24 de Octubre de 2011
La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé y Campesinos en Panamá, rechazó el viernes pasado el intento de imponer una ley minera que desconoce sus intereses y no descarta protestas callejeras.
Rogelio Montezuma, vocero de la organización, denunció que con la aprobación de la nueva ley en una comisión de la Asamblea y su pase al pleno para segunda discusión, se ignoran los acuerdos suscritos en la mesa del diálogo con representantes del legislativo.
Manifestó además que todo parece indicar que el gobierno quiere que se repitan las jornadas de protestas de febrero y marzo pasado en contra de la Ley 8, que reformó el Código de Recursos Mineros.
El dirigente indígena indicó que en estos momentos miembros de la Coordinadora se movilizan para volver a reunirse y determinar cuáles serán las acciones que adoptarán en los próximos días.
Otros grupos ya advirtieron que defenderán en las calles sus tierras para impedir que avance el proyecto del nuevo Código Minero, el cual abre las puertas de manera encubierta a estados extranjeros en la explotación de minerales, según indicaron.
Hasta una cacique impuesta por el Tribunal Electoral en comicios avalados por el gobierno a los que prácticamente no acudió nadie, se expresó también contra la nueva ley.
Silvia Carrera Concepción, elegida en esos comicios cacique general de la Comarca Ngöbe Buglé, acusó al gobierno de ignorarlos una vez más y anunció que el pueblo está bajando de las montañas para oponerse y protestar en la vía Panamericana.
«Los pueblos de la comarca están preocupados… no estábamos esperando esa ley», dijo la cacique, al afirmar que ya grupos en Cerro Colorado, segundo yacimiento de cobre en el mundo, se movilizan para manifestarse contra la legislación.
«Me preocupa esta situación porque este es un plan pactado sobre la ley especial que se debatió en la Gobernación de David y además con la Comisión Especia, y se irrespetan una vez más, o se violan, los derechos de los pueblos indígenas», sentenció.
Por su parte Bernardo Jiménez, comisionado de Derechos Humanos y negociador de la ley especial, advirtió que el gobierno nacional y el Ministerio de Comercio e Industrias están jugando con candela.
Indígenas advierten sobre proyecto de ley minera
La cacica general de la comunidad ngöbe buglé advirtió hoy al gobierno los riesgos de insistir en la aprobación de una ley minera en la Asamblea Nacional que viola compromisos asumidos por el presidente, Ricardo Martinelli.
Silvia Carrera, recién electa en ese cargo, envió un comunicado a la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional que aprobó en primera discusión el proyecto, y otro al pueblo panameño, para dar a conocer el rechazo de las comunidades indígenas a la nueva legislación.
El texto legal fue presentado por Cambio Democrático sin avisar ni consultar a la Coordinadora por la Defensa de los Derechos de los Pueblos Ngabe Buglé y Campesinos que negoció una ley diferente con una comisión ad hoc de la Asamblea.
Anteriormente, tras las manifestaciones callejeras de febrero pasado que terminaron con la derogación de la ley 8, aprobada entonces también de forma inconsulta, el presidente Martinelli se comprometió a no realizar ni promover actividades mineras en las comunidades.
De ese compromiso surgió la creación de una comisión ad hoc de la Asamblea para negociar una nueva ley del código minero a fin de sacar al sector del limbo legal en el que se encuentra tras la derogación señalada.
Después de largas y accidentadas negociaciones en las que la coordinadora presentó una propuesta que ratifica sus posiciones contra el desarrollo minero en sus comunidades y agregó la prohibición de hidroeléctricas que afecten su hábitat, sobrevino un silencio roto ahora de improviso.
Sorpresivamente, la Comisión de Comercio aprobó un nuevo proyecto que deja intacto el párrafo más polémico de la ley 8 que permite la explotación de yacimientos a Estados extranjeros, según los indígenas.
La cacica reiteró en ambos comunicados que rechazan el nuevo instrumento, pide a la Asamblea y al gobierno que lo retiren y que, en cambio, cumplan el compromiso adquirido por Martinelli y den tránsito a la acordada entre la Coordinadora y la Asamblea Nacional.
No repitamos los dramáticos episodios que se vivieron con la ley 8 o de lo contrario las comunidades tomarán acciones de calle, ratifica la cacica