El 81% que define el futuro
Desde mediados del año 2002, paulatinamente los vecinos fuimos informándonos y confluyendo en foros, reuniones y asambleas iniciando un ciclo de movilización social e información sobre la actividad minera a gran escala y sus perjuicios ambientales, económicos y sociales.
Ante la posición cómplice de los gobiernos provincial y municipal, la masiva movilización de los vecinos forzó el llamado a una consulta popular para el 23 de marzo del 2003.
El resultado arrasador en contra del emprendimiento minero sacudió todas las estructuras: el intendente y el gobernador recibieron un golpe que no olvidarán y la empresa –al día siguiente- vio caer a pique el valor de sus acciones en la bolsa de Nueva York.
Por obra de la masiva participación de los esquelenses y los abrumadores resultados del «no» en las consultas populares que organizaron los vecinos de Trevelin, Epuyen y Lago Puelo, el plebiscito se transforma en vinculante y proyecta su influencia en toda la provincia y el resto del país.
Para los vecinos, la empresa debe abandonar el proyecto e irse y exigen a los gobiernos provincial y municipal para que accionen sin vueltas en el mismo sentido que la decisión popular.
Amparo ambiental para defender lo nuestro
En diciembre del 2002 una joven vecina de Esquel con el apoyo de dos abogados locales, presenta un amparo ambiental para frenar el emprendimiento. El juez concede en febrero del 2003 el amparo ambiental y lo confirma primero la Cámara Civil y finalmente el Superior Tribunal de Justicia provincial.
La minera inmediatamente después de la consulta popular manifestaba que «respetaría la decisión del pueblo de Esquel» pero apeló el amparo en todas las instancias de la justicia de la provincia y lleva su «recurso de queja» a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, en un durísimo revés para todo el sector minero, la Suprema Corte rechazó el cuestionamiento de la minera y dejó firme la decisión de la justicia local, argumentando -entre otros aspectos- la plena vigencia del Art.41 de la Constitución Nacional y ratificando la potestad de las provincias para prohibir la actividad minera a gran escala y el uso de tóxicos. Ver el texto de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Los vecinos alertando y resistiendo
Los vecinos de Esquel informan a diferentes comunidades y alientan su organización para frenar otros emprendimientos. En Río Negro, Santa Cruz, San Juan, La Rioja, Córdoba, Salta, Jujuy, Buenos Aires, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán, y Catamarca los vecinos, campesinos, pueblos originarios y productores se levantan contra proyectos mineros, denuncian a los gobiernos por su complicidad con las empresas y rechazan las leyes mineras.
Se frustró el descabellado intento de llevar a juicio a seis vecinos de Esquel (entre ellos dos periodistas) por difundir una grabación de una reunión de los directivos locales y extranjeros de la minera, en la cual planeaban «torcer la voluntad de Esquel». La justicia correccional federal de la ciudad de Buenos Aires sobreseyó a los imputados y ratificó el derecho a la defensa del medio ambiente y la difusión de aquella alerta.
Los gobiernos y las mineras en permanente contacto
La administración provincial de Mario Das Neves y actualmente la de Martín Buzzi no han ejecutado ninguna medida de gobierno en igual dirección que la decisión de los esquelenses. La minera canadiense Meridian Gold, que en el 2007 fue comprada por Yamana Gold, suspendió sus actividades pero aún tiene la concesión legal del yacimiento que pretendió explotar en el Cordón Esquel y -según todos los datos- la intención de explotarlo.
Ante las presiones de las empresas mineras, los funcionarios chubutenses anuncian que no se hará la mina en Esquel pero aceptan la megaminería en el resto de las regiones de Chubut. El claro posicionamiento a favor de la megaminería del gobierno nacional en conjunto con el poderoso lobby de mineras y la extendida sequía que padece la amplia región de la meseta chubutense, moldea el discurso del gobierno provincial que plantea la necesidad de realizar un debate sobre la factibilidad de hacer minería a gran escala.
Está prohibido pero…
Después de la consulta popular se sancionó una ley prohibiendo en Chubut la minería metalífera a cielo abierto y el uso de tóxicos (Ley 5001). Sin embargo, con permiso del gobierno se hacen numerosas exploraciones metalíferas en la meseta chubutense que es la región más árida y donde el agua es más escasa.
Los caballitos de batalla son los mismos que usan las mineras: los puestos de trabajo bajo la excusa del «desarrollo», cuando sabemos que ni unos ni el otro se logran con la minería.
El intendente Rafael Williams, tampoco accionó en línea con el reclamo del pueblo. Son múltiples sus declaraciones públicas a favor de la actividad minera a gran escala a la vez que señala su respeto por la decisión tomada por el pueblo de Esquel. Lejos de ser una contradicción, forman parte de una gestión que se caracteriza por la inacción para consolidar las actuales actividades económicas y fomentar y desarrollar decididamente nuevas actividades sustentables para la ciudad y su extenso ejido municipal.
En definitiva, el emprendimiento minero está detenido por la movilización de los esquelenses y por el amparo ambiental dictado por la justicia. Nada han hecho los gobiernos para hacer efectiva la determinación de la población.
Chubutenses de primera y de segunda clase
Por otra parte, en Junio de 2006 la Legislatura Provincial aprobó un proyecto del Ejecutivo suspendiendo por 36 meses la actividad minera metalífera en una porción de la cordillera chubutense. Esta ley no prohíbe, sino que permite, habilitando el saqueo y la contaminación en el resto del territorio provincial haciendo que los permisos mineros en la provincia abarquen un 20% de la superficie provincial.
Tanto durante el gobierno de Mario Das Neves como actualmente el gobernador Martín Buzzi, han anunciado de manera más o menos explícita, que pretenden habilitar la mayor parte del territorio para la actividad minera a gran escala. Este fraccionamiento de la provincia crearía «zonas de sacrificio» a favor de las mineras y definiría que en Chubut hay ciudadanos de primera y de segunda clase. El agua de todos está bajo amenaza.
Casi 100 comunidades en contra de esta minería
A partir del rechazo a la minería en esta región, por los altísimos riesgos ambientales y por tratarse de un saqueo para el país y la región, en distintos puntos del país se fueron sumando reacciones y ahora cerca de un centenar de localidades de 13 provincias argentinas están movilizadas oponiéndose o resistiendo la minería metalífera a gran escala.
Ver también ¿Cuál es la situación actual del conflicto minero en Esquel; y más detalles del preceso en : noalamina.org