Levantan el dedo contra la policía
26/01/2010
El grupo de trabajo, se recuerda, lo integraron los consejeros Porfirio Ayala Morán, Nedda Bel Yaksetig, Marco Antonio Carrasco Castillo y Miguel Galecio Rentería.
Todos ellos, con excepción de Bel, estuvieron en la zona recopilando información
PIURA. Quedó listo el informe de la comisión especial del Consejo Regional sobre los hechos ocurridos el 2 de diciembre pasado en la comunidad de Cajas Canchaque, provincia de Huancabamba, donde dos comuneros terminaron muertos a tiros en un enfrentamiento con fuerzas especiales de la Policía Nacional.
El documento, al que accedió Correo, será presentado en la próxima sesión del Pleno y en sus conclusiones señala, aunque de manera indirecta, a la Policía Nacional por «el asesinato» de los comuneros Cástulo Correa Huayama y Vicente Romero Ramírez.
Las conclusiones de ese trabajo corroboran la existencia de un conflicto social en la zona, por la presencia del proyecto minero Río Blanco, de propiedad de la empresa Río Blanco Copper, de capitales chinos.
El abandono y la inseguridad de la población, a tal punto que nadie habría prestado auxilio a las víctimas de lo ocurrido el 2 de diciembre, es otro de los aspectos corroborado por los consejeros.
ACUSAN. Pero lo más resaltante del informe es que a raíz de esos hechos de sangre se percibe «una psicosis e inseguridad ciudadana» en Cajas Canchaque, cuya población responsabiliza a la policía por la muerte de dos miembros de su comunidad y por los heridos.
«La población muestra voluntad de diálogo en torno al proyecto minero», precisa, asimismo, el reporte oficial que va acompañado de cuatro recomendaciones. La primera de ellas, se entiende, va dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que retome de inmediato la Mesa de Diálogo que se suspendió en diciembre de 2008.
Al Ejecutivo tambien le proponen encargar la formulación y ejecución de un programa de desarrollo para las provincias de Huancabamba y Ayabaca, con participación de la población.
Al mismo tiempo, le encargan al Gobierno solicitar al Ministerio Público y al Poder Judicial celeridad en la investigación de los casos ocurrido en Carmen de la Frontera a raíz del conflicto y sanción a los responsables.
Por último, está el pedido de apoyo material al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para que brinde apoyo material y psicológico a las familias de los fallecidos, así como a los heridos.
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