El pasado martes 26 de este mes, plurijur, acudió a una citación del Gobierno de Guatemala a través de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos para «concertar» las medidas gubernamentales para implementar las medidas
cautelares otorgadas por la CIDH a favor de 18 comunidades mayas en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Las medidas cautelares son las siguientes:
Considerando las alegadas consecuencias que dicha situación podría implicar en la salud de las comunidades indígenas de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, la Comisión solicita al Estado de Guatemala que: adopte las medidas necesarias para asegurar que los miembros de las 18 comunidades Mayas beneficiarias tengan acceso al agua potable apta para consumo humano, uso doméstico y segura para riego. En especial, adoptar las medidas necesarias para que las fuentes de agua de las 18 comunidades beneficiarias no sean contaminadas por acciones de actividades mineras.
La CIDH, otorgó las medidas cautelares el 20 de mayo de 2010, llevando el Gobierno de Guatemala más de dos años de sistemático incumplimiento. Incluso formaron una mesa de diálogo durante el año 2011 donde no llegaron a ningún acuerdo para cumplir con las medidas. Las peticionarias/os fuimos excluidos de dicha mesa.
En la reunión de concertación, participaron representantes de la Comisión Presidencial quienes la presidieron -COPREDEH-; un representante de Montana Exploradora de Guatemala, S.A. -Montana-; un representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-; dos representantes del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-; el Alcalde Municipal de Sipacapa; el Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán; un representante del Ministerio de Energía y Minas -MEM-; dos representantes de la Secretaria de Coordinación Ejecutiva del Presidente de la República -SCPR-; y, Carlos Loarca, Director Ejecutivo de plurijur.
plurijur, participa como asesora legal del FREDEMI en el presente Caso. El FREDEMI, es el movimiento comunitario de resistencia contra la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, conformado por las peticionarias/os del Caso ante la CIDH, las Asociaciones ADISMI, ADIMI, FEBIMI, y comunidades en resistencia, todas de San Miguel Ixtahuacán. A la par de este proceso, continúa el litigio sobre el fondo del Caso ante la CIDH, son dos procesos paralelos que se retroalimentan.
El proceso de concertación, no es para discutir las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, es para determinar las medidas del Estado a través del gobierno central para implementar lo solicitado por la CIDH, lo cual incluye acciones de toda institución pública que contribuya al cumplimiento de las medidas cautelares, bajo la dirección del gobierno central quien es el representante del Estado ante la comunidad internacional. En tal sentido el aporte de los dos gobiernos municipales es crucial.
La participación de las distintas instituciones del Gobierno, pretende diagnosticar la situación sobre el derecho humano al agua en los municipios mencionados para la toma de decisiones. La participación de los Alcaldes municipales, pretende coordinar las acciones a tomar por parte del gobierno nacional. Y según informa el Gobierno, la participación de la empresa explotadora Montana, garantizará el cumplimiento por parte de la empresa de las medidas tomadas por los gobiernos, nacional y municipales. Nuestra participación, velará porque las medidas sean pertinentes, idóneas y oportunas para garantizar el acceso y la disponibilidad en cantidad y calidad del agua potable, agua para uso doméstico, y agua segura para el riesgo, exigiendo tomar medidas gubernamentales para evitar la contaminación del agua por las operaciones de la mina Marlin donde evaluaremos la conducta gubernamental en cuanto a la participación de la empresa.
Tanto el Gobierno como plurijur, estaremos informando a la CIDH sobre el avance de las reuniones en cuanto a los acuerdos y desacuerdos para que el gobierno tome las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de las medidas. Si a nuestro criterio, no hay avance a favor de las 18 comunidades, dejaremos el proceso de concertación informando a la CIDH sobre los resultados.
Durante la reunión se opinó sobre la situación, exponiendo el Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán que durante la mesa de diálogo con el gobierno anterior no se había avanzado en nada, por lo que pidió, retomar la mesa con representantes con capacidad de tomar decisiones para el cumplimiento de las medidas. El Alcalde Municipal de Sipacapa, expresó que el Vicepresidente de la República anterior, llegó a realizar promesas que nunca cumplió, y que no ha sido debidamente informado por el gobierno central sobre las medidas, aunque lleva este semestre en el cargo. El gobierno respondió que se compromete a retomar la mesa de diálogo anterior, a informar sobre todo el proceso al Alcalde de Sipacapa. No dejaron en claro si las peticionarias/os seríamos invitados a la mesa de diálogo, ni cuál sería la relación con el proceso de concertación, es decir, serán dos esfuerzos o son excluyentes.
No hubo ningún acuerdo sustancial, más bien, retomar aspectos entre las entidades gubernativas y la empresa que serán presentados en la próxima reunión, cuya fecha y agenda de trabajo será propuesta por la COPREDEH en los siguientes días.
Una solicitud formulada por la COPREDEH y que secundó plurijur, fue que los Alcaldes municipales, principalmente el Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán, presente el monto de las regalías recibidas por la explotación minera de las cuales debería invertirse para garantizar el sistema que permita implementar las medidas cautelares, lo cual se sumaría a otros esfuerzos iniciados en el INFOM, entre otros recursos identificados en el Congreso de la República. En la próxima reunión, esperamos que el Alcalde Municipal de San Miguel, presente dichos datos para proceder a su análisis partiendo de criterios objetivos para la toma de decisiones, sumado a las propuestas del Gobierno central.
Continuaremos informando sobre este proceso a través del presente blog, respondiendo a sus inquietudes, y cualquier otra información al respecto.
Por la democratización del acceso a la información pública, plurijur.