03 Octubre 2011
Eduardo Camacho Hernández
El 28 de septiembre, 15 elementos enviados por Grupo Peñoles del empresario Alberto Bailleres González, tomaron la mina de La Sierrita, ubicada en el municipio de Mapimí, Durango, y desde entonces la tienen cerrada. Esta mina pertenece a la empresa canadiense Excellon, San Pedro Resources; informó el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
Los elementos “charros” que la tienen secuestrada fueron organizados por Carlos Pavón, desde Zacatecas, y pertenecen a las minas de Naica, Chihuahua, y de Torreón, Coahuila.
A juicio del sindicato ésta es “una toma ilegal de la mina, ya que no hay en ninguna razón ni legal ni formal para que haya ocurrido, en lo cual se sabe que el gerente de recursos humanos de Excellon en el lugar, Pablo Gurrola, fue quien promovió directamente la invasión del centro de trabajo”, lo que convierte esta acción en “un paro patronal totalmente ilegal”. La mina está paralizada y sus 130 trabajadores pertenecientes a la Sección 309 del Sindicato Nacional de Mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia, están en espera de que los invasores despejen el lugar y puedan seguir laborando.
Con este hecho la empresa canadiense Excellon, con oficinas centrales en Toronto, Canadá, está “violando la Constitución Política de México, la Ley Federal del Trabajo, la autonomía y la libertad sindical de los trabajadores de la de La Sierrita, así como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo” (OIT), firmado por México desde 1960, que establece la plena libertad de asociación sindical, sostiene la denuncia.
Pero sobre todo, se advierte que la acción fue preparada y está siendo apoyada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, actuando en complicidad con Alberto Bailleres González del Grupo Peñoles, ya que fuerzas del Ejército, en número superior a los 300 elementos fuertemente armados y equipados con armas largas, están en el lugar con el obvio propósito de apoyar la invasión de la mina. Los elementos armados también pertenecen a la policía estatal de Durango y a la Policía Federal, lo cual “confirma la evidente participación del gobierno federal en esta invasión”.
Puntualiza el sindicato: “Se trata de un ilegal paro patronal promovido por el gobierno, que está siendo instrumentado por el secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón, el cual viola el convenio firmado el 18 de agosto entre el Sindicato Nacional de Mineros encabezado por Gómez Urrutia, y dicha empresa, con la participación del gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, y sus más altas autoridades laborales”.
En ese convenio –explica– tanto la empresa Excellon como el Sindicato Nacional de Mineros establecieron el reconocimiento jurídico recíproco y la perspectiva de elaborar un contrato colectivo de trabajo a la brevedad posible, contando como testigo al propio Herrera Caldera. Así que esta “invasión es una clara violación a la palabra empeñada y firmada entre la empresa Excellon y el Sindicato Nacional de Mineros”, atestiguada por el gobernador de Durango.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros exige “el respeto al convenio firmado entre la empresa y la organización laboral, las leyes del país y el Convenio 87 de la OIT”, así como “la salida inmediata de la mina de La Sierrita de Mapimí, Durango, de los ‘charros’ que la tienen ilegalmente ocupada” y hace “responsables de esta invasión y de cualquier acto de violencia o desorden al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a la empresa Excellon y a las fuerzas policiacas y militares apostadas en el lugar”.
Concluye señalando que las fuerzas militares y policiacas son para combatir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos y a los trabajadores, ya que “el pueblo de México no les paga para proteger acciones ilegales ni de la empresa ni del propio gobierno federal y sus funcionarios antisindicales”.