Con el proyecto aprobado en Diputados y ahora a consideración del Senado, el gobierno está lanzando sus últimos cartuchos para justificar una ley de minería de gran porte que ha quedado atada sin remedio al proyecto minero de Aratirí, que perdió el apoyo multipartidario que había logrado en 2011 y enfrenta una creciente resistencia en amplios sectores de la población.
Víctor L. Bacchetta
«Cuatro empresas mineras analizan instalarse en el país». Con esta afirmación, el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, salió a la prensa en la última semana para apoyar el proyecto de ley de minería de gran porte a consideración del Parlamento, dando a entender que esos proyectos de minería auguran un futuro brillante para el Uruguay.
Es nuestro deber decir, en primer lugar, que esa afirmación del ministro es engañosa porque no identifica cuáles serían esas empresas y sus proyectos y, en segundo lugar, que la afirmación no tiene bases sólidas porque, sencillamente, Uruguay no posee riquezas minerales metalíferas (sobre todo hierro y oro) como para justificar tal número de proyectos en gran escala(1).
Las reservas minerales del país fueron estudiadas exhaustivamente a lo largo del siglo pasado, incluso por misiones técnicas de Naciones Unidas. Estudios recientes pueden aportar nuevas estimaciones del volumen, pero no pueden modificar las características fundamentales de los yacimientos conocidos ni pueden hallar nuevos. La estructura geológica no camina.
En hierro existen dos yacimientos significativos en Uruguay: el de Valentines, que Aratirí pretende explotar a un ritmo de 18 millones de toneladas anuales de hierro concentrado durante 12 años; y el de Zapucay, en Rivera, donde Ferrominas S.A. se propone producir 1,2 millones de toneladas anuales de pellets por 20 años(2), o sea, de una escala 10 veces menor que el primero.
Y en oro hay unas decenas de yacimientos pequeños y de bajo tenor. El único emprendimiento de mediana envergadura es el de Orosur en Rivera. Desde hace años, Orosur viene explorando en nueve departamentos, ya comenzó la extracción en Florida y proyecta hacerlo en otros lugares, aprovechando la capacidad ociosa de la planta de procesamiento de Minas de Corrales.
Ministro, ¿dónde están y de quién son los otros proyectos de minería de gran porte?
El auge minero del Uruguay
En realidad, afirmar que cuatro empresas mineras analizan instalarse en el país no dice mucho porque, si vamos a los registros de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige), hay decenas de empresas con solicitudes de prospección. El mismo Kreimerman dijo en 2011 en el Parlamento que había 3,5 millones de hectáreas pedidos para esas actividades.
Este auge de la minería en Uruguay está sustentado por una coyuntura del mercado internacional de alta especulación con el precio de los metales donde la cotización del hierro se multiplicó por cinco y la del oro más que se duplicó en los últimos años. Esto tiene diversas causas pero, como predomina el factor especulativo, se sabe que estas coyunturas son de corta duración.
Los yacimientos uruguayos, que a los precios históricos de los metales no eran rentables – nadie decidió extraer el hierro de Valentines y Minas de Corrales estuvo cerrada entre 1916 y 2003 -, pasaron ahora a ser apetecidos, incluso por empresas sin antecedentes mineros como Zamin Ferrous, pero esto no quiere decir que haya más recursos minerales de los conocidos.
Para esas empresas es un gran negocio explotar esos yacimientos con rapidez y en los mayores volúmenes posibles, para vender el metal mientras se mantengan esos altos precios. Esta es la esencia del proyecto minero de Aratirí, por eso el ritmo de extracción es desenfrenado y por eso necesita mineroducto y puerto de aguas profundas para sacar de inmediato el hierro.
Pero para Uruguay, por unos ingresos de corto alcance, se condenarían partes significativas del territorio, con poblaciones asentadas y capacidad productiva permanente, a su vaciamiento y destrucción definitivas, así como las zonas vecinas sufrirían la contaminación de los suelos y de los recursos hídricos inherente a este tipo de explotación minería a cielo abierto.
Por estas razones, la ley de minería de gran porte propuesta no se sustenta en el país real ni en una perspectiva de desarrollo sustentable y a largo plazo. En lugar de establecer normas de valor general, se pretende legislar para una situación coyuntural y en beneficio de una empresa extranjera, lo que conlleva además renunciamientos a la soberanía nacional.
Ley con nombre y apellido
Veamos solo dos aspectos que fundamentan esta afirmación. El Artículo 8 del proyecto establece que la producción de pellets no es parte de la actividad minera. Los pellets son unas pelotitas de 9 a 16mm de diámetro formadas por un concentrado del mineral de hierro y un aglutinante que, por su alto contenido de hierro y bajo contenido de impurezas se vende a mayor valor.
«No hay ninguna razón técnica o productiva para dejar los pellets fuera de la producción minera. Esta separación solo se hace con el objetivo de disminuir considerablemente la base impositiva del canon y del adicional del IRAE», señaló el experto chileno Julián Alcayaga Olivares en el foro sobre minería de gran porte realizado en nuestra capital el 7 de marzo último.
Aratirí ha sostenido con insistencia que el proceso de concentración es «industrialización» porque, si se acepta este criterio, su proyecto podrá acogerse a los incentivos del Estado para la actividad industrial. Entre el concentrado y el pellet solo dista la aglomeración, por lo que Aratirí podrá decir que producirá pellets y habrá logrado su objetivo. Pero esta no es la única ventaja.
Si el producto minero son los pellets, el canon y el impuesto adicional del IRAE se calculan a partir del precio del pellet. Si los pellets son un producto industrial, ese cálculo se hace sobre el precio de la roca sin procesar, que la propia Aratirí calcula que tiene un valor de cuatro a 20 veces menor que el concentrado de hierro. Es fácil calcular así cuánto ganaría Aratirí con esta ley.
Otro aspecto clave es el ritmo de la explotación. “No hay ninguna razón económica ni técnica que impida desarrollar una operación rentable de explotación de hierro con una tasa de extracción mucho menor”, alegó el profesor Raúl Viñas en todos los ámbitos posibles. Con una tasa de 1,5% del recurso, el proyecto duraría más de 65 años y no 12 años como propone Aratirí.
Esta postura no es contraria a la explotación minera, al enlentecerla busca reducir los impactos y dejar mayores beneficios al país. No se la atendió, como tampoco se atendieron las propuestas del PIT-CNT, el UNTMRA y otros para promover una industria siderúrgica. Por eso se puede afirmar que no es una ley sobre la minería de gran porte sino una ley para Aratirí.
Que son viables otras formas de explotar el hierro uruguayo lo evidencia el Proyecto Zapucay que, con un ritmo de producción 15 veces menor, extraería 1,2 millones de tpa (toneladas por año) de pellets, destinando 630.000 tpa a producir 420.000 tpa de arrabio y el resto a la exportación(2). El arrabio sí es un producto industrial que requiere un tratamiento en altos hornos.
Maniobras diversionistas
Las declaraciones del ministro Kreimerman sobre el futuro de la minería en Uruguay no son más que una reiteración de su predisposición a encubrir la naturaleza de la opción planteada al país, como cuando sostuvo que los cráteres de Aratirí serían rellenados con tierra y restaurada la actividad precedente, desmentido por el Estudio de Impacto Ambiental de la minera.
A lo largo de la discusión, se ha querido atribuirle a la ley un alcance mayor, para hacer creer que la propuesta de Aratirí no está sola y que existen otros proyectos semejantes, pero la condición única de este proyecto se reafirma una y otra vez por boca de sus defensores, como cuando la Presidencia plantea que es el requisito para viabilizar el puerto de aguas profundas.
Otro ejemplo de las cortinas de humo lanzadas para evadir la responsabilidad política de brindar el apoyo a esta ley lo dio el diputado nacionalista José Carlos Cardoso al decir: «Si hay minería en Uruguay o no, no es tema del Parlamento». Cardoso especula con la ignorancia de la audiencia. Es obvio que es el gobierno quien decide, pero antes debe tener una ley que lo faculte.
Resulta infructuoso el esfuerzo del diputado Cardoso por desvincularse de las implicaciones del proyecto de ley que habilita esas condiciones especiales para la minería de gran porte, cuando sectores mayoritarios del Partido Nacional al que pertenece han decidido no acompañar esta ley precisamente para no aparecer involucrados en un acuerdo con la empresa Aratirí.
Al humo se agregaron fuegos artificiales con las declaraciones del gerente Fernando Puntigliano diciendo que la ley tal como está «desestimula la inversión» y que la empresa minera «reexamina la ecuación financiera del proyecto». Difícil de creer: en julio de 2012, Presidencia reveló que el gobierno y Aratirí trabajaban juntos en el proyecto de ley de minería de gran porte(3).
La ley de minería de gran porte será aprobada probablemente solo con los votos del oficialismo. Para una actividad económica de alto impacto ambiental y social, con beneficios de corto alcance y perjuicios de largo plazo, que ha generado manifestaciones de resistencia sin precedentes en nuestra sociedad, esta ley nace carente de apoyos políticos y de respaldo popular,
Notas
(1) «Recursos minerales del Uruguay», de Jorge Bossi y Rosa Navarro, Capítulo 7, «Minerales metálicos». Versión año 2000.
(2) Proyecto Zapucay, Gladiator Resources Limited – Ferrominas S.A. «Comunicación de Proyecto – Tomo 1», Marzo de 2012. Expediente de la Dinama.
(3) Declaraciones del Secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, en el diario El Observador, edición del 17 de julio de 2012.