,5 millones de hectáreas. Al expandirse, siguen potenciando la deforestación en Brasil, que según la FAO fue de 26 millones de ha. entre 2000 y 2010. El más afectado por este proceso es el estado de Mato Grosso, donde la soja pasó de 4,2 a 7,9 millones de ha. entre 2006 y 2012.
Según Naciones Unidas, en 2011 las materias primas agrícolas, mineras y commodities derivados representaron el 76 por ciento de las exportaciones de la Unasur y 66 por ciento de las argentinas, contra sólo 34 por ciento del total mundial. Las manufacturas de alta tecnología, en cambio, representaron 7 por ciento, 10 y 25 por ciento, respectivamente. Si, como afirmó hace poco Murilo Ferreira, presidente de Vale, «el superciclo de los commodities se terminó», la economía de Argentina y nuestra América requiere una urgente reorientación de modelo productivo. Transición desde los agronegocios y la megaminería hacia un postextractivismo en la que también se juegan las soberanías, los bienes comunes y la calidad de vida.
* Prof. asociado de la Universidad Nacional de Cuyo.
El interés nacional
Por Nicolás Gutman *
En 1942 el gobierno de Getúlio Vargas creaba en Brasil la empresa Vale do Rio Doce, fruto de una fuerte disputa con los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos por el control de los gigantescos yacimientos de mineral de hierro. Por varias décadas y aun mucho antes que Petrobras, Vale encarnó para los brasileños el símbolo de la empresa que es orgullo nacional y demostración de que el país se puede desarrollar con el ingenio humano y la suerte de contar con los recursos naturales, tal como lo fue por décadas en la Argentina nuestra querida y pionera YPF. En mayo de 1997, 55 años después de su fundación, el presidente Fernando Henrique Cardoso privatizaba Vale en medio de una batalla campal entre 600 policías militarizados y más de siete mil manifestantes frente a la Bolsa de Valores de Río de Janeiro (BVRJ), con el resultado de 33 personas heridas y una privatización tan escandalosa que motivó la aparición de un nuevo neologismo del idioma portugués en Brasil, la privataria, una conjunción de privatización y piratería. La privatización con el consiguiente control accionario de un 41,73 por ciento de las acciones ordinarias de Vale se realizó el 6 de mayo de 1997 por un valor de 3,3 mil millones de dólares. El Banco Merrill Lynch y el gobierno de Enrique Cardoso aceptaron valuar la compañía por el flujo de caja y no por el valor de sus yacimientos, que están entre los más grandes del planeta, los argentinos conocimos también en la noche neoliberal esta misma película pero aplicada a YPF.
Hoy la minera tiene un valor de mercado de 124 mil millones de dólares, aproximadamente seis veces el PBI de Paraguay o dos veces el PBI de Ecuador. En 2006, con la compra de la minera canadiense INCO, el mayor productor de níquel del mundo, por 17 mil millones de dólares, Vale pasa a ser la 31ª mayor empresa del mundo. A pesar de la «privataria» sufrida, el 41 por ciento de las acciones con voto de Vale están repartidas en diferentes organismos del gobierno de Brasil, y si se suman los inversores privados brasileños el 65 por ciento del capital votante de Vale está en suelo brasileño.
Ante la noticia del supuesto abandono de la concesión para explotar los yacimientos de potasio en Mendoza, el corillo de economistas ortodoxos y varios medios salieron a clamar por la falta de seguridad jurídica, se rasgaron vestiduras por los empleos que quedaron en suspenso, y como siempre insinuaron supuestos hechos de corrupción. Es triste que una y otra vez tengamos que escuchar o leer el latiguillo de la falta de seguridad jurídica; en primer lugar, dado que la jurisprudencia es muy específica, deberían señalar exactamente en dónde se violaron los términos a las concesiones mineras entregadas a Vale, pero como el problema no es ése, lo único que resuena es el grito declamatorio sin más. El concepto de seguridad jurídica en el caso de los recursos naturales es un factor poco relevante a la hora de decidir una inversión, porque no hay otra forma que ir a buscarlos donde los puso la madre naturaleza, y para quienes creen que no es así sólo tienen que ver en dónde se desarrollan grandes proyectos mineros actualmente: Sudán, República Centroafricana, Papúa Nueva Guinea, Colombia o Camboya entre otros, difícilmente paraísos de la estabilidad jurídica.
