Ya el 6 de agosto en un operativo coordinado entre la policía y el ejército se desalojo a los mineros informales del Parque Nacional Podocarpus. La forma de intervenir, sin un proceso previo de diálogo y contrucción conjunta de alternativas fue fuertemente criticado por el gobierno provincial, que lo preside Salvador Quishpe.
Mientras el gobierno provincial a través de una estrategia de diálogo, y construcción conjunta de opciones y salidas al recrudecimiento del conflictivo tema de la minería informal, y ya estaba logrando construir acuerdos sólidos entre las organizaciones campesinas, indígenas y mineras informales para un proceso de ordenamiento territorial, el gobierno, en contradicción con las propias acciones que estaba generando en la provincia, y sobre todo, sin reparar en las consecuencias, ha optado por la violencia.
Violencia para qué, con qué objetivo, hacía que política real de ordenamiento territorial?, nos preguntamos.
El gobierno ha hecho caso omiso de lo que su gobernadora estaba impulsando y de las críticas de la provincia, sobre la forma de actuar en San Luis (Parque Podocarpus), frente a un enorme y conflictivo tema, y contrariamente a lo que se esperaba dados los importantes avances de regulación de la actividad minera informal, que se los hacía en la zona de Conguimi, por iniciativa de las propias organizaciones indígenas, en coordinación con la gobernación, entre ayer y hoy, se comete este intento de desalojo, cuyas primeras consecuencias ya lo reporta el Comercio.
Las avanzadas conversaciones para regularizar, ordenar, y dejar un justo reparto económico para la localidad, entre las comunidades shuar de la Asociación de Nankais, los pequeños mineros y las autoridades, entre ellas la Gobernadora, hacían pensar que un operativo similar no se lo realizaría en Conguimi.
Sin embargo como reporta el Comercio, la arremetida policial fue sin precedentes en la región.
¿Qué está pretendiendo con este tipo de política el gobierno nacional?
Acaso generar un ambiente de terror y zozobra, para seguir limpiando de obstáculos a la actividad minera de gran escala, actualmente bajo el control monopólico de dos empresas. En la cordillera del cóndor, en morona Santiago y Zamora chinchiipe, entre Aurelian Kinross (59%) y ECSA (21%) tienen el control de más del 80% de las concesiones.
Advertimos al país, la irresponsabilidad con la que el gobierno nacional, y específicametne el ministerio de gobierno, esta tratando este delicado tema.
Atentamente
Luis Corral
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