Chile

Impacto por denuncia: Relaves mineros amenazan a unas 200 localidades en Chile

Investigación de CNN Chile reveló los peligros de las piscinas de desechos minerales abandonadas, y apunta al Sernageomin por no revelar catastro oficial. Ex ministro de Minería dijo que la información era pública, pero «aparentemente no se trasparenta a la población».

Impacto produjo el reportaje realizado por CNN Chile sobre el peligro que representan los relaves mineros en el país, que después de cumplir su vida útil son abandonados.

La investigación “Minas de oro, desechos de muerte”, realizada por la periodista Carola Fuentes, dio cuenta del peligro de estas piscinas de desechos minerales, dado que se pueden derrumbar y así contaminar la fauna y flora y afectar a los habitantes del lugar.

El reportaje señala que, según Sernageomin, existen unos 1.000 relaves a lo largo de todo el país, de los cuales la mitad están abandonados y que afectarían a unas 200 localidades.

La investigación da cuenta además de la dificultad para obtener estos datos: en junio de 2010, la periodista Carola Fuentes pidió al Sernageomin una copia del catastro, pero no hubo repuesta, por lo que presentó sin éxito un  recurso al Consejo de Transparencia. “Recién a comienzos de octubre, cuando la periodista ya había encontrado un ejemplar que curiosamente se mandó a la Biblioteca del Congreso, ese servicio entregó una copia de la primera edición del catastro, fechada en 2007”, señala hoy el sitio Ciper Chile donde hoy se publican todos los documentos del caso.

La denuncia recordó que en 1965 se cayó un tranque de relave cerca de La Calera, en donde fallecieron más de 200 personas bajo el barro. También dio cuenta de un accidente parecido que ocurrió en febrero a raíz del terremoto, en Pencahue, que mató a una familia completa.

Entre los casos investigados está el de la localidad de Andacollo, que prácticamente vive sobre una serie de relaves, sin que sus residentes tengan conciencia real del verdadero peligro que significa.

POLÉMICA POR DOCUMENTO

En  reacción al reportaje, el ex ministro de Minería, Santiago González, confirmó la existencia del catastro que identificó gran parte de los pasivos ambientales mineros que existen en el país.

Sin embargo, requerido por los problemas encontrados por esta investigación periodística para acceder al estudio oficial, González argumentó que el informe fue elaborado con “recursos del Fisco”, y “está a disposición en el Sernageomin, nosotros lo teníamos en el ministerio”.

“Ese es documento es público, es oficial… me llama la atención que no haya sido difundido y que no haya sido conocido por las autoridades de Salud, principalmente, y por las autoridades municipales”, manifestó en CNN Chile.

De todos modos, admitió que “esa información aparentemente no se trasparenta a la población”, al ser consultado por los testimonios de habitantes de localidades, como Andacollo, que hacen su vida normal sin conciencia de los peligros ambientales existentes en el entorno.

RESPONSABILIDADES

A la hora de establecer culpas por estos casos, el ex ministro apuntó al mundo privado, señalando que la “principal responsabilidad no es de la fiscalización, sino de las empresas que generan estos pasivos ambientales mineros y que tienen la obligación de remediarlos y evitar que contaminen a la población”.

Otro tema pendiente con las empresas, apuntó, es que las “multas son muy bajas y no generan un impacto económico que las haga desistir” de cometer infracciones ambientales.

En cuanto a la fiscalización de estos temas, González señaló que “históricamente la minería ha tenido pocos recursos para fiscalizar”, y defendió la gestión del gobierno anterior en esta materia: “en 2009 aumentamos los recursos del Sernageomin en 40 por ciento, porque estábamos conscientes de esta situación, de que había que aumentar la fiscalización”. También señaló que no es un problema atribuible al gobierno pasado, al firmar que los relaves mineros se han generado a lo largo de los 150 años de historia minera de Chile.

El ex ministro remarcó la necesidad de acelerar el trámite legislativo de los proyectos ligados al tema. “No podemos estar 5 ,7 ó 8 años tramitando un proyecto de ley”, dijo, poniendo acento en las iniciativas legislativas presentadas en la  anterior administración.