Grupos indígenas y campesinos de seis estados de México, entre ellos Oaxaca, han tomado las calles de la capital del país con una larga lista de demandas: desde más policías para reactivar la economía del campo hasta reformas legales que protegan a sus tierras de grandes proyectos de infraestructura.
Cientos de protestantes han provocado un intenso tráfico vehicular en los últimos días, especialmente en la zona central de la capital, en las calles que rodean la Secretaría de Gobernación, donde se han instalado en espera de soluciones a sus peticiones.
Francisco Jiménez, uno de los principales líderes de las protestas, ha dicho que la solicitud más urgente para ellos es hablar con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
«Queremos que el gobierno atienda nuestros problemas», dijo Jiménez. «Esta marcha es en defensa de nuestros territorios, por nuestros muertos, nuestros presos políticos, la falta de agua y la modernización del campo en México».
El grupo ha viajado hasta la capital del país desde estados como Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas — todos ellos ricos en recursos naturales en la zona centro o sur de México, pero con altos niveles de pobreza, principalmente entre la población indígena.
Jiménez, oriundo de Chiapas, puso particular énfasis en la petición de un nuevo marco legal para que la voz de los pueblos originarios tenga mayor peso al momento de dar concesiones a mineras o permisos para la construcción de plantas hidroeléctricas, así como otras obras de infraestructura como nuevas carreteras.
«En nuestras comunidades hay oro, hay plata, hay petróleo, pero el dinero que generan esos recursos naturales no llega hasta nosotros y sólo beneficia a compañías extranjeras y a las élites del país», señaló el activista. «México necesita una legislación que obligue a las autoridades a consultar a los habitantes de esos lugares antes de otorgar concesiones a empresas transnacionales. Y la riqueza debe ser compartida».
Jiménez habla en particular de las empresas mineras, asegurando que cerca del 70 por ciento de las minas en México son explotadas por compañías de Canadá.
Específicamente, él apunta a Goldcorp, una empresa con sede en Toronto, que posee la mayor cantidad de concesiones en México y que actualmente tiene varias minas trabajando. En una de esas minas, en el violento estado de Guerrero, varios empleados fueron asesinados y extorsionados el año pasado por los cárteles de las drogas. Goldcorp fue criticado por no fortalecer sus medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores.
«Las compañías mineras canadienses están al centro de conflictos en países como México y en otras naciones alrededor del mundo», dijo Jen Moore, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canada, una organización sin fines de lucro asentada en Ottawa, que se centra en las políticas públicas y prácticas mineras del país norteamericano.
Moore ha dicho que el 60 por ciento de las compañías mineras del mundo son canadienses y que ese número escala hasta 70 por ciento en México, coincidiendo con Jiménez. Ella mencionó ocho estados diferentes en México, donde actualmente se están enfrentando problemas medioambientales o de derechos humanos debido a las empresas mineras que ahí operan.
‘Las compañías mineras canadienses están al centro de conflictos en países como México’.
«La autodeterminación de los pueblos originarios es violada desde el momento en que se otorga una concesión minera sin el consentimiento previo, libre e informado de la gente», afirmó. «Esto ha pasado por todo México, y en muchos otros lugares, y ahora es parte de cómo el actual modelo minero está estructurado para afectar a los habitantes desde el principio, incluso antes de que una mina sea construida».
Las protestas de esta semana en la Ciudad de México fueron planeadas para que coincidieran con el aniversario 97 del asesinato del héroe revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Él fue asesinado en 1919 después de levantarse en armas contra el gobierno mexicano para reclamar más derechos para las comunidades rurales.
Muchos de los marchistas creen que la filosfía de Zapata sobre los derechos de los campesinos siguen vigentes en el México actual.
«Estamos viviendo una crisis de hambre, miseria, pobreza y mucha migración. Estos campesinos, y principalmente los más jóvenes, están abandonando sus tierras y a sus familias para ir a Estados Unidos», comentó Caralampio López, mientras alza su voz por encima de la música que toca una banda de ska que se ha unido a las protestas.
López, líder local de un grupo de 200 chiapanecos que se han reunido en la Ciudad de México, tiene palabras particularmente duras para las compañías mineras.
«El gobierno permite que operen estás compañías mineras, pero nosotros no», dijo López, visiblemente molesto, elevando el tono de voz mientras habla. «Ellos contaminan nuestros recursos naturales, el aire y la tierra. Están contaminando a la Madre Tierra».
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