http://www.prensalibre.com, 3 de diciembre 2010
“Yo exijo justicia” fueron las primeras palabras que escuché decir con fuerza a Angélica Choc, antes de romper en llanto mientras narraba cómo las fuerzas de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la minera canadiense HudBay Minerals, asesinaron a machetazos y remataron con un balazo a su esposo. Adolfo Ich era un dirigente de una comunidad maya q’eqchi’, cuyo crimen fue oponerse a la minería por los daños y las violaciones a los derechos humanos que esta causa en su comunidad. Aunque en Guatemala hay un proceso penal por ese caso, Angélica Choc ha presentado una demanda en la Corte Superior de Toronto, Canadá, porque sabe que aquí no va a encontrar justicia, y eso es lo que ella decidió buscar. La viuda de un profesor, que fue brutal y cobardemente perseguido, salvajemente golpeado y asesinado, solo pide ser escuchada; el hombre que dejó huérfanos a sus hijos goza de libertad, defendido por abogados que se desplazan en helicóptero, pagados por la empresa. “Aquí todo queda impune”, dice, con toda razón, la viuda de Adolfo Ich.
La desesperación de esta mujer es un sentimiento demasiado común entre la población guatemalteca. La violencia entre la que vivimos nos impide ver que nos hemos acostumbrado tanto a la cultura de la muerte que ya ni ante el asesinato nos indignamos. La gran mayoría de la población se siente absolutamente indefensa ante un Estado que en lugar de garantizar sus derechos está al servicio de los poderosos. Las atrocidades asociadas a la industria minera, que se cometen en contra del pueblo y el territorio de Guatemala, cuentan con el apoyo y la complicidad solapada de instituciones y sectores importantes, y lo más perverso es que se han asegurado que jamás se hará justicia.
El tema de la minería no aflige a toda la población guatemalteca, el tema de la impunidad sí, pero ambos están conectados precisamente por la forma en que operan. Los funcionarios de gobierno han sido indiferentes, indolentes e ineficaces ante los reclamos de justicia presentados por los afectados por la minería metálica, incluyendo las órdenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; sus actuaciones son muy similares a las conductas —retardos, fallos, “lapsus”— de funcionarios y otros “actores” que impiden que culminen con éxito procesos vitales para que se logre justicia. Nuestro “sistema de justicia” nunca ha funcionado, la pretensión es matar toda posibilidad de que alguna vez funcione: justicidio doloso. La Cicig tiene que estar haciendo muy bien su trabajo, para que le dediquen tanto tiempo y tantos recursos a desprestigiarla; como hace Estados Unidos con Julian Asssange acusándolo de escándalo sexual por haber entregado información a la masa engañada. Los poderosos suelen demoler la credibilidad de quien les causa problemas.
Lo que no podemos permitir a quienes financian y participan en este circo es que se desvíe la atención de la sociedad guatemalteca del tema principal: cómo eliminamos esta cultura de la muerte y construimos una cultura de justicia. El trabajo de la Cicig es importante, pero esta desaparecerá en cuanto termine su misión en Guatemala. Y nosotros ¿nos vamos a quedar con este sistema de justicia manipulado por los sectores más oscurantistas de nuestro país? ¿O vamos a reaccionar, como Angélica Choc, para exigir justicia y participar en la construcción de una Guatemala justa y solidaria?