El impacto ambiental de las industrias extractivas, como la minera y la petrolera, es una faceta opaca en México, como por ejemplo el uso de la fractura hidráulica, dijo a Sputnik Nóvosti Aroa de la Fuente, coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas.
La iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, impulsada por ese organismo regional ciudadano, ha puesto en la mira a la industria petrolera mexicana, tras el fin del monopolio estatal en el cual el único operador durante 77 años ha sido Petróleos Mexicanos (Pemex).
Expertos de organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales está Fundar, organismo con sede en Ciudad de México con un programa específico sobre el impacto de esas industrias, dirigido por De la Fuente, trabajan en un reporte que sea contemplado en una iniciativa que se prepara a nivel global.
Durante la última década, el organismo de expertos ha examinado los complejos reportes e ingresos de industria minera y petrolera de México –»analizamos la política ambiental de la industria extractiva hasta los mecanismos de los contratos»–, y esos estudios han sido presentados en el marco de la red regional de industrias extractivas recién reunida a principios de septiembre en la capital del país latinoamericano.
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Las empresas del sector son tan poderosas, que el tercer mexicano más rico es un empresario minero, según la lista Forbes: Alberto Bailleres, quien con una fortuna de 12.400 millones de dólares que lo coloca en la posición 90 de la lista global de millonarios, ha debutado fundando una empresa nueva petrolera mexicana.
En ese esfuerzo, las ONG han emprendido una campaña para mejorar acceso público a la información de impacto ambiental de los proyectos de esas industrias.
«La lectura general que hacemos es que hay avances en materia de transparencia en los ingresos de algunos países sobre esos contratos; pero mucha información no está publicada en forma comprensible, solo para el dominio de los expertos», lamenta la especialista.
México, por ahora, sale mejor posicionado que otros países, porque antes la única empresa que operaba en la industria petrolera era Pemex, «sin embargo, la calificación varía en relación con las empresas privadas que son más opacas, ofrecen menos información apegada a los estándares de transparencia, además, antes se valoraba el marco legal mexicano, pero no se evaluaba su implementación».
En general el sector petrolero es más transparente que el sector minero, porque desde 1938 había sido estatal, en cambio la minería con predominio privado «tiene muchos más candados» que dificultan la observación, porque el sector empresarial no estatal está menos regulado.
El propósito es «transparentar el sector extractivo, uno de los más opacos en la región, y fortalecer las capacidades ciudadanas, para hacer un mejor monitoreo, con incidencia en las políticas públicas», explica la especialista.
El foco de los organismos de la sociedad está, por ejemplo, en que los ingresos de esas empresas paguen derechos justos, que sean públicos, y no atenten contra los intereses nacionales.
Existen por ejemplo dos candados que cierran las puertas a la vigilancia ciudadana independiente, uno está en el código fiscal federal que establece el secreto fiscal.
«Se ignoran los pagos de las empresas por cada proyecto al Gobierno, ni cuánto genera cada proyecto o empresa, es el secreto a los impuestos sobre la renta que generan las empresas privadas».
En efecto, la ley minera establece confidencialidad de los volúmenes de producción de cada empresa: «Eso hace muy difícil saber si el pago es razonable o no, se conoce el detalle de su producción y hacia donde lo envían, es secreto por ley, es legal».
El otro candado está en los estudios de impacto ambiental que las empresas elaboran, sobre sus afectaciones a los ecosistemas: el organismo de vigilancia de los recursos naturales del Gobierno, la Semarnat, no hace esos estudios con recursos propios.
En el desértico estado de Sonora, fronterizo con EEUU, por ejemplo, donde opera el poderoso Grupo Minero, no existe claridad sobre la cantidad y el destino de los residuos que generan los proyectos mineros, tampoco si están siendo tratados.
«Algunas veces el Gobierno hace los estudios por presión ciudadana; pero en general se basa en información de las empresas, que subcontratan a consultoras especializadas», sin una valoración neutral y objetiva, que genera falta de información confiable.
La reforma energética ha creado una nueva agencia de seguridad industrial y protección al ambiente para todos los permisos a las explotaciones de hidrocarburos, que «debilita a Semarnat, porque la convierte en una ventanilla única federal, y frena la gestión social local que permitía a la gente en las comunidades vigilar y frenar proyectos con permisos mal emitidos o contaminantes».
Finalmente está el ejemplo de los permisos a uso de la fractura hidráulica desarrollada en EEUU para extraer hidrocarburos de rocas herméticas o de esquisto, que en la nueva ley han sido autorizadas en bloque.
En los reservorios rocosos en tierra de Chicontepec (sureste) y Coahuila y Tamaulipas (en el norte) fronterizos con Texas –donde ya se aplica esa técnica–, se requiere aplicar técnicas de fractura hidráulica.
«Allí se desconoce la cantidad de agua, energía y químicos para desintegrar las rocas y extraer el hidrocarburo, por eso impulsamos una ley para prohibirla», puntualiza.
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