Organizaciones indígenas de Oaxaca y entidades de derechos humanos de México pidieron la intervención de Human Rights Watch (HRW) ante el gobierno mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cesar el atropello y represión contra los pueblos que se resisten a la imposición de megaproyectos en sus territorios.
Asímismo, exigen que se cumpla con la normatividad internacional que señala el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado ante las medidas que los afectan.
Denunciaron “los métodos gansteriles que están utilizando los gobiernos y las mismas empresas para imponer los proyectos, la utilización de amenazas, sobornos e incluso la protección a la abierta operación de bandas paramilitares quienes hostigan y llegan a asesinar a los opositores de los megaproyectos”.
A ello se agrega la impunidad que existe en torno al asesinato de defensores comunitarios como es el caso de Bernardo Vázquez y de Alberta Bety Cariño, ambos oaxaqueños y opositores a proyectos mineros en Chihuahua y Chiapas.
Las instituciones civiles solicitantes fueron la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Proyecto Poder.
Ellas dialogaron personalmente con Nick Steinberg, investigador para México de HRW, una de las organizaciones no gubernamentales influyentes a nivel mundial, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, con sede en Nueva York, Estados Unidos.
La cita se realizó el 30 de abril en la ciudad de México y contó con el auspicio de Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por su sigla en inglés), una organización no gubernamental, aconfesional e independiente, que trabaja para proteger los derechos humanos y promover la resolución de conflictos a través de la no violencia.
En ella se analizó el “impacto negativo en materia de derechos humanos que tiene la creciente imposición de megaproyectos en México, la mayoría de los cuales se realizan sin informar o consultar a las comunidades locales”.
Así lo detalló un comunicado de la UCIZONI donde se destaca la preocupación por que la Secretaría de Gobernación no expresa voluntad para atender más de 350 conflictos por disputa territorial que existen en México, ni impulsar de manera seria el Derecho a la Consulta que tienen los pueblos originarios.
Se coincidió en que en México son escasas las normas legales que protegen los derechos de las comunidades y de que es abierta la relación de los funcionarios con las empresas trasnacionales, lo cual los lleva a violar las leyes, indica el comunicado.
Las organizaciones istmeñas denunciaron que en el marco del megaproyecto eólico en la región de Tehuantepec existe un “clima de violencia, de hostigamiento, persecución y amenazas que sufren por parte de grupos de golpeadores del PRI, funcionarios estatales y de la misma empresa”.
A continuación el comunicado de prensa:
Organizaciones istmeñas solicitan intervención de Human Rights Wacht
En el marco de la visita a México de Barack Obama y de la reunión que sostendrá el próximo viernes José Miguel Vivanco, Director de la División Américas de Human Rights Watch (HRW) con el Presidente Peña Nieto, representantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, CEMDA y del Proyecto PODER se reunieron el 30 de Abril en la ciudad de México con Nick Steinberg, Investigador para México del Human Rights Watch una influyente asociación de Derechos Humanos a nivel mundial.
En esta reunión realizada por el auspicio de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) se analizó el impacto negativo en materia de derechos humanos que tiene la creciente imposición de megaproyectos en México, la mayoría de los cuales se realizan sin informar o consultar a las comunidades locales. Se coincidió que en nuestro país son escasas las normas legales que protegen los derechos de las comunidades y de que es abierta la relación de funcionarios públicos con las empresas trasnacionales, lo cual los lleva a violar las leyes, poniéndose como ejemplo el caso de la Tribu Yaqui, la cual a pesar de contar con suspensiones derivadas de juicios de amparo, estas no fueron respetadas por el mismo gobernador de Sonora. La relación entre empresas trasnacionales y funcionarios gubernamentales se puso en evidencia con los casos de Iberdrola, Mareña Renovables y Abengoa, las cuales han sido favorecidas de diferentes formas.
También se denunciaron los métodos gansteriles que están utilizando los gobiernos y las mismas empresas para imponer los proyectos, la utilización de amenazas, sobornos e incluso la protección a la abierta operación de bandas paramilitares quienes hostigan y llegan a asesinar a los opositores de los megaproyectos; en este sentido se denunció además la impunidad que existe en torno al asesinato de defensores comunitarios como es el caso de Bernardo Vázquez y de Alberta Bety Cariño, ambos del estado de Oaxaca y de opositores a proyectos mineros en Chihuahua y Chiapas.
Fueron expuestos los casos de las presas Cerro de Oro, Picachos, Yesca y El Ciruelo, donde han sido desplazadas poblaciones enteras para la construcción de hidroeléctricas, donde en algunos casos han pasado más de 50 años sin que los afectados hayan sido indemnizados y ante cualquier reclamo han sido encarcelados y perseguidos.
Las organizaciones istmeñas denunciaron en el marco del megaproyecto eólico el clima de violencia, de hostigamiento, persecución y amenazas que sufren por parte de grupos de golpeadores del PRI, funcionarios estatales y de la misma empresa, llegándose al extremo de que la agresión policiaca del 2 de febrero pasado en contra de campesinos zapotecas de Alvaro Obregón fue dirigida por un abogado de la empresa Mareña Renovables. Las organizaciones demandaron asimismo la intervención de HRW ante el gobierno federal y el Banco Interamericano de Desarrollo para que cese la represión y de que en atención a la normatividad internacional sea respetado el derecho de los pueblos indios al Consentimiento Previo, Libre e Informado.
En la reunión se expresó la preocupación de que la Secretaria de Gobernación no haya expresado hasta ahora la voluntad para instalar mesas de atención a los más de 350 conflictos por disputa territorial que existen el país, ni que se impulse de manera seria el Derecho a la Consulta que tienen los pueblos originarios como una forma de garantizar su misma existencia.