En México, la prostitución del estado de derecho y el peligro que representa carecer de acceso a la justicia no nacieron con el fallo del tribunal electoral que validó la elección presidencial. El fiasco electoral, la imposición de Peña Nieto y el retorno del PRI muestran, en todo caso, la predominancia de un ethos colectivo sustentado en la ilegalidad, espejismos patrioteros, entrega del país a poderes fácticos y la endémica tolerancia a la corrupción y la impunidad. Es la persistencia de una podredumbre social casi antinatura por su capacidad de crecer. Todo lo que se quiera argumentar en contra aterriza en el absurdo y la mentira. Más allá de lo que digan los magistrados del tribunal, definidos por González Schmal como farsantes de toga, lo cierto es el daño mayúsculo al país, profundizado con la patológica postura de Calderón y sus inmorales mensajes ajenos a este planeta. Lo que menos importa en el México actual es la verdad, reducida a un asunto de dominación mediática y publicitaria. En ello no existe diferencia partidista: el PAN, el PRI y un sector engangrenado del PRD atesoran un historial de mendacidad y corrupción que en buena medida explican la situación que nos tiene hundidos en una cloaca.
Los agravios a la nación acumulados desde los años 80 aumentan con tal velocidad que muchas causas ciudadanas urgidas de justicia quedan abandonadas a su suerte, fortaleciendo con ello el círculo vicioso de la impunidad que protege a la clase gobernante. ¿Por qué siguen libres e increíblemente acaudalados Salinas, Zedillo y Fox, por mencionar algunos peces gordos? Por las mismas razones que le han permitido a Peña Nieto y sus socios comprar la Presidencia de México a pesar de Atenco, o que le permitirán a Calderón evadir la cárcel como autor intelectual de los miles de daños colaterales de su guerra al narco. El manejo político de la justicia, la ley del dinero ilícito y la complicidad político empresarial en el saqueo del país son prácticas toleradas e incluso estimuladas por una sociedad mayoritariamente consumidora de telebasura, fácil de desinformar, nacionalista, desmemoriada y capaz de encumbrar políticamente a sus verdugos. Por todo el país abundan ejemplos de impunidades que asfixian la resistencia pacífica y legal de muchos ciudadanos.
¿Quién se acuerda, por ejemplo, de Minera San Xavier (MSX) y la destrucción del cerro de San Pedro? El caso MSX es una radiografía de lo que nos sucede como país, es la vergonzosa historia de una empresa canadiense que, apoyada por mexicanos apátridas, mantiene su operación a pesar de la terca resistencia jurídica de un grupo de opositores que ha demostrado, una y otra vez, la ilegalidad de esa mina de tajo a cielo abierto. En 2004, tras cinco años de litigio, la resistencia ciudadana obtuvo una sentencia definitiva que anuló el proyecto minero por violatorio de diversas leyes y de un decreto que en 1993 destinó el territorio de cerro de San Pedro a la restauración y preservación de la vida silvestre. Vino después la intervención de Vicente Fox, ese traidor a la democracia que incluso se apersonó en las oficinas de la minera en Canadá para garantizarle el negocio y la impunidad: desacatando la sentencia de anulación, el 10 de abril de 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expidió a MSX una nueva autorización y, en complicidad con autoridades de todos los niveles, empezó la devastación de la zona protegida.
La resistencia luchó tres años más y logró que en 2009 un tribunal colegiado determinara que el proyecto ecocida había sido anulado en 2004, y que fue ilegal la autorización de 2006. Sin embargo, MSX no se detuvo y con sus aliados intentó modificar las leyes que viola. Así, el decreto de 1993 fue derogado en marzo de 2011 mediante uno nuevo, que declaró el territorio de cerro de San Pedro para explotación minera. Con ello, la Semarnat le otorgó en agosto de ese año el permiso ambiental de operación a una empresa ¡que nunca había dejado de operar! Sin rendirse, la oposición ciudadana impugnó, y el pasado 10 de julio logró una sentencia que consigna la inconstitucionalidad del nuevo decreto, por haber desatendido el principio de progresividad y violar las garantías constitucionales a la salud y a un medio ambiente sano. La autorización ambiental que obtuvo MSX en agosto de 2011 era, por tanto, insubsistente. Sin embargo, ninguna autoridad detiene a MSX y el acoso a los opositores se mantiene.
Como Zedillo y Fox, otros cómplices del ecocidio están impunes y activos. El ex gobernador priísta Fernando Silva Nieto, en cuya gestión ingresó MSX a San Luis, intentó llegar al Senado por el PRD en las pasadas elecciones; el ex gobernador panista Marcelo de los Santos, estratega de Amigos de Fox y corrupto operador de MSX, fue premiado por Calderón con la Casa de Moneda; el ex gobernador priísta Sánchez Unzueta, operador de Peña Nieto en San Luis, es ahora un férreo defensor de MSX; el representante del PAN ante el Consejo Electoral de San Luis, Ángel Candia, ha sido abogado de MSX y un conocido traficante de influencias al servicio de mineras canadienses; el actual gobernador priísta y ex secretario de Salud estatal del anterior gobierno panista, Fernando Toranzo, tolera la ilegal operación de MSX y cede el territorio potosino a la violencia criminal. La lista es enorme: una gran familia PAN-PRI. En 2007, durante una visita al cerro de San Pedro, Carlos Monsiváis declaró que lo que estaba pasando en el país no era divisible, no era escindible, todo tiene que ver con todo en este momento. Cinco años después, sus palabras nos pasan la factura: corroboran que en México paga bien la impunidad y que los ciudadanos libres estamos ante la disyuntiva histórica de erradicarla si deseamos un futuro verdadero.