Bajo el fuego de las organizaciones internacionales de derechos humanos y ambientales, Goldcorp de Canadá se ha esforzado por mejorar su imagen en Guatemala, donde su mina Marlin de oro y plata ha provocado una amplia oposición.
La problemática se profundizó en septiembre, cuando un informe del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente en la Universidad Tufts[1] señaló la ausencia de una adecuada regulación y supervisión del medio ambiente en el sitio. El informe «En busca de oro en las tierras altas de Guatemala», cita riesgos de contaminación del agua y sugiere que la falta de planificación para el cierre eventual de la mina podría dar lugar a que metales pesados tóxicos se filtren de los estanques de lavado. «Además del riesgo para la salud humana, el mayor riesgo ambiental a largo plazo de la mina es que la contaminación perdurable y generalizada del agua, socavará los medios de vida agrícolas, empobreciendo a las comunidades locales», dice el informe.
Marlin, una explotación a cielo abierto y subterránea de oro y plata en las tierras altas del occidente de Guatemala, inició operaciones en diciembre de 2005. Se calcula que la mina producirá 2.5 millones de onzas de oro y 36 millones de onzas de plata durante los 10 a 15 años proyectados de existencia. Desde sus inicios, el proyecto provocó preocupación por las amenazas ambientales como la contaminación del agua y críticas, por considerarla insuficiente, a la tasa de regalías de 1%, que dio US$ 3,35 millones en 2009.
Cuestionamiento regional
El proyecto de Goldcorp también ha estado en el debate sobre la certeza de la minería como una estrategia de desarrollo para América Central. Sus defensores sostienen que la minería puede ser una valiosa fuente de ingresos. Pero los críticos señalan esos beneficios como muy escasos para justificar el riesgo de contaminación de metales pesados en los ecosistemas de alta montaña que producen agua para beber y para riego. «La gran pregunta en la región es si la minería puede promover el desarrollo sostenible» dice la coautora del informe Lyuba Zarsky, una experimentada investigadora del Instituto Global de Desarrollo y Medio Ambiente y profesora asociada en el Instituto Monterey de Estudios Internacionales. «Tiene que ver con cuánto dinero está consiguiendo el país, quién lo está consiguiendo y cómo esos beneficios se equiparan con los riesgos ambientales que podrían perdurar por mucho tiempo».
Marlin comenzó a funcionar en medio de quejas por parte de las comunidades indígenas que no habían sido consultadas como es requerido por las leyes de Guatemala y después de un referéndum no vinculante en uno de los dos municipios afectados, mostró que más del 98% de los participantes se opusieron al proyecto. Luego, en 2010, la Organización Internacional del Trabajo pidió al gobierno suspender las operaciones debido a la falta de consulta y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos pidió al gobierno de Guatemala suspender las operaciones en Marlin y «poner en práctica medidas eficaces para prevenir la contaminación ambiental». Las operaciones no fueron suspendidas, aunque el gobierno dice que ha llevado a cabo un monitoreo. El impacto económico de Marlin, el proyecto minero más grande de Guatemala en más de 20 años, es considerable. La mina es uno de los mayores empleadores en el departamento de San Marcos y es el contribuyente individual más grande del país, generando US$ 52 millones en regalías e impuestos en el período 2006-09. Sin embargo, con los beneficios llegaron las preocupaciones sobre la trayectoria ambiental de Goldcorp. Cuatro estudios independientes realizados por organizaciones internacionales y guatemaltecas han sugerido que los metales pesados de los relaves de Marlin y otras fuentes, pueden filtrarse en aguas superficiales y subterráneas.
Por su parte, Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de Goldcorp, propietaria y operadora de la mina, cita estudios gubernamentales e independientes que muestran que las descargas de agua de la mina y un estanque de relaves cumplen con los estándares internacionales. Sin embargo, el informe de Tufts cuestiona «la capacidad y estabilidad de la presa de relaves y el estanque» y dice que la supervisión del proyecto por parte del gobierno ha sido «inadecuada o inexistente».
Preocupación a largo plazo
El informe también advierte de los impactos a largo plazo del drenaje ácido de la mina en las comunidades indígenas que utilizan los ríos y arroyos para riego de sus parcelas de subsistencia de maíz y frijol, y agua para su ganado. El fenómeno se produce cuando roca rica en azufre se expone al agua y al aire a través de la minería y otras alteraciones geológicas. Esto puede envenenar los ríos por la liberación de metales pesados tóxicos, y concierne particularmente a Marlin «donde casi la mitad de la roca residual es potencialmente generadora de ácido», dice un estudio realizado por la consultora estadounidense E-Tech International.
El informe de Tufts señala: «Es preocupante que hay filtraciones de la presa de relaves, la que está forrada con arcilla compactada en lugar de un revestimiento sintético».
Sigfrido Lee, del Centro Nacional de Investigación Económica, un foro académico sin fines de lucro en la ciudad de Guatemala, dice que la minería no puede ser considerada una estrategia de desarrollo viable sin una mejor supervisión del gobierno. «El gobierno no tiene el conocimiento técnico y apoyo para supervisar las actividades mineras y asegurarle al público que estas se están realizando bajo normas ambientales altas», dice Lee. «Como resultado, la gente no cree que las empresas están haciendo bien su trabajo, aun si así fuera, o que el gobierno las está supervisando correctamente».
[1] Ubicada en Boston, EUA