El mes de agosto se dio un escándalo al hacerse públicos unos correos que han sido denominados los «cornejoleaks» (por el Ministro Cornejo), que confirmaban el trato o lobby de las empresas que presionan para lograr medidas y decisiones de gobierno que las favorezcan. En ese contexto, el 16 de agosto en el diario oficial El Peruano se anunció la creación de la Comisión Sectorial para el impulso de las inversiones en el Sector Energía y Minas.
Esta comisión tiene como finalidad la de «evaluar, identificar, proponer y realizar el seguimiento de las medidas para fomentar las inversiones en el sector», es decir propiciar un nuevo paquete de medidas para flexibilizar aún más el marco normativo del sector energía y minas, para «mejorar la gestión pública en el ámbito de las competencias del MINEM». La comisión contará con la colaboración de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de PROINVERSIÓN, que siguen priorizando a la minería como «motor del desarrollo» y con ello la realización de la cartera de proyectos mineros ascendente a US$ 59,582 millones, siguiendo la línea trazada por el Ministro Castilla para favorecer a las industrias extractivas (minería e hidrocarburos) y de construcción.
La citada Comisión se instalaría el 25 de agosto y en un lapso de 6 meses, presentará un informe con las medidas para impulsar las inversiones en el sector Energía y Minas. Es decir, luego del paquetazo de fiestas patrias, tendríamos otro paquetazo por navidad a fines del 2014.
En un artículo de Javier Jahncke (Red Muqui), este analiza la resolución ministerial N° 368-2014-MEM/DM, encontrando que «institucionaliza el lobby que tanto ha dado que hablar en los últimos días. Y es que el Ministro Mayorga suscribe una norma que convoca a las «entidades públicas y privadas» a brindar «colaboración, opinión y aporte técnico» a la Comisión.
Con ello, ya no serán necesarias las llamadas o correos electrónicos de los ex asesores de las diversas instancias de gobierno, de los estudios de abogados que asesoran a los grupos de poder económico y otras formas de lobby, sino que aquellos interesados en hacer «lobby» para que sus proyectos se prioricen o las medidas que requieren para que tengan «luz verde» o sean beneficiados, no tendrán que solicitar una cita, pues el MINEM los va a convocar formalmente, para que presenten sus propuestas y alternativas para las nuevas medidas «para el impulso de las inversiones» en el sector energía y minas».
Los Gobiernos Regionales y Locales quedan sin poder en estos temas, pues se mantiene la imposición de dichas actividades desde Lima. Este nuevo paquetazo aumentaría los conflictos sociales en el país.
«Recordemos que una de las medidas planteadas por la Ley N° 30230, la del «paquetazo», establece que donde se otorguen concesiones otorgadas por el gobierno nacional anteriores o posteriores a la citada ley, o se realicen futuros proyectos de inversión privada y pública, de interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura, se deben aplicar procedimientos de saneamiento físico legal de predios tanto en la zonas de influencia directa como indirecta, independientemente del uso actual o futuro que se le vaya a dar.
Esto posibilita que en el caso que haya predios sin título de propiedad o con título de propiedad pero no inscrito en registros públicos, estos predios revertirían al Estado y los podría otorgar en propiedad nuevamente, afectando la posesión de los pueblos indígenas, sean comunidades campesinas o nativas, la que es amparada con el mismo nivel de la propiedad, por el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995, y el derecho de propiedad de cualquier peruano o peruana, amparado en la Constitución, que se encuentre en esa situación».