Cristián Pacheco
Diputados integrantes de la comisión investigadora de relaves mineros entregaron el informe final con las conclusiones y recomendaciones para que el gobierno atienda la problemática situación que afecta a comunidades de todo el territorio.
Luego de meses de trabajo de la comisión investigadora, conformada el 14 de diciembre del 2010, los diputados aprobaron por unanimidad el informe que incluye un diagnóstico de la situación actual, tanto de relaves activos como de pasivos mineros, y recomendaciones para que el gobierno tome cartas en el asunto.
En el informe se incluye el catastro actualizado del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, donde se registra la existencia de 450 tranques y embalses de relaves, de los cuales 324 están inactivos (pasivos mineros) y 125 activos.
Una de las principales recomendaciones fue agilizar la tramitación de los proyectos destinados a perfeccionar la normativa vigente, con el fin de asegurar que los propietarios de tranques, relaves o embalses se hagan cargo del cierre de los mismos, asumiendo los costos que ello implique.
Además, agregan en el informe que es necesario emitir una normativa que faculte a las autoridades comunales, regionales y sectoriales para prohibir la instalación de faenas mineras en cursos de agua y cuencas, y su inclusión en los instrumentos de planificación territorial.
Sobre el acuerdo logrado para presentar las propuesta al gobierno, se refirió la diputada PPD Adriana Muñoz, representante de parte de la Región de Coquimbo, zona en que existe la mayor cantidad de relaves, y tres de los más riesgosos del país, en La Higuera, Andacollo e Illapel.
“Lo que hay que definir son los planes de cierre, de qué manera vamos a cerrar esas masas de minerales que están depositadas. Hay que tener recursos para cerrar o trasladar, hay distintas técnicas para llevar a cabo el cierre de relaves que están abandonados”, declaró.
La ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras se hace cargo de los relaves activos, pero como plantea la diputada, por el momento es completamente ausente la regulación que termine con los peligros de los pasivos ambientales mineros que se encuentran instalados en todas las regiones del país y que constituyen un foco de posible contaminación humana, del agua, la tierra y el aire.
Si bien, la diputada valora el esfuerzo de Sernageomin para levantar la información, lamenta que este clasifique el riesgo estructural de las instalaciones, y no haga un análisis del impacto físico y químico en la zona.
Es por eso que la comisión también emplaza al gobierno a fortalecer la institucionalidad y dotarla de mayores recursos, lo que debe ser incorporado pronto en la discusión de la Ley de Presupuesto 2012.
Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, todas las conclusiones se remiten a estabilización, pero no a una profundización de los impactos ambientales en la salud de las personas, y señaló que “es urgente abordar el tema de la salud y el medioambiente desde los Derechos Humanos, porque hay gente condenada a vivir en condiciones que no son adecuadas para la mínima calidad de vida. Esos son temas ausentes en el informe, hablamos de química y física, pero las personas están ausentes”.
Flavia Liberona plantea que, si bien los proyectos mineros son evaluados por el Servicio de Evaluación Ambiental, el ministerio del Medio Ambiente no tienes facultades fiscalizadoras de los proyectos, esto es atribución de los ministerios sectoriales, en este caso del precario Sernageomin.
La directora ejecutiva de Terram, cree que una Superintendencia del Medio Ambiente, con más atribuciones pudo haber sido más efectiva que los Tribunales Ambientales, ya que estos últimos permitirán que los procesos legales para sancionar malas prácticas de una empresa sean eternos.
“Desde esa perspectiva, la reforma a la institucionalidad ambiental es un fracaso, porque no abordó uno de los temas más importantes de salud ambiental como lo es la minería”, señaló.
La comisión hará llegar este informe al ministro de Minería y al Presidente de la República para que se consideren las conclusiones y recomendaciones con las políticas públicas en materia minera.