Desde la consulta comunitaria a la inconstitucionalidad de la ley de minería.
Un hilo fuerte, solido, espeso conecta el movimiento de las consultas comunitarias a la acción de inconstitucionalidad general y total de la ley de minería expuesta el 20 de Julio del 2012.
Este hilo es formado por la lucha del pueblo Maya, por la voz de sus líderes y lideresas, por su voluntad expresada en más de 60 consultas comunitarias. En cada uno de estos eventos se ha subrayado la necesidad de eliminar la ley de minería. Esta necesidad se manifestó aun mas fuerte durante la visita del Relator especial para la situación y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de la ONU, el profesor James Anaya el 17 de Junio 2010 a Zaculeu (Huehuetenango), antigua capital del imperio Maya Mam, donde el relator habló sobre la obligación del Estado Guatemalteco de respetar los convenios internacionales ratificados. Desde Zaculeu y aun antes desde la idea del pueblo de eliminar una de las causas máximas del saqueo de sus tierras y territorios, la comisión jurídica del CPO empezó a analizar la ley de minería, con el fin de encontrar la figura jurídica que podría permitir la expulsión de dicha ley del ordenamiento jurídico nacional.
Este proceso de estudio y de análisis jurídico, más la firme voluntad del pueblo expresada en varias y constantes acciones democráticas, llevo a cabo la acción de inconstitucionalidad interpuesta el 12 de Marzo del 2012, por el Consejo de Pueblos de Occidente.
Desde entonces parte fundamental de la estrategia fue la internacionalización de la acción constitucional para que la comunidad internacional tomara su responsabilidad en el cumplimento de los derechos reconocidos en los convenios. Sucesivamente tuvo lugar en Totonicapán el 13 de Marzo cuando frente a miles de líderes comunitarios fue entregado a la Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos Sra. Navi Pillay, el memorial de inconstitucionalidad total contra la ley de minería. El segundo fueron unas series de reuniones que la comisión jurídica tuvo con varias embajadas internacionales, sobre todo con aquellas que tienen una cultura a favor de los derechos humanos y también con varias agencias de cooperación. Esta firme voluntad por parte del CPO de internacionalizar la acción jurídica al fin de implicar más actores posibles y garantizar así la mayor trasparencia posible durante el proceso de aceptación por parte de la CC de la acción de inconstitucionalidad, dio como resultado la difusión de una carta abierta escrita por CIDSE (alianza internacional de organizaciones católicas para el desarrollo) al presidente de la Corte de Constitucionalidad.
En la cual se resaltaba la importancia por parte del Estado Guatemalteco de garantizar el cumplimento de los convenios internacionales ratificados por el mismo Estado.
A pesar de estas acciones y no obstante el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida, la Corte de Constitucionalidad seguía guardando silencio, hasta que después de una rueda de prensa por parte del CPO en el territorio de Sololá para exigir a la CC darle tramite a la acción de inconstitucionalidad interpuesta, fue notificado el 11 de abril la aceptación del mismo.
Una vez aun el pueblo maya había demostrado su sabiduría y su profundo respeto por las reglas democráticas, porque en lugar de dar vida a acciones de protestas frente al silencio de la CC, solo demandó en conferencia de prensa que la Corte de Constitucionalidad cumpliera con el procedimiento establecido en la Constitución Política de la República, Nuevamente pero, después la notificación del 11 Abril, fue necesaria una acción de la comisión jurídica que siguiendo el mandato que el pueblo le había entregado, fue a solicitar a la CC para que se pudiera dar fecha al día para la vista pública.
Después de más de dos meses de silencio, la Corte de Constitucionalidad dio fecha para la vista pública el día 19 de Julio de 2012.
Pero repentinamente dos días antes de la fecha notificada para la vista pública, y durante la entrega del “amicus curiae”(análisis jurídica que demuestra la inconstitucionalidad de la ley de minería frente a los instrumentos de derechos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala y producido por FIAN Internacional) fue trasladada la vista pública un día después de la fecha prevista, las razones aun las desconocemos. Dos cosas sobre todo llaman más la atención sobre este hecho.
La primera es que el cambio de fecha fue decidido por la CC el día 21 de Junio y que solo el 17 de Julio una tercera parte en el proceso recibió ratificación. El otro punto que destaca fue que al CPO, primer interponerte de la acción de inconstitucionalidad, solo en la tarde del miércoles 18 de Julio fue notificado este cambio de fecha. Otra vez el pueblo demostró paciencia y su capacidad de reacción frente a estos juegos irrespetuosos. Así después más de 3 meses, llegó el 20 de Julio. Sin embargo, aun en esta mañana histórica, tuvieron que perseverar frente al enésima muestra de trato desigual que tuvo lugar en sus confrontes.
Mientras que los representantes del CACIF estaban cómodamente sentados en una sala de la CC (entrando saber por donde) esperando el comienzo de la vista pública (el acto empezó con más de una hora de demora) las y los delegados del pueblo, sus representantes legales y espirituales fueron obligados a esperar en la calle.
(Ver: http://www.ustream.tv/recorded/24121986)
De todo esto surge una pregunta: ¿de qué tendrán miedo?
Aquel fuego político y democrático nacido con las consultas comunitarias sigue ardiendo y cada día es aun más fuerte, unitario y seguro de su autoridad.
Lo demostrado el día viernes 20 de julio de 2012 en la sala de debates de la Corte de Constitucionalidad, por el Consejo de Pueblos de Occidente solo puede clasificarse como la madurez de un pueblo que sabe lo que quiere, que aprendió de errores pasados y de un pueblo que está dispuesto a respetar las reglas del juego democrático para conseguir llegar hasta el fin último que consiste, simple y llanamente, en obtener el buen vivir para todos y todas las personas que tenemos la dicha de vivir en este sagrado suelo que nos acoge.
La demostración de unidad llevada a cabo por las comunidades agrupadas en el Consejo de Pueblos de Occidente significa varias cosas. Una que la cultura indígena, la herencia de un saber milenario sigue más vivo que nunca. Dos, que la cuestión de defensa de derechos no es una cuestión de colores de partidos ni de tendencias políticas es la respuesta, clara y contundente, de lo que se entiende por desarrollo para los pueblos de este país. Tres que al igual que existen derechos existen obligaciones y que estas pasan por mantener la herencia de la tierra, defender el territorio y construir la verdadera paz, basada en el respeto a la identidad de los diferentes pueblos que forman nuestra Madre Tierra.
Así pues desde COPAE continuaremos con el apoyo a la defensa del territorio porque entendemos que nuestra relación con el planeta y todo lo que él contiene ha de ser simbiótica, respetando las diferentes creencias y forma de pensar, alejando imposiciones y sobre todo entendiendo que el ser humano es administrador del mundo. Y por consiguiente debe velar por él.
El buen vivir es nuestro derecho, ¡defendámoslo!