Comunidades indígenas de Oaxaca exigen al nuevo gobierno la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas mineras extranjeras. Las poblaciones denuncian que las compañías provocan afectaciones irreversibles a los ecosistemas, criminalización de autoridades y defensores comunitarios e inseguridad.
Como resultado del procedimiento conocido como Juicio popular contra el Estado y las mineras, integrantes de organizaciones y comunidades indígenas de Oaxaca piden la cancelación de 322 concesiones otorgadas a empresas mineras en el estado, así como la revocación de las 41 vigentes.
La mayoría de las empresas son extranjeras y la exigencia que parte de la violación de derechos humanos de comunidades oaxaqueñas sólo es un ejemplo de lo que sucede en todo el país.
Más de 52 comunidades de Oaxaca denuncian que durante los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se entregaron muchas concesiones para la realización de proyectos de exploración y explotación de minerales en territorio de pueblos y comunidades indígenas.
Alrededor de 10 millones de hectáreas del país fueron concesionadas principalmente para empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México desde enero de 2002 hasta abril de 2016, de acuerdo con solicitudes de información citadas en los resultados del Juicio popular contra el Estado y las mineras
Además, según la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, en el país se encuentran registrados 988 proyectos mineros operados por empresas con capital extranjero, de los cuales 662 se encuentran en etapa de exploración, 45 en etapa de desarrollo, 107 en etapa de producción y 174 en etapa de postergación.
La información proviene del procedimiento judicial realizado el 11 y 12 de octubre en la ciudad de Oaxaca con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería en cinco regiones de la entidad: Valles Centrales, Sierra Sur-Costa, Sierra Norte, Mixteca-Cañada e Istmo.
El pasado 10 de diciembre, los pueblos indígenas compartieron el dictamen final del juicio emitido por el jurado integrado por expertos internacionales.
Los resultados de la investigación y el juicio incluyen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalización de autoridades y defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad donde operan empresas mineras, principalmente extranjeras.
El representante del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Neftalí Reyes aseguró en la presentación de los resultados del juicio que el gobierno otorgó parte del territorio oaxaqueño a empresas mineras de otros países.
“La minería violenta sistemáticamente los derechos de los pueblos y comunidades de Oaxaca, puesto que el gobierno concedió el cinco por ciento del territorio estatal a estas compañías extranjeras”
Además, las denuncias presentadas por las comunidades ante el tribunal dan cuenta de la presencia de un gran número de empresas mineras canadienses con proyectos de exploración y explotación en el estado de Oaxaca.
Hay más de 10 compañías canadienses en la lista de empresas que cita el documento y algunas de las mexicanas mencionadas ejecutan proyectos que son propiedad de firmas registradas en este país norteamericano.
Según información oficial de la Subsecretaría de Minería, en Oaxaca existían 41 proyectos mineros con participación de capital extranjero en 2017, 33 eran operados por empresas canadienses y 6 eran operados por consorcios de empresas canadienses con las de otros países.
Este fenómeno es internacional. En la actualidad, en más del 65 por ciento de todas las actividades mineras en América Latina tienen participación sociedades que cotizan en la bolsa de valores de Toronto, aunque no todas son de capitales canadienses, de acuerdo con datos de la página oficial del mercado de valores.
Denuncia en Oaxaca
Sin embargo, la denuncia se acota a Oaxaca. Hasta 2017, en este estado se encontraban registrados ante la Secretaría de Economía 41 proyectos mineros impulsados por 38 empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, 36 se encuentran en etapa exploración, 2 en etapa de desarrollo, 1 postergado y 2 en etapa de explotación comercial.
Las últimas fueron señaladas por el gobierno de Oaxaca como dos de los proyectos mineros más importantes de la historia porque generaron una inversión privada por 6 mil 382 millones de pesos durante el periodo 2011 – 2015, lo cual colocó al estado en el séptimo lugar nacional en producción minera.
Las comunidades indígenas denuncian que dicha inversión no se traduce en mejores condiciones de vida para las comunidades y pueblos oaxaqueños, por el contrario generan un clima de incertidumbre sobre la integridad de sus territorios.
Un caso como ejemplo
El informe del Juicio popular contra el Estado y las mineras presenta los detalles de 22 casos en los que las mineras afectan comunidades indígenas. Uno fue presentado por las autoridades municipales de Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, comunidad integrada por zapotecos.
En esta región funciona la concesión denominada “Tlacolula”. Este permiso fue vendido por la empresa minera Radius Gold a Fortuna Silver Mines, una compañía minera de plata canadiense con sede en Vancouver.
Esta firma extranjera tiene dos minas en operación, una en Perú y una en México, así como otra en construcción en Argentina.
La operación implicó 150 mil dólares y 239 mil 835 acciones de Fortuna al cierre de la transacción. Esta es la misma empresa que opera en San José del Progreso y que generó una serie de conflictos y asesinatos.
Las actividades previas de exploración de la minera en la región entre 2009 y 2011 consistieron en barrenaciones, instalación de maquinaria y apertura de caminos con lo que afectaron algunos terrenos de cultivo.
En 2011, murió ganado por tomar agua de un pozo aledaño al río Dulce que está contaminado por la actividad minera, de acuerdo con la denuncia de la comunidad que se recoge en el informe.
Esta situación alertó a la población porque las personas consideran que al agua que llega a su municipio es tóxica.
Además, con el agua del río se preparan las tortillas que son una fuente importante de ingresos para las mujeres y las familias que comercializan en Tlacolula y la ciudad de Oaxaca.
Por otra parte, el informe revela que se abrieron diversos caminos en la región que provocaron daño ambiental a la flora y fauna.
Los otros 21 casos son similares. El informe enuncia que con estas acciones las empresas mineras violan los derechos de los habitantes indígenas de la región, tales como su garantía fundamental a la autonomía, al territorio, a la consulta previa, libre e informada, a un medio ambiente sano, a la salud, entre otros.
Ante este panorama, las comunidades y organizaciones que colaboraron en el juicio piden al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador que cancele las concesiones a las mineras.
“Exigimos que se suspenda de forma inmediata la entrega títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas”, dicen las comunidades en comunidades
Asimismo, solicitan que se ratifique por parte del Senado el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe o Acuerdo de Escazú.
Entre otras peticiones, también demandan la creación de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.
“En menos de treinta años, se ha profundizado la pobreza, la migración masiva, el deterioro del tejido social comunitario y ha habido una fuerte represión de quienes nos oponemos a este modelo económico. Todo esto al servicio de grandes corporaciones y caciques locales”, concluye el de los denunciantes.
Hasta ahora el único pronunciamiento del nuevo gobierno sobre este tema fue después de la toma de protesta. El nuevo presidente dijo que se pretende transferir a las comunidades mineras el impuesto que se cobre a las empresas que sustraen minerales.
“Se transferirá a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral”, sostuvo el mandatario el 1 de diciembre en el Zócalo de Ciudad de México.