El oro nubló el razonamiento del expresidente Arzú—cuyo gobierno invitó a las transnacionales mineras a invertir en Guatemala y emitió la perversa ley de minería vigente—, el de Portillo —que concedió la licencia para la mina Marlin sin que se respetaran los derechos de los pueblos indígenas—, el de Berger —quien se convirtió en el vocero oficial de Montana y aseguró que él garantizaba que esa mina no contaminaría ni causaría daños— y el del presidente Colom —quien encabeza el gobierno que se da el paquete de ignorar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—, por citar solamente a los más evidentes y obnubilados “socios” locales de la minería metálica.
Hoy los daños sociales, económicos y ambientales que puede producir la explotación minera están a la vista, para quienes los quieren ver. Pero el costo real de explotar oro puede ser aún más devastador para Guatemala. Un ejemplo contundente de lo poco que se entiende aquí esta industria, de lo vulnerables que somos ante el poderío y la voracidad de Goldcorp —compañía que tiene un capital de mercado de US$29 mil millones y que se jacta de “producir” oro al más bajo precio— es el informe de dos norteamericanos especialistas en minería: un ingeniero que ha trabajado 40 años en producción e ingeniería de minas y en remediación de minas abandonadas, y un geólogo con 21 años de experiencia en materiales peligrosos, manejo de residuos y construcción de carreteras, minas y canteras, en los Estados Unidos.
Ni ecologistas ni enemigos del desarrollo; ellos son profesionales en minería metálica, acostumbrados a hacer las cosas correctamente. Según estos expertos, el cálculo total aproximado para una fianza de garantía apropiada para los trabajos de remediación y cierre de la mina Marlin es de Q389 millones. La fianza que Montana dio en garantía al Gobierno de Guatemala para el cierre es de Q8 millones.
Esa cantidad de dinero es una afrenta a la dignidad de nuestro país, y constituye un ejemplo contundente de que la compañía sabe que aquí no hay capacidad —¿o voluntad?— para controlarla. Si no lo paga Goldcorp, el pueblo guatemalteco pagará el pato nuevamente, por el servilismo de nuestros presidentes. El otro informe presentado fue acerca de las casas rajadas y, en dos platos, descalifica los resultados de las investigaciones realizadas por la Comisión de Transparencia y el reporte de Montana; y concluye en que todos los indicios apuntan a que las explosiones y el trasiego constante de los gigantescos camiones que transportan la roca son la causa de que las casas se arruinen.
Aquí, los “especialistas” en minería metálica trabajan para Goldcorp, no para Guatemala. El director ejecutivo de Goldcorp aseguró que ellos tienen un plan de cierre técnico en marcha, que invierten entre $4 y $5 millones anuales en un “cierre paralelo”, y que la actividad minera no es responsable de las grietas. ¿Debemos creerle?
Los informes de estos expertos —que pueden encontrarse en www.copaeguatemala.org — deben preocupar a quienes acarician la idea de convertir a Guatemala en país minero; sobre todo a los candidatos a la Presidencia, especialmente a quienes han afirmado públicamente que los ejecutivos de Goldcorp/Montana son razonables y que están dispuestos a apoyar el desarrollo de Guatemala. Ya no se puede esgrimir ignorancia para disculpar la atrocidad de imponerle la minería metálica a una población que sufre los efectos negativos de una de las actividades más destructivas y peligrosas que realiza la especie humana.