Según la ONG Global Witness, que desde 2002 ha contabilizado 1.176 asesinatos de activistas medioambientales en todo el mundo, 2015 fue el peor año registrado hasta la fecha: 185 víctimas, 122 de ellas latinoamericanas. Todas estaban vinculadas a movimientos de protesta contra diversas industrias extractivas de recursos naturales: minería, hidrocarburos, tala, agroindustria intensiva y energía hidroeléctrica.
Paradójicamente, El Salvador, el país más pequeño de la región, cree haber encontrado una solución a uno de esos grandes problemas prohibiendo la minería aurífera y de otros metales, lo que aprobó en el Parlamento en abril (70 de 84 votos) con gran apoyo popular. Es la primera vez que un país veta por razones medioambientales una gran industria extractiva.
El primer artículo de la ley prohíbe taxativamente la exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o en el subsuelo, de cualquier tipo de minería metálica. No es extraño. El Salvador, el país más densamente poblado del hemisferio (311 habitantes por kilómetro cuadrado agolpados en 21.000 kilómetros cuadrados), es el segundo país con mayor degradación medioambiental después de Haití, según la ONU. Y sus cuencas hidrológicas son las más contaminadas. Según el Council on Hemispheric Affairs de Washington, ya casi no queda agua limpia en el país.
El oro en polvo se extrae habitualmente usando líquidos con fuerte concentración de mercurio y cianuro para disolverlo y fundirlo después. Ese proceso genera grandes cantidades de contaminantes. Los residuos resultantes –especialmente en climas húmedos– reaccionan con el oxígeno del aire generando ácido sulfúrico y liberando metales pesados como cadmio y plomo, muy tóxicos incluso en pequeñas concentraciones.
En EEUU, el Estado de Montana prohibió en 1998 por iniciativa ciudadana las explotaciones con cianuro tras una catástrofe ecológica causada por la minería aurífera. Costa Rica, Alemania, Hungría, Turquía y varias provincias argentinas han vetado también el uso de cianuro en minas. Pero El Salvador ha ido más lejos que nadie. Segúl Johnny Wright Sol, congresista del partido conservador opositor Arena, “el agua ganó al oro”.
La movilización social contra la minería se intensificó después de que el CIADI, el organismo arbitral del Banco Mundial, desestimara una demanda de 300 millones de dólares contra el gobierno presentada por la minera canadiense-australiana Oceana Gold al no haberle concedido una licencia para explotar un yacimiento de oro en las cabeceras de la cuenca del río Lempa, el mayor del país. Según Jamie Kneen, portavoz de la ONG MiningWatch Canada, las cuencas hidrológicas son las primeras –y mayores– víctimas de la minería: “Para El Salvador es una cuestión de vida o muerte”. Keith Slack, director del programa de industrias extractivas de Oxfam América, cree que la iniciativa salvadoreña cuestiona la minería misma como medio de desarrollo económico, sobre todo en zonas remotas de países pobres, donde los Estados no son capaces de aplicar sus laxas regulaciones medioambientales. El 70% del oro que se produce actualmente proviene de países en desarrollo.
Fuente:http://www.politicaexterior.com/articulos/informe-semanal/ispe-1035-22-mayo-2017/