La presentación del XIII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) plantea una serie de elementos para comenzar a realizar una evaluación del contexto social y económico vinculado a la actividad minera.
Hay que señalar que el 2013 presenta características particulares en relación a los conflictos sociales y ambientales. Si bien se puede afirmar que en comparación con el año 2012, se han registrado menos conflictos activos, si ha sido un período intenso que ha estado acompañado de una serie de acontecimientos que marcaron la agenda económica, social y ambiental.
En primer lugar, hay que decir que el año comenzó con una intensa campaña de los sectores empresariales, señalando que la economía se estaba desacelerando y que las inversiones se habían paralizado. Curiosamente, en el caso de la minería, las cifras oficiales mostraban que las inversiones no solamente no se habían paralizado sino que habían aumentado: las cifras oficiales del propio Ministerio de Energía y Minas muestran que entre el año 2011 y el 2012, estas pasaron de US$ 7,243 millones a US$ 8,549 millones, lo que significa un incremento de 18% y en el primer semestre del 2013 han vuelto a aumentar en 19.6%: de US$ 3,6230.2 millones en el 2012 a US$ 4,314.7 millones en el 2013.
Lo cierto es que la campaña empresarial, respaldaba por los grandes medios, dio resultados: el propio presidente de Humala y su ministro de Economía, Luis Castilla, anunciaron a finales del mes de mayo de 2013 que el gobierno había tomado un conjunto de medidas orientadas a destrabar las inversiones por un monto aproximado de 15 mil millones de dólares, lo que fue festejado por los principales gremios empresariales.
Desde entonces solo se ha escuchado hablar de nuevas medidas para seguir destrabando inversiones y ya no de medidas para fortalecer los aspectos sociales y ambientales en las políticas del gobierno. Por el contrario, se comenzó a notar algunos retrocesos y demoras en la implementación de los compromisos asumidos.
Mientras que la nueva Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros indicaba que los conflictos se habían estabilizado, “especialmente los relacionados con la minería” y que “la tendencia hacia su aumento se ha moderado de manera evidente”*, el Ministro del Interior anunciaba la creación de los frentes policiales en las zonas mineras del país: algunas zonas como Espinar ya viven la consecuencia de este tipo de medidas, mientras que al mismo tiempo sus dirigentes y al propio alcalde son sometidos a procesos judiciales en sedes especiales muy alejadas (como es el caso de la ciudad de Ica), lo que evidentemente recorta su derecho de defensa.
¿Qué retrocesos se han producido en este período? Por ejemplo, transcurridos más de dos años desde que la Ley de Consulta Previa fue aprobada, su implementación sigue despertando serias dudas. Uno de los temas más controversiales ha sido el de la elaboración y publicación de Base de Datos de Pueblos Indígenas y Originarios del Perú. Luego de varios meses de espera, los mensajes del Ministerio de Cultura -encargado de su elaboración-, se fueron tornando cada vez más confusos: por un lado se prometía y luego, se retrocedía en la publicación de la Base, mientras que al mismo tiempo existía un completo misterio en los criterios utilizados para su elaboración. Para mediados del 2013 lo único que se sabía era que, a pesar que este documento no se pensaba publicar, se había definido un listado con 52 pueblos: 48 amazónicos y 4 andinos.
Después de toda esta complicada historia, finalmente sin grandes anuncios y con mucho perfil bajo, el viernes 25 de octubre fue publicada la Base de Datos. A simple vista el avance en la elaboración y contenido del documento, deja mucho que desear. Basta señalar que hasta el momento solo se ha consignado datos sobre 5 de los 52 pueblos listados, todos ellos amazónicos. Las preguntas sobre la forma de su elaboración se mantienen, y aunque se menciona que en el futuro se tomarán en cuenta diversas fuentes de información, ello aún no se plasma en resultados. No se menciona si se utilizó alguna metodología participativa que incorpore a las organizaciones de los pueblos indígenas.
