La familia del ambientalista Mariano Abarca Roblero, y organizaciones no gubernamentales de México y Canadá, interpusieron una solicitud formal al gobierno canadiense, para que investigue a la diplomacia de ese país en México.
Tras recabar elementos de prueba que permiten documentar el apoyo abierto que la embajada canadiense dio a la empresa minera Blackfire -en el marco de las protestas que había su contra por parte de la población de Chicomuselo, Chiapas-, este día entregaron a Joe Friday, Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés), la demanda que implicaría una investigación de tipo administrativo.
Los demandantes sostienen que “la embajada actuó de manera que parece contraria a las políticas del gobierno canadiense”, al encubrir violaciones a la responsabilidad corporativa que por ley deben regir las empresas de ese país; también al abogar en contra de la comunidad chiapaneca de Chicomuselo, que se negaba a la operación de la mina de barita Payback.
De acuerdo a pruebas documentales, “la embajada urgió al gobierno mexicano para que contuviera las protestas, e ignoró la solicitud de ayuda que había recibido por parte de pobladores y del ambientalista Mariano Abarca, quien finalmente fue asesinado el 27 de noviembre de 2009, y cuyo crimen no ha sido castigado, subraya la demanda que interpusieron la viuda y los hijos de Abarca, las organizaciones Otros Mundos Chiapas y Mining Watch de Canadá, así como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
Libertad Díaz, representante de la organización Otros Mundos, refirió que investigar y, en su caso, hacer recomendaciones para que se sancione a involucrados y demande a diplomáticos que respeten las leyes y los tratados internacionales, sentaría un precedente para que en adelante la embajada apegue su actuar al marco que dictan las leyes de Canadá y los tratados internacionales que ha suscrito, y para que garanticen la protección de los derechos humanos de quienes tienen relación directa e indirecta con esa nación.
Esta es la primera vez que el gobierno canadiense recibe una demanda formal contra su embajada en México.
Durante varios años, luego del homicidio de Mariano Abarca, las organizaciones demandantes recuperaron -a través de solicitudes información- documentos provenientes de Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD por sus siglas en inglés) que dan cuenta de reuniones que la embajada de Canadá tuvo con autoridades de Chiapas, para pedirle acciones que detuvieran las protestas de la población de Chicomuselo y de Mariano Abarca, contra la empresa Blackfire– señala Shin Imai, titular del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa de la Universidad de York, quien funge como representante legal de los demandantes.
Entre las pruebas que se recabaron se encuentran correos que se enviaron entre empresarios de Blackfire y diplomáticos canadienses.
“Todos nosotros de Blackfire, agradecemos lo que la embajada hizo para ayudarnos a presionar al gobierno del estado (de Chiapas) para arrancar el proyecto (de la mina). No hubiéramos podido hacerlo sin su ayuda”, señala uno de los correos fechado el 12 de septiembre de 2008.
También se documenta que en el periodo que duraron las protestas, trabajadores de Blackfire agredieron físicamente a Mariano Abarca, y la empresa misma interpuso una demanda judicial en su contra, motivo por el que fue detenido durante una semana por la Procuraduría de Chiapas.
Un elemento más que fue presentado ante el comisionado canadiense, para mostrar que la embajada actuó dolosamente en agravio de la población chiapaneca, fue el hecho de que tres meses antes de sus asesinato, Mariano Abarca y habitantes de Chicomuselo llegaron ante la oficina de la diplomacia en la Ciudad de México, para pedirle su intervención ante el agravio que se estaba cometiendo. Nunca se les dio respuesta ni el embajador los quiso recibir.
Abarca y los habitantes de Chicomuselo señalaban que la empresa minera los estaba despojando de su territorio, contaminando su medio ambiente y afectando su vida comunitaria.
Tras el homicidio de Mariano Abarca, la mina de barita fue clausurada por haber cometido violaciones a la ley medioambiental mexicana. En respuesta, la embajada asesoró a la empresa Blackfire para demandar al gobierno de Chiapas, de acuerdo a las cláusulas del Tratado de Libre Comercio (TLC).
Embajada propició daño irreparable
Con la evidencia presentada en la demanda, se argumenta que la embajada de Canadá en México no siguió la política establecida en las leyes que rigen la estrategia de responsabilidad social corporativa para el sector extractivo canadiense; que violó el código de conducta que rige a los funcionarios públicos porque tampoco informó que Blackfire estaba cometiendo actos de corrupción para tratar de someter a la población de Chicomuselo; y los diplomáticos no buscaron conciliar con la población, sino que en los hechos, fomentaron la violación a sus derechos.
“Con base en estos alegatos serios y fundamentados, solicitamos la investigación. Por que con los actos y omisiones de la embajada, se creó un daño irreparable”, subrayó Shin Imai.
“Mi padre acudió directamente a la embajada canadiense para solicitarles su apoyo (…) Sin embargo, la embajada dio su aval a Blackfire y abogó a su favor ante autoridades chiapanecas, para que contuvieran las protestas sociales. Consideramos que eso incidió en el asesinato de mi padre”, subrayó José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca.
El joven explicó que aún ahora, su familia y él mismo siguen recibiendo amenazas y agresiones por parte de ex trabajadores de la empresa minera, particularmente de quienes fueron detenidos y acusados de ser autores materiales del homicidio, y tiempo después liberados.
Al respecto subrayó que casi una década después, ninguna persona ha sido detenida por este crimen, y las autoridades han sido omisas al investigar a quienes habrían sido los autores intelectuales.
José Luis Abarca encabezó este día en Ottawa, capital de Canadá, un homenaje a su padre en una plaza pública dedica a los derechos humanos. Posteriormente entregó la demanda en la oficina del Comisionado Joe Friday.
Fuente: Aristegui Noticias.com