El modelo extractivo minero ha ganado espacio en la economía de Panamá durante los útimos años, sin que responda a una necesidad del país, sino a la lógica de acumulación de capital mediante la intensificación del control, extracción y exportación a gran escala, atendiendo el aumento de la demanda de minerales por las potencias establecidas y las economías emergentes. Al hablar de modelo extractivo minero nos referimos a la actividades minera que transfiere casi en su totalidad los beneficios económicos en forma de ganancia hacia las empresas mineras, generando costos sociales y ambientales que deben ser asumidos por las personas en el territorio.
En el año 2011, el oro logró posicionarse como el primer producto de exportación del país, con un monto en millones de dólares 33 veces mayor al exportado en 2007, con una variación porcentual anual de la actividad, por encima de la variación del PIB en 10 de los últimos 14 años.
Durante el período 2010-2012 se realizó el intento de reforma al Código de Recursos Minerales, mediante la cual se buscaba abrir la exploración y explotación minera a la participación de Estados extranjeros. Esa coyuntura provocó las peores violaciones a derechos humanos desde los tiempos de la dictadura militar que gobernó el país hasta 1989, con resultados conocidos en materia de derecho a la vida, integridad personal, libertad individual, libertad de expresión, manifestación pacífica, garantías judiciales, protección judicial, igualdad y no discriminación, entre otros.
El modelo extractivo minero no se reduce a un problema económico, técnico, ni siquiera es exclusivamente un problema ambiental, es un problema político y de derechos humanos. El modelo extractivo minero es un problema político, su imposición evidentemente no es un producto democrático, ya que si en algo existe un demostrado consenso en este país, salvo un reducido grupo de personas organizada en la Cámara Minera de Panamá y otras instancias de interés exclusivamente privado, es en la inconveniencia de desarrollar la minería metálica a cielo abierto.
De hecho, en las recientes elecciones este consenso se reflejó en las propuestas de planes de gobierno, donde se planteaba la declaración del país como territorio libre de minería metálica, la moratoria que hoy se discute en esta comisión legislativa, el fortalecimiento de la institucionalidad y legislación ambiental y la revisión de las concesiones vigentes. Este consenso no es nuevo, ya que desde un espacio participativo, como la Concertación Nacional para el Desarrollo (2007), no se produjo entre sus resultados ninguna alusión al desarrollo del modelo extractivo minero en el país, plasmando por el contrario, lineamientos y objetivos no compatibles con el desarrollo de esta actividad.
Más recientemente, hace exactamente un año, ese consenso pudo observarse -a pesar de todos los obstáculos- en la llamada Mesa de Diálogo por el Desarrollo Responsable de los Recursos Minerales en Panamá, organizada por el Centro Nacional de Producción Más Limpia y de la cual participamos en apoyo a las comunidades organizadas en contra del modelo extractivo minero. La mesa se vendió y se sigue vendiendo como un espacio de intercambio democrático entre sectores, pero fueron públicas las denuncias de sesgo en la composición del espacio, en los tiempos otorgados a los expositores, en los criterios de valoración que privilegiaron el enfoque economicista, sin considerar los costos sociales y ambientales, descartando otros enfoques como secundarios. Solamente tras asegurar el control casi total de ese espacio por representantes de sectores afines a la actividad minera, pudieron sus organizadores señalar la existencia de acuerdos sobre asuntos accesorios, nunca sobre el eje de la discusión: la necesidad y conveniencia de imponer el modelo extractivo minero en Panamá.
De más está decir que, por lo tanto, el impulso al desarrollo de la minería en Panamá no surge de ninguna iniciativa de origen popular. Todos los datos apuntan a que la propuesta de implantar el modelo extractivo minero en Panamá tiene raíces muy delimitadas, no vinculadas a ningún interés público, social o comunitario, muy relacionadas con el interés privado local y transnacional, resultando así una imposición contraria al deber ser democrático dentro del Estado de Panamá.
El modelo extractivo minero es un problema de poder y por tanto político, es imposible despolitizarlo. Toda pretensión de no politizar o despolitizar un tema cruzado por relaciones de poder en toda su extensión, empezando por la posición del Estado, ente político por excelencia, como titular de derechos, las empresas y grupos de poder económico, las comunidades y organizaciones ambientalistas, es un intento de desarticulación y debilitamiento de las posiciones en contra del modelo extractivo minero.
Además, es necesario ver el problema desde el debate sobre el concepto mismo de desarrollo y alternativas al modelo de desarrollo, también desde una perspectiva de derechos humanos, dando a la política un contenido de derechos humanos, como garantías a la dignidad humana y límites al ejercicio del poder.
Considerando lo antes expuesto, la vía de resolución democrática del problema público sobre el modelo extractivo minero, es la declaración de una moratoria a la actividad, que permita ampliar el debate, revisar experiencias y fortalecer normas e instituciones sin el peligro de mayores afectaciones al ambiente y la vida.
El modelo extractivo minero es un problema de derechos humanos desde el escenario condicionado en el cual se pretenden ejecutar o ejecutan los proyectos, ya que aprovechan la desatención de las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales, además de la desigualdad en las condiciones de ejercicio de los derechos civiles y políticos entre distintos grupos sociales, para promover una imagen de responsabilidad social que satisface necesidades de la población.
En ese sentido, es falso que las empresas mineras desarrollen infraestructura de carreteras para las comunidades, hacen carreteras para que transiten los equipos y el personal de las empresas mineras. Es falso que atiendan el derecho a la salud o educación de las comunidades, cuando lo que hacen es mercadeo con la pobreza, deducible de impuestos, contaminando el ambiente y desmejorando a corto, mediano y largo plazo la salud y las condiciones de vida de la gente. Es falso que resuelvan el problema de trabajo, cuando hemos sido testigos del sinnúmero de conflictos a causa del irrespeto a los derechos laborales por parte de las empresas mineras.
El modelo extractivo minero es un problema de derechos humanos en cuanto a las formas o procedimientos, al incumplirse los derechos a la participación en los asuntos de interés público, tanto en la elaboración de políticas y legislaciones en la materia, como en los mecanismos existentes de participación y consulta ciudadana establecidos a través de la legislación sobre gobiernos locales y en las normas ambientales, que aparte de ser débiles, no vinculantes y desfavorables para los intereses de las organizaciones comunitarias, movimientos sociales y de sociedad civil ambiental, enfrentan los obstáculos, tanto en vía administrativa como judicial, en el derecho de acceso a la información como requisito de una participación informada, efectiva y en igualdad de condiciones.
El modelo extractivo minero es un problema de derechos humanos en cuanto el fondo de la materia, implica afectaciones a los derechos a la propiedad privada, integridad personal, salud, vida y ambiente sano, con especial afectación a los derechos de grupos en condición de vulnerabilidad, como niños, niñas y adolescentes, mujeres y pueblos indígenas. También es frecuente la vulneración de los derechos civiles y políticos que ejercen los defensores de derechos humanos en contra del modelo.
Es falso que el modelo extractivo minero sea un factor de crecimiento económico dirigido al desarrollo social, ya que “si bien es cierto que los Estados reciben impuestos por la exportación minera, estos son pocos en relación a las ganancias que obtienen las empresas mineras, los recursos que le quitan a las poblaciones y las inversiones multimillonarias que el Estado tendrá que hacer para regenerar las condiciones deterioradas que la explotación minera dejara una vez que decida irse del país ”. Esta idea de desarrollo va en contra del ambiente, el agua, la salud, la alimentación, la integridad personal y la vida. El discurso de explotar para crecer, distribuir y combatir la pobreza ha demostrado ser una falacia sin la minería, no tiene por qué ser distinto con ella, al formar parte de un mismo sistema económico en el cual sus actores no tienen como finalidad garantizar derechos, sino la de acumular y reproducir capital.
Sobre la importancia del derecho a un ambiente sano, es necesario recordar que aunque la teoría de los derechos humanos se basa en principios como indivisibilidad e integralidad de un conjunto de derechos considerados de igual jerarquía e importancia, es evidente que el ambiente en general y la naturaleza en particular constituyen la base material de toda posibilidad humana, en lo económico, político y cultural.
Reiteramos entonces, que ni las condiciones, ni los procesos de toma de decisión, ni los efectos sociales, ecológicos y económicos del modelo extractivo minero son productos democráticos respetuoso de los derechos humanos, sino que reflejan la existencia de relaciones profundamente asimétricas de poder entre empresas mineras y comunidades, en lo que el papel del Estado no puede quedar reducido a asegurar la propiedad para la explotación y distribución de beneficios de acuerdo a intereses estrictamente privados.
Por eso expresamos nuestro apoyo a la iniciativa de moratoria como primer paso hacia la declaración del país como territorio libre de minería metálica a cielo abierto y solicitamos a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos que en su calidad de representantes electos por la población panameña, respondan al consenso mayoritario que existe en el país, en contra de la imposición del modelo extractivo minero en nuestro territorio.
1. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2011-2012. Equipo Regional de monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica. Consultado el 27 de octubre de 2014 en http://www.lwfcamerica.org/uploaded/content/category/1572914543.pdf
*Documento presentando en la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá. Miércoles 29 de octubre de 2014.
Por Voces Ecológicas Panamá, integrantes del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-.