Documento pone de manifiesto los alcances e impactos que pueden tener las actividades extractivas del desarrollo en la vida de las personas, especialmente, en los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, sobre todo cuando se vulneran derechos fundamentales.
Desarrollo sí, pero no a expensas de los derechos fundamentales. Esta es la premisa fundamental del informe «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo», el cual fue, presentado en el Congreso de la República.
La presentación del documento, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvo a cargo de Marco Arana, congresista por el Frente Amplio, César Ipenza, asesor ministerial del despacho del Ministerio del Ambiente (MINAM), Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y Javier Jahncke, director de la Red Muqui. El evento se realizó el 7 de octubre.
El documento pone de manifiesto los alcances e impactos que pueden tener las actividades extractivas del desarrollo en la vida de las personas, especialmente, en los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, sobre todo cuando se vulneran derechos fundamentales.
Este informe es oportuno, en tanto que actualmente se vincula a diversas situaciones que el país viene atravesando y que tienen como fondo las actividades extractivas.
Respecto a estas situaciones Javier Jahncke, de Red Muqui, refirió que se trata de impactos en el derecho a la vida y la salud, citando los casos de La Oroya, Espinar o Pasco. La criminalización de la protesta social, el derecho a la no discriminación, el derecho a la consulta previa, la identidad cultural y el tema del consentimiento previo.
De otro lado, comentó que el informe también hace referencia a la obligación de los estados en garantizar los debidos derechos, y que debe contarse con “un adecuamiento del ordenamiento interno a las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos”.
En el caso peruano dichas garantías, indicó Jahncke, se condicen, por ejemplo, con el conjunto normativo denominado “paquetazo ambiental” (Ley 30230), que afecta una serie de derechos de los pueblos indígenas.
Por ello, la recomendación es la implementación de un marco jurídico normativo que garantice la protección de los derechos humanos fundamentales frente a las actividades extractivas, de explotación y de desarrollo, lo cual también previene violaciones a los derechos fundamentales.
“No podemos involucionar en la normativa que tenemos, en los avances normativos que hemos tenido, en la defensa de los derechos de las personas, en la defensa del derecho a la propiedad individual y colectiva. No podemos involucionar”, sostuvo Jahncke. Asimismo, destacó que la Ley 30230 es mas bien involutiva.
De otro lado, respecto a estas recomendaciones, el legislador Marco Arana indicó que “se deben incorporar en las iniciativas legislativas y políticas públicas”.
Rol de las autoridades estatales
“El reto es inmenso y grande para el sector ambiente, pero si no empezamos a consolidar el rol de autoridades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) o del Servicio Nacional para la Certificación Ambiental (SENACE), esto nunca va a andar”, indicó César Ipenza, asesor del MINAM.
La consulta previa
Al respecto, Ketty Marcelo, representante de ONAMIAP, indicó que “recién a raíz de Bagua se visibilizan los derechos de los pueblos indígenas y por la presión internacional se firma la consulta previa”.
Asimismo, comentó que esta ley aún no recoge suficientemente “la identidad de los pueblos indígenas”, y consideró que “necesitamos adecuar el marco nacional al espíritu del Convenio 169”.
Por su parte, César Ipenza consideró que los procesos de consulta previa están todavía en un proceso de mejoramiento.
Otro problema que denunció la líder indígena fue que “hace años que en el Perú no se titulan los territorios colectivos”, lo cual es “una traba inmensa”. Ello contribuye a la generación de conflictos entre los pueblos indígenas y las industrias extractivas.
De otro lado, destacó que el Estado tiene la obligación de prevenir actividades ilegales que sean formas de violencia contra la población, en relación a la existencia de problemas como la trata de mujeres y niñas especialmente indígenas, consecuencia de la minería ilegal.
Acceso a la Justicia
Asimismo, Marcelo denunció que el acceso a la justicia no está garantizado: “No tenemos acceso a la justicia, si alguien quiere denunciar, los operadores de justicia no hablan nuestra lengua materna. Es caótico salir desde lugares tan alejados a hacer una denuncia y no tenemos economía para ello”.