Con un llamado a construir espacios comunes de resistencia y buscar alternativas dignas de vida, más de 600 representantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y México denunciaron los daños del modelo extractivo minero para sus comunidades.
Reunidos durante tres días en la localidad Tlamanca, en el estado mexicano de Puebla, miembros de poblaciones indígenas y campesinas calificaron de cuarta colonización la presencia de compañía mineras en América Latina.
Al intervenir en el Encuentro Pueblos en resistencia contra el modelo extractivo minero, señalaron además que el enfrentamiento a ese tipo de práctica económica es también una lucha antiimperialista, al tiempo que criticaron lo que llamaron el servilismo de los gobiernos neoliberales y los tratados de protección a la inversión extranjera.
Este tipo de extracción minera es centro de fuertes críticas debido a que la actividad de grandes empresas en las diferentes poblaciones suele generar negativos impactos ambientales, territoriales, sociales, políticos, económicos, culturales y sobre los bienes naturales comunes.
Al mismo tiempo, las organizaciones y entidades opuestas a esa práctica señalan que no genera cadenas ni procesos económicos locales importantes para la gente, pues transfiere enormes recursos y ganancias a las corporaciones.
Movidas por esa situación, agrupaciones como el Consejo Tiyat Tlalli, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero convocaron a la cita realizada los días 14, 15 y 16 de marzo.
Los objetivos del encuentro, según plantearon los organizadores, fueron compartir experiencias y construir conocimiento que contribuya a fortalecer los procesos de lucha en contra del modelo extractivo minero.
Al mismo tiempo, persiguieron el propósito de aportar herramientas legales a las que se pueda recurrir para hacer la defensa jurídica de sus comunidades y establecer vínculos entre las personas y los movimientos de diferentes partes de México y de las naciones visitantes.
De acuerdo con los asistentes al evento, para hacer frente a la voracidad de las grandes compañías que se instalan en los poblados, es necesaria la organización de sus habitantes y la toma de conciencia sobre lo que significa la destrucción del medio ambiente.
Según un representante de las comunidades mayas de Guatemala, se trata del cuarto despojo a Latinoamérica, ahora por parte de las empresas que ven a los indígenas como seres sin derechos y que califican a las resistencias como focos de ingobernabilidad.
Coincidieron además en la importancia de la movilización y la unidad en la acción local, regional, nacional e internacional, porque «se batalla contra un monstruo que cuando sufre una derrota cambia su razón social, pero no su esencia: la rapacidad del capital».
Al mismo tiempo, los participantes expusieron problemas particulares de sus lugares de origen, como el caso de la comunidad de Carrizalillo, en el estado mexicano de Guerrero, donde los pobladores mantienen una batalla que ya dura ocho años contra la minera canadiense Gold Corporation.
Los daños causados por la labor de esa compañía en la zona se manifiestan en enfermedades de piel y bronquios, malformaciones congénitas, partos prematuros, destrucción de 11 manantiales, y el uso y contaminación de millones de litros de agua diariamente.
En la declaratoria final del encuentro los líderes de las diferentes delegaciones indicaron que en sus experiencias e historias hay desconfianza ante las leyes y las diferentes autoridades.
Los distintos niveles de gobierno han negado, ocultado o tergiversado información y promovido con engaños los proyectos mineros, expresaron.
Al mismo tiempo, señala el documento, han violentado los propios marcos legales ambientales, derechos constitucionales y tratados internacionales que garantizan el respeto a los derechos humanos y la protección al territorio y la riqueza de los pueblos que ahí viven.
En alusión al caso particular de México, el texto cita que el Ejecutivo federal ha concesionado más de la tercera parte del territorio de los pueblos indígenas y campesinos.
Por otro lado, las empresas dañan el tejido social por medio del poder económico y político construido con los gobernantes, quienes fortalecen al sector privado con estrategias locales como los programas asistencialistas, y con las reformas constitucionales y estructurales, agrega el texto.
Alejandro Marreros, ciudadano del municipio poblano de Ixtacamaxtitlán, donde se concentran 80 mil hectáreas concesionadas para la explotación minera, indicó que muchas personas y comunidades se han estado sumando a la lucha contra esas empresas.
Manifestó que encuentros de este tipo son importantes para que las personas y organizaciones compartan sus historias y creen vínculos que contribuyan a la causa.
Según expresó el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero en su página digital, las compañías mineras saquean a países de América Latina con el consentimiento de sus propios gobiernos.
De ese modo, denunció la organización, dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método extractivo a cielo abierto.
Ante esas condiciones, los presentes en la cita instaron a las autoridades a dejar de proteger los intereses privados y a trabajar para respetar los derechos de los pueblos a vivir sin violencia en un territorio sano y seguro, libres de minería y de proyectos de muerte.
En la declaración final, que además tuvo pronunciamientos contra la reforma energética aprobada en México en diciembre último, pidieron el respeto a las decisiones de las comunidades que en este encuentro, así como en sus asambleas locales y acciones cotidianas, han expresado un rotundo «no» a los proyectos mineros.