La iniciativa entró al Congreso en 2006 y mineras, gremios e incluso el gobierno, dicen que hoy no es necesaria, pues en este tiempo otras normativas han regulado la protección de estas masas de hielo.
La continuidad de operaciones y el desarrollo de importantes proyectos de la gran minería están amenazados por la reactivación de una iniciativa legal que está en el Congreso desde 2006 y busca valorar y proteger los glaciares, mediante una serie de normas y protocolos.
Las empresas, sus gremios e incluso el propio gobierno, a través del Ministerio de Minería, miran con atención el avance de este proyecto, que entre otras cosas establece la prohibición de “intervenir o depositar elementos extraños que puedan afectar la condición natural de los glaciares”, disposición que -dicen en la industria- podría interpretarse como un freno a la actividad de la minería que se realiza en estas zonas.
Extraoficialmente en la industria advierten que si esta iniciativa legal es aprobada como se planteó en 2006, afectaría las operaciones actuales de la división Andina, de Codelco, y Los Bronces, de Angloamerican.
Un reporte de Chile Sustentable, en tanto, indica que las ampliaciones de estas dos faenas así como los proyectos Pascua-Lama y la futura y diferida ampliación de Los Pelambres, deberían ser replanteados porque en sus inmediaciones hay glaciares.
En el sector privado también hay preocupación por la definición generalista que se hace de glaciar, así como la idea planteada de darle a éstos el carácter de bienes de uso público, lo que afectaría derechos adquiridos por los operadores.
Además, la exigencia de monitorear y reconstituir los cuerpos de hielo histórica y actualmente intervenidos, supone un carácter retroactivo de esta norma, que afectaría a las minas que actualmente están en operación.
Esta iniciativa entró al Congreso en mayo de 2006 como una moción del senador independiente Antonio Horvath, tras la aprobación ambiental de Pascua-Lama. A fines de ese año fue aprobada en general por el Senado, pero no tuvo más movimientos hasta junio de 2010 cuando fue archivada y un par de meses después y a solicitud del propio Horvath, fue desarchivada y según consta en los registros oficiales, recién en junio de 2013 volvió a tener actividad.
Lo anterior coincide con el momento en que el estudio de impacto ambiental del proyecto Andina 244 de Codelco recibió cerca de 2.200 observaciones, en medio de la polémica que despertaron las denuncias del impacto que esta inversión tendría sobre glaciares ubicados en la Cordillera de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, donde éste se emplaza.
Legislación innecesaria
En estos meses el debate se ha dividido en torno a la necesidad de contar con una legislación específica que regule los glaciares y las actividades productivas, recreacionales y de investigación que pueden o no desarrollarse en ellas.
Mientras las empresas y gremios del sector postulan que ello no es necesario porque desde 2006 hasta ahora han surgido regulaciones, mecanismos e instituciones que velan por el cuidado y la preservación de los glaciares (ver línea de tiempo), algunos congresistas y representantes de grupos ambientalistas opinan que ello es imprescindible, pues a su juicio persistirían vacíos.
“Estamos en la fase final de escuchar a todas las organizaciones ambientalistas, las mineras, sector público y las ONG’s para poder avanzar en la elaboración de las indicaciones para tener un buen proyecto de glaciares en Chile”, dijo en mayo el presidente de la Comisión de Medioambiente de la Cámara Alta, Antonio Horvath.
Tras varios aumentos de plazos, a fines de agosto se fijó el próximo 30 de septiembre como fecha límite para recibir indicaciones al proyecto.
Al respecto, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, dijo que especialistas de la cartera están evaluando el tema para “analizar en detalle y ver la forma de encontrar la mejor solución para compatibilizar el desarrollo y el cuidado del medioambiente”. A su juicio, “al momento en que nació este proyecto no había nada que protegiera los glaciares, pero hoy la situación es completamente distinta por diferentes leyes que están vigentes”, precisó.
¿Qué establece el proyecto de ley?
El proyecto de ley que ingresó al Congreso en 2006 está compuesto por nueve artículos, que incluyen una definición de glaciar la que entre otras cosas establece que se trata de «ecosistemas constituidos por grandes masas de hielo, con o sin agua intersticial, de límites bien establecidos, originados sobre la tierra por metamorfismo a hielo de acumulaciones de nieve, y que fluyen lentamente deformándose bajo el influjo de la gravedad y según la ley de flujo del hielo, y por un lento deslizamiento sobre el lecho basal si el hielo está a 0º C».
Luego, el texto fija siete formas de intervención de estas masas, entre las que figuran la turística (a pie y en medios mecanizados), científica y aquella que considera excavar túneles, mientras que detalla en ocho puntos las actividades industriales que se desarrollan en estas áreas, mencionando entre ellas la remoción de masas de hielo, cobertura de glaciares con cualquier tipo de material o colorante, así como la existencia de fuentes de polvo u otro contaminante industrial, distante a menos de 10 kilómetros de un glaciar. Entre otras cosas, el proyecto dice que todas las actividades industriales requerirán estudios de impacto ambiental y añade que donde ha sido intervenido deberán presentarse planes para reponer los glaciares.