Otro aspecto sobre el cuál algunas instituciones identifican retrocesos es el del ordenamiento territorial, uno de los temas fuertemente presente en los discursos iniciales del Presidente Humala. La Plataforma (de instituciones) para el Ordenamiento Territorial, señaló en un comunicado público que “en sus mensajes a la Nación del 2011 y 2012, el Presidente Humala ofreció avanzar encargando al Acuerdo Nacional el debate de una política que viene siendo concertada en dicho foro”. “En los últimos meses hemos sido testigos del retroceso que se ha venido registrando en este tema en el cambiante discurso gubernamental. Tanto es así que el concepto mismo de ordenamiento territorial ha sido desdibujado bajo la imprecisa definición de “gestión del territorio”, restándole importancia a la planificación como un elemento fundamental para la gobernanza del país”**.
Por otro lado, casi terminando el año, ha sido nombrada como jefa del Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), la Dra. Rosa María Ortiz Ríos. Cabe señalar que el nombramiento se da luego de varios meses de espera. Desde la creación del SENACE, en diciembre de 2012 (ley 29968), se esperaba la designación de la persona que asumiría la conducción del nuevo organismo: según el cronograma de implementación (DS 003-2013-MINAM), se debió nombrar al jefe del SENACE y a los titulares de sus unidades, en un plazo de tres meses desde la aprobación del decreto supremo (25/04/2013).
En todo caso, la tarea de la nueva responsable del SENACE y del propio Ministerio del Ambiente, no será para nada sencilla, ya que como se sabe sectores empresariales, como los que se agrupan en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, no han dejado de cuestionar su creación.
En este escenario, los conflictos sociales siguen mostrando evoluciones a tomar en cuenta. Por un lado, aparecen nuevos ámbitos y temas: el mapa regional de conflictos socio-ambientales de este año presenta variaciones que es importante destacar: según los informes de la Defensoría del Pueblo, las regiones con mayor número de conflictos el 2013, son Ancash (30) y Apurímac (23), que han desplazado de los primeros lugares a Puno (16) y Cajamarca (13).
En ambas regiones, predominan los conflictos socio-ambientales vinculados a la minería: en el caso de Ancash, destacan los conflictos en las diferentes zonas de influencia de Antamina (tanto en las zonas de extracción como en el puerto de Huarmey), Barrick Misquichilca, Minera Huancapeti, California, entre otras. En Apurímac, la llegada de la gran minería y el crecimiento explosivo de la pequeña y la minería informal, son también en la actualidad la principal fuente de conflictividad social en sus diferentes provincias.
Por otro lado, en la agenda de los conflictos habrá que considerar nuevos temas, como el recorte del canon, que ha comenzado este año y que viene afectando especialmente a regiones como la del Cusco y a municipios como el de Espinar y que todo indica que continuará el próximo año. Igualmente. Otro tema en agenda es el conflicto de la minería informal e ilegal que está latente en varias regiones del país y que se espera desenlaces importantes al finalizar el primer trimestre del próximo año.
Habrá que ver cómo se presenta el próximo año y qué tendencia será la que predomine: latencia o actividad y estallidos de nuevos conflictos. Para comenzar, debemos señalar que el año termina con la reactivación del conflicto de Tía María, en la provincia arequipeña de Islay.
Lo cierto es que transcurridos dos años y medio de la gestión del gobierno de Humala, todo indica se han retomado los diagnósticos más tradicionales sobre lo que viene pasando en el país en materia de conflictividad social, lo que se expresa en la consolidación de una nueva oleada de políticas que buscan conservar el estatus quo y no enfrentan los problemas de fondo. Si esta tendencia se mantiene, las perspectivas seguirán siendo poco alentadoras.
* Institucionalizando el Diálogo: A Un Año de Gestión. Oficina de Diálogo y Sostenibilidad Social de la Presidencia del Consejo de Ministro. Lima. Julio de 2013.
** Comunicado de la Plataforma Para el Ordenamiento Territorial, publicado en el diario La República el 14 de septiembre del 2013.