Brasil, a diferencia de Argentina, no firmó en la infame década noventista tratados bilaterales de inversión –TBI– ni cedió soberanía jurídica al Ciadi, de forma que si pensamos en seguridad jurídica en el Mercosur, Argentina es un lugar mucho más seguro que Brasil para invertir desde el punto de vista empresarial-corporativo tan exaltado por los economistas ortodoxos. Sin embargo, todos estos tratados no favorecieron a la Argentina con más inversión, sino que, por el contrario, la dejaron en el primer puesto del ranking de demandas en tribunales internacionales.
Las verdaderas causas de la decisión tomada por Vale de suspender el proyecto es algo que difícilmente se pueda saber con exactitud fuera de los pasillos del poder. Aun dentro de estas grandes corporaciones estas decisiones son fruto de fuertes pujas de interés, pero hay algo que aún sin conocer en detalle podemos intuir: cuando un gobierno se resiste a los fortísimos lobbies empresariales, que por otra parte son muy comunes en estos gigantescos proyectos, es porque se está negociando en defensa del interés nacional, y por lo tanto de los ciudadanos. Que se le nieguen más beneficios a los ya inauditos otorgados en el Código Minero es una muestra de fuerza en la negociación de nuestros recursos, pero esta situación no excluye el debate de por qué seguimos pensando un país que gestiona la entrega de los recursos mineros en vez de tener soberanía sobre éstos, cuando ya se recuperó el control de los hidrocarburos. Tampoco debe quedar de lado el debate sobre el grave impacto ambiental, especialmente en Mendoza, una zona árida que tanto sacrificio costó recuperar para la agricultura y la vinicultura.
* Investigador del CCC.
La suspensión del proyecto minero Potasio Río Colorado ha desatado conflictos y controversias. Sectores empresarios y de la oposición responsabilizan a los gobiernos nacional y mendocino, mientras que éstos cargan sobre Vale, la empresa concesionaria y segunda mayor minera del mundo. Muchos se afanan por reanudar la construcción de la mina, mientras se soslayan aspectos críticos del proyecto, que llevan a varias asambleas y organizaciones a reclamar su reevaluación integral o cancelación.
Es inadmisible que Vale pretenda obtener aún más privilegios fiscales que los otorgados por las actuales leyes mineras, e incumplir compromisos acordados con las provincias involucradas en el proyecto, mientras extorsiona a gobiernos y sociedad a través del empleo directo de unos 4000 trabajadores. Recordemos que, concluida la construcción, el proyecto implicaría sólo unos 1000 empleos directos.
Es falso que Vale esté en mala situación: el informe financiero de la propia empresa señala que en 2012 distribuyó dividendos a sus accionistas por 6000 millones de dólares, monto sólo inferior al de 2011 en la historia de Vale, y equivalente al total de exportaciones argentinas en diciembre pasado.
Río Tinto, concesionaria anterior del proyecto, informó en 2006 que la inversión sería de 900 millones de dólares. Ahora, según Vale, el costo total habría pasado de 5900 millones a 11.000 millones de dólares. Si con 2200 millones se concretó el 40 por ciento de las obras, ¿cómo justificar 88.800 millones para el 60 por ciento restante? ¿Se estaría buscando defraudar en el pago del impuesto a las ganancias?
La realidad respalda poco a quienes apuntan al precio del mineral de hierro (principal fuente de ingresos para Vale) como factor de freno del proyecto. Dicho mineral, que cotizaba a sólo 28 dólares por tonelada en 2005, trepó a un promedio de 168 dólares en 2011 y bajó a una media de 129 en 2012, pero repuntó hasta 155 dólares en febrero pasado. Para otros, una supuesta demora en aprobar el proyecto habría impedido construir la mina durante el período de altos precios del cloruro de potasio, que en febrero de 2009 llegó a 900 dólares por tonelada. Pero hasta mediados de 2007 se vendía a menos de 200 dólares y superó los 500 dólares sólo por 15 meses: ningún empresario invertiría a 40 o 50 años basándose en una burbuja tan breve. Cuando Vale decidió concretar la inversión a fines de 2010, ya cotizaba a 335 dólares, y hoy a 390 dólares por tonelada.
La magnitud de la mina es incierta: el proyecto aprobado por el gobierno de Mendoza indica una producción máxima de 2,4 millones de toneladas por año, pero Vale y los funcionarios mendocinos y nacionales afirman que llegaría a 4,3 e incluso 5 millones de t/año. De ser cierta esta cifra, se duplicaría el volumen del principal pasivo ambiental del proyecto: 120 millones de toneladas de cloruro de sodio residual, que quedarían virtualmente a perpetuidad cerca del río Colorado al concluir la explotación. Este depósito implica riesgos de salinización para el río Colorado, empleado aguas abajo para bebida humana y riego en tres provincias. El sostenido rechazo de organizaciones e instituciones de la cuenca motivó una modificación al proyecto, que reduce dicho riesgo pero sin eliminarlo.
Una objeción principal es el consumo de gas requerido: un millón de metros cúbicos/día según el proyecto aprobado, dos millones metros cúbicos/día según el ministro De Vido, volumen superior al consumo residencial de toda la provincia de Mendoza en 2012 (1,28 millón metros cúbicos/día). Dicho gas provendría de un yacimiento no convencional que YPF explotaría en Neuquén junto con Vale, mediante fractura hidráulica o «fracking». Los impactos y riesgos ambientales de esta técnica generan resistencias en muchos países y regiones, llevando a su prohibición en varios estados, entre ellos Francia, o moratoria, como en Nueva York.
Los suelos argentinos requieren poco potasio: 31.000 toneladas importadas en 2011, 1,3 por ciento de la capacidad del proyecto aprobado. Por ello, el potasio extraído se exportaría a Brasil, donde se aplicaría principalmente a los cultivos de soja, que cubren ya 27,5 millones de hectáreas. Al expandirse, siguen potenciando la deforestación en Brasil, que según la FAO fue de 26 millones de ha. entre 2000 y 2010. El más afectado por este proceso es el estado de Mato Grosso, donde la soja pasó de 4,2 a 7,9 millones de ha. entre 2006 y 2012.
Según Naciones Unidas, en 2011 las materias primas agrícolas, mineras y commodities derivados representaron el 76 por ciento de las exportaciones de la Unasur y 66 por ciento de las argentinas, contra sólo 34 por ciento del total mundial. Las manufacturas de alta tecnología, en cambio, representaron 7 por ciento, 10 y 25 por ciento, respectivamente. Si, como afirmó hace poco Murilo Ferreira, presidente de Vale, «el superciclo de los commodities se terminó», la economía de Argentina y nuestra América requiere una urgente reorientación de modelo productivo. Transición desde los agronegocios y la megaminería hacia un postextractivismo en la que también se juegan las soberanías, los bienes comunes y la calidad de vida.
* Prof. asociado de la Universidad Nacional de Cuyo.
El interés nacional
Por Nicolás Gutman *
En 1942 el gobierno de Getúlio Vargas creaba en Brasil la empresa Vale do Rio Doce, fruto de una fuerte disputa con los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos por el control de los gigantescos yacimientos de mineral de hierro. Por varias décadas y aun mucho antes que Petrobras, Vale encarnó para los brasileños el símbolo de la empresa que es orgullo nacional y demostración de que el país se puede desarrollar con el ingenio humano y la suerte de contar con los recursos naturales, tal como lo fue por décadas en la Argentina nuestra querida y pionera YPF. En mayo de 1997, 55 años después de su fundación, el presidente Fernando Henrique Cardoso privatizaba Vale en medio de una batalla campal entre 600 policías militarizados y más de siete mil manifestantes frente a la Bolsa de Valores de Río de Janeiro (BVRJ), con el resultado de 33 personas heridas y una privatización tan escandalosa que motivó la aparición de un nuevo neologismo del idioma portugués en Brasil, la privataria, una conjunción de privatización y piratería. La privatización con el consiguiente control accionario de un 41,73 por ciento de las acciones ordinarias de Vale se realizó el 6 de mayo de 1997 por un valor de 3,3 mil millones de dólares. El Banco Merrill Lynch y el gobierno de Enrique Cardoso aceptaron valuar la compañía por el flujo de caja y no por el valor de sus yacimientos, que están entre los más grandes del planeta, los argentinos conocimos también en la noche neoliberal esta misma película pero aplicada a YPF.
Hoy la minera tiene un valor de mercado de 124 mil millones de dólares, aproximadamente seis veces el PBI de Paraguay o dos veces el PBI de Ecuador. En 2006, con la compra de la minera canadiense INCO, el mayor productor de níquel del mundo, por 17 mil millones de dólares, Vale pasa a ser la 31ª mayor empresa del mundo. A pesar de la «privataria» sufrida, el 41 por ciento de las acciones con voto de Vale están repartidas en diferentes organismos del gobierno de Brasil, y si se suman los inversores privados brasileños el 65 por ciento del capital votante de Vale está en suelo brasileño.
Ante la noticia del supuesto abandono de la concesión para explotar los yacimientos de potasio en Mendoza, el corillo de economistas ortodoxos y varios medios salieron a clamar por la falta de seguridad jurídica, se rasgaron vestiduras por los empleos que quedaron en suspenso, y como siempre insinuaron supuestos hechos de corrupción. Es triste que una y otra vez tengamos que escuchar o leer el latiguillo de la falta de seguridad jurídica; en primer lugar, dado que la jurisprudencia es muy específica, deberían señalar exactamente en dónde se violaron los términos a las concesiones mineras entregadas a Vale, pero como el problema no es ése, lo único que resuena es el grito declamatorio sin más. El concepto de seguridad jurídica en el caso de los recursos naturales es un factor poco relevante a la hora de decidir una inversión, porque no hay otra forma que ir a buscarlos donde los puso la madre naturaleza, y para quienes creen que no es así sólo tienen que ver en dónde se desarrollan grandes proyectos mineros actualmente: Sudán, República Centroafricana, Papúa Nueva Guinea, Colombia o Camboya entre otros, difícilmente paraísos de la estabilidad jurídica.
Brasil, a diferencia de Argentina, no firmó en la infame década noventista tratados bilaterales de inversión –TBI– ni cedió soberanía jurídica al Ciadi, de forma que si pensamos en seguridad jurídica en el Mercosur, Argentina es un lugar mucho más seguro que Brasil para invertir desde el punto de vista empresarial-corporativo tan exaltado por los economistas ortodoxos. Sin embargo, todos estos tratados no favorecieron a la Argentina con más inversión, sino que, por el contrario, la dejaron en el primer puesto del ranking de demandas en tribunales internacionales.
Las verdaderas causas de la decisión tomada por Vale de suspender el proyecto es algo que difícilmente se pueda saber con exactitud fuera de los pasillos del poder. Aun dentro de estas grandes corporaciones estas decisiones son fruto de fuertes pujas de interés, pero hay algo que aún sin conocer en detalle podemos intuir: cuando un gobierno se resiste a los fortísimos lobbies empresariales, que por otra parte son muy comunes en estos gigantescos proyectos, es porque se está negociando en defensa del interés nacional, y por lo tanto de los ciudadanos. Que se le nieguen más beneficios a los ya inauditos otorgados en el Código Minero es una muestra de fuerza en la negociación de nuestros recursos, pero esta situación no excluye el debate de por qué seguimos pensando un país que gestiona la entrega de los recursos mineros en vez de tener soberanía sobre éstos, cuando ya se recuperó el control de los hidrocarburos. Tampoco debe quedar de lado el debate sobre el grave impacto ambiental, especialmente en Mendoza, una zona árida que tanto sacrificio costó recuperar para la agricultura y la vinicultura.
* Investigador del CCC.