22 Junio 2011 Representantes de pueblos indígenas de Colombia y Guatemala denunciaron hoy en la sede del Parlamento Europeo que se ha violado su derecho a ser consultados durante la negociación de tratados de libre comercio (TLC) con la Unión Europea y pidieron que se respeten sus territorios y cultura.
Foto: Archivo/EFE
«No hemos venido para conquistarlos, sino para agradecerles», declaró la portavoz del pueblo maya K’iché de Guatemala, Aura Lolita Chavez, durante la audiencia organizada por diversos grupos políticos y ONG para dar a conocer el punto de vista de las comunidades indígenas latinoamericanas sobre el impacto de los acuerdos comerciales pactados con la UE.
Chavez y otros representantes de los pueblos indígenas pidieron la «solidaridad» de los eurodiputados y su rechazo del TLC con Colombia y del acuerdo de asociación con Centroamérica, negociado el año pasado, al considerar que durante su redacción no se tuvo en consideración a las comunidades que son dueñas de los territorios que previsiblemente explotarán empresas europeas.
«Consideramos que el diálogo político no debe hacerse sólo con los gobiernos, sino también con los pueblos indígenas, que tienen sus autoridades y sus sistemas de gobierno, y es necesario escucharlos. Somos los dueños de gran parte de esos territorios», subrayó el portavoz de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Evelis Andrade.
En concreto, afirmó que no se ha respetado la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a «consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente».
Todo ello «con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas», reza el texto de la convención.
«Tiene que haber consulta y compromiso claro para que no haya riesgo de extinción de pueblos en peligro», destacó Andrade, quien exigió además que las empresas europeas que se instalen en países latinoamericanos en el marco de acuerdos de libre comercio se rijan por las leyes de la UE y no descuiden las relaciones laborales o el impacto medioambiental.
El representante de Human Rights Everywhere, Fidel Mignorance, presentó un informe que da cuenta del impacto de la minería en Colombia y describió cómo la población indígena «se ve obligada» a desplazarse para dejar paso a la actividad de compañías trasnacionales, algo que, a su juicio, empeorará al ponerse en marcha el TLC.
«Las empresas negocian con las autoridades locales y el grupo paramilitar en la zona. Hay mucho dinero en juego. Ahí empieza la explotación», indicó, y agregó que «es un proceso conocido y bien documentado, que debería ser especificado en los TLC».
El miembro de la comunidad Eyavida del pueblo indígena Emberá de Colombia, Oscar Carupia, recordó que la Corte Constitucional de ese país ha exigido al Gobierno el cumplimiento de los artículos referentes a las consultas a los indígenas.
Por su parte, el representante del pueblo maya Popti-Jacalteco, Francisco Rocael Morales, afirmó que si el Parlamento Europeo firma el TLC se iniciará «una nueva fase de despojo de nuestros territorios» y la explotación de los mismos «sin consulta previa ni consentimiento de los pueblos».
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