EN PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS
• Consultoría financiada por Newmont señala que no existen pruebas concretas en contra de Yanacocha pese a medida cautelar de la CIDH
• Se concluye que empresa minera no persistió en mantener diálogo continuo con la familia Chaupe
RED MUQUI advirtió que en los resultados del Informe “independiente” de la consultora RESOLVE*, que fue encargado y financiado por la trasnacional minera Newmont, se ignoran las pruebas que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir la medida cautelar (Nº 452-11), que obliga al Estado Peruano proteger y garantizar la vida e integridad personal de la familia Chaupe Acuña.
Entre los hallazgos que la Mision Independiente de Constatación de los hechos de Yanacocha, recogió entre agosto de 2015 y marzo de 2016, no se consideran los elementos de prueba que se presentó ante la CIDH, y más bien concluye que no existen pruebas concretas de violaciones de derechos humanos por parte de la minera Yanacocha.
“Es incoherente desconocer como hallazgo importante a la medida cautela que la CIDH dictó en este caso. El informe encargado por Newmont también olvidadó que hace unos meses, el propio Estado le otorgó garantías a Máxima y su familia; además tampoco menciona que la medida cautelar todavía requiere ser debidamente implementada por el Estado. Todo esto surge a raíz de las agresiones e incursiones realizadas por la empresa en los cultivos de Máxima Chaupe y su familia”, recordó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de RED MUQUI.
En ese sentido RED MUQUI cuestionó los criterios para establecer violaciones a los derechos humanos, de quienes elaboraron el Informe de Tragadero Grande(YIFFM, por sus siglas en inglés).
¿Por qué un informe?
En mayo de 2015, Newmont le encargó a esta misión examinar el conflicto que generó tras la disputa que mantienen con la familia Chaupe, por la posesión de la parcela de tierra denominada “Tragadero Grande” (Ubicada dentro de la Comunidad Campesina de Sorochuco).
Según señala la trasnacional –accionista mayoritaria de Yanacocha– decidieron contratar la elaboración de este informe ante las “persistentes acusaciones por parte de la familia y de ONGs locales, nacionales e internacionales, hacia Minera Yanacocha, por haber estado implicada en violaciones de derechos humanos, como parte de la disputa de tierras”.
Es así que encargaron le encargaron a Tim Martin (ex embajador de Canadá), liderar esta Misión que tuvo como labor, examinar tres aristas del problema: el proceso de adquisición de tierras por parte de Minera Yanacocha, las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas contra la familia Chaupe y el cumplimiento de Minera Yanacocha de las políticas y normas internacionales propias de Newmont.
La Misión insiste en que no tuvo por objeto llegar a una conclusión sobre la validez de los derechos de posesión, ni ofrecer una resolución legal respecto a potenciales violaciones de derechos humanos, ya que todo esto solo puede ser determinado por cortes judiciales o acuerdos negociados entre las partes. “La misión no es una investigación judicial. La información recogida no va a reunir los estándares para constituir evidencia judicial. No tiene como fin afectar procesos judiciales”, aclaró RESOLVE.
Vulneración de derechos
En este rubro, el informe de la Misión concluye que Yanacocha no realizó una adecuada diligencia en materia de derechos humanos, lo cual representa uno de los factores que contribuyó a una situación en la que los derechos humanos de la familia se pusieron en riesgo durante este conflicto. Pero en otra conclusión, el informe señala que no existe evidencia concluyente de que Minera Yanacocha cometiera “violaciones de derechos humanos”.
Adquisición de tierras
Respecto a este punto, el informe YIFFM, deja en el aire la información sobre la venta previa de los derechos de posesión de Tragadero Grande, ya que se realizó en la década de los 90 (1996 y 1997), por lo que resulta es compleja y no concluyente.
Asimismo, RESOLVE puntualiza que el proceso general de adquisición de tierras desde Yanacocha fue razonable. No obstante, para RED MUQUI, en el informe no se muestra de qué manera se llevó a cabo el proceso de transferencia de tierras a la empresa por parte de la Comunidad Campesina de Sorochuco; si la decisión fue tomada en Asamblea Comunal en un día y hora determinados, con votación de los comuneros calificados y que estaban en el padrón comunal; o si Yanacocha brindó información suficiente a dicha comunidad para que tome una decisión adecuada (de venta), entre otras cuestiones.
“No está claro cómo es que la Comunidad Campesina decidió acordar la venta. RESOLVE solo muestra como hallazgo, la declaración del Presidente de la Comunidad y con ello no se puede definir la legalidad y legitimidad del proceso”, acotó Jahncke Benavente.
Cumplimiento de estándares Newmont
Cabe remarcar que Newmont es miembro fundador del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) cuyos lineamientos corporativos se basan en Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (UNGP, por sus siglas en inglés) y los Principios Voluntarios. Algo que los realizadores del informe, reconocen.
«Los requisitos de las políticas internacionales y de Newmont para el diálogo en la solución de controversias no se satisficieron en el caso Chaupe. Ha habido un retraso para encontrar un camino a la solución debido a una estrategia que priorizó el litigio sobre el diálogo”, puntualizan.
Asimismo, el informe señala la falta de una evaluación de riesgos específica para el caso (con los Chaupe Acuña), un análisis sobre las causas del conflicto y una investigación integral de los asuntos de seguridad.
Respuesta de la minera
El vicepresidente, gerente general y Asuntos Corporativos de Yanacocha, Javier Velarde, insistió en que la empresa minera ha buscado permanente un diálogo con los Chaupe Acuña, sin embargo, se perpetró otro ataque contra Máxima Acuña, y su esposo Jaime, el último 18 de setiembre. Velarde tomó el informe pagado por Newmont como otro punto de vista sobre el problema.
“Algunas de las conclusiones del informe no corresponden con nuestra visión del conflicto, pero reconocemos que debemos estar abiertos a comprender todos los puntos de vista involucrados, para superar el estancamiento actual. Confiamos en que este proceso –que ha durado un año y medio– y el informe final abrirán caminos para iniciar un diálogo con la familia Chaupe, el que hemos estado buscando desde hace unos meses para resolver finalmente la disputa con Yanacocha”, indicó.
DATOS:
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*El recojo de información y realización del informe fue supervisado RESOLVE, organización sin fines de lucro dedicada a la construcción del consenso multisectorial. Newmont financió las actividades de la Misión con todos los fondos del proyecto transferidos a RESOLVE.
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El equipo de la misión estuvo compuesto por las siguientes personas: Tim Martin, Director; Myriam Montalvo-Méndez, y Miguel Cervantes Rodríguez, miembros del equipo; Dana Goodson, Asesora en Políticas.
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La adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido durante más de 30 años un mecanismo para la defensa preventiva de violaciones a los derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
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Newmont es un productor líder de oro y cobre, cuyas operaciones se realizan principalmente en los Estados Unidos, Australia, Ghana, Perú, Indonesia y Surinam.