Desde el 06.10.2010 1672 personas han participado en la protesta
La indecisión del Estado guatemalteco para hacer cumplir estas medidas cautelares es la causa de que los responsables de la mina se permiten seguir operando. Las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán situadas en las proximidades continúan sufriendo las actividades mineras. El 10 de agosto 2010 Montana Exploradora de Guatemala, S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp Inc., fue notificada del inicio del proceso administrativo de suspensión de sus operaciones, un día después el 11 de agosto comenzó a realizar las descargas del agua contaminada de la mina subterránea de la mina Marlin, y hace unos días inició las descargas