Líderes comunitarios se pronunciaron en el Congreso contra Estado de Sitio en Santa Rosa y Jalapa. Organizaciones sociales presentaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un informe preliminar de verificación de la situación de los derechos humanos en los municipios bajo estado de sitio, en el cual se detallan abusos de autoridad de las fuerzas de seguridad, robos e intimidaciones. Las Autoridades Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, el Consejo de Alcaldes Comunales y el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas, Garífuna y Xinca condenaron las acciones del presidente Otto Pérez Molina de utilizar los estados de Sitio para reprimir las acciones en contra de la minería.
El reporte fue difundido en el Congreso de la República hacia el mediodía cuando en el hemiciclo del parlamento se conocía la posible ratificación del Estado de Sitio, los diputados Amílcar Pop de Winaq y Mario Torres, independiente, conocieron parte del informe que detalla la acusación contras las fuerzas de seguridad de uso desmedido de la fuerza y vejaciones a hombres y mujeres del pueblo xinca en apoyo a las actividades extractivas en San Rafael Las Flores.
La comisión «constató que la población no contó con información sobre los derechos que se les estaban vetando y los alcances de ese Estado de Sitio, manifestaron desconcierto, preocupación, temor y angustia por la masiva presencia de fuerzas militares y policíacas», explica el informe. A las comunidades se las ha calificado de «bandas de sicarios, narcotraficantes y extorsionistas sin pruebas», señalan relatos de representantes comunitarios en el Congreso.
Pertinencia de observación
Amílcar Pop, congresista, indicó que ejercicios de verificación de cumplimiento de los derechos humanos como los realizados en Santa Rosa y Jalapa, y el año pasado en Santa Cruz Barillas, son importantes para impedir los abusos de las fuerzas de seguridad. «El Estado de sitio demuestra la incapacidad del gobierno para tener una política de diálogo y su no ratificación demuestra que el gobierno se equivocó en su establecimiento», afirmó el legislador.
El diputado Mario Torres recordó además que la ratificación del Estado de Sitio no es compartida por varias fuerzas en el Congreso «porque conculta –violación de una ley- los derechos fundamentales», por lo cual se opone a que sea ratificada por el pleno. Pobladores y líderes comunitarios que participaron en la redacción del informe ocuparon el palco del Parlamento, el cual estaba cerrado al público por las autoridades del Legislativo, para mostrar su oposición al Estado de Sitio.
Violaciones denunciadas
Entre las violaciones a los derechos humanos señaladas por las autoridades figura el abuso de autoridad, uso desmedido de la fuerza, amenazas e intimidaciones al alcalde de Mataquescuintla, Hugo Loy; daño psicológico a la niñez y las mujeres; y robos en la aldea La Fuente, Jalapa.
El informe fue elaborado por integrantes del parlamento xinca, el movimiento Waquib´kej e integrantes de la Marcha Indígena Campesina y Popular y autoridades comunitarias de 48 cantones de Totonicapán, con la observación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, según el delegado del procurador, Mario Minera.
El reporte detalla que la conflictividad social en el área se debe a la explotación minera en San Rafael Las Flores y el uso de la fuerzas de seguridad para la protección de las actividades extractivas.
Autoridades ancestrales censuran al presidente
Las Autoridades Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, el Consejo de Alcaldes Comunales y el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas, Garífuna y Xinca condenaron las acciones del presidente Otto Pérez Molina de utilizar los estados de Sitio para, lo que ellos consideran, una forma de represión para evitar las acciones en contra de la minería.
Diego Coti, del Gran Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas, Garífuna y Xinca, dijo: «Con el actual gobierno se ha iniciado un proceso de democracia militar como una figura nueva dentro del lenguaje político, que se caracteriza por el uso de la fuerza bruta y represiva para atender las demandas sociales».
Agregó: «Durante el proceso electoral era evidente que la ‘mano dura’ iba a ser aplicada para favorecer al capital nacional y transnacional, en especial para favorecer las minas a cielo abierto, la explotación del petróleo que conducen a la muerte de la madre naturaleza».
En cuanto a los estados de sitio Coti apuntó: «Se hace evidente que la moral no le permite al ‘señor presidente’ seguir aplicando las formas de represión del pasado reciente y las disfraza por medio de la expulsión y el despojo de los pueblos indígenas de los territorios de los cuales son propietarios históricos con el apoyo de las fuerzas armadas».
Mientras que Baltazar de la Cruz, miembro de las Autoridades Ancestrales del Tiángulo Ixil, dijo: «Nos sorprende que el mapa de conflictividad coincida con los territorios indígenas en donde se encuentra la mayor concentración de la riqueza natural, y que el mapa de pobreza esté donde se perpetró el genocidio durante el conflicto armado, y que precisamente sea allí donde se pone en práctica la mano dura».
Por ello, las autoridades indígenas exigieron a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que investigue si en verdad hay grupos organizados en los lugares señalados por el gobierno, y a la Organización de las Naciones Unidas que envíe un relator que ayude a investigar estos hechos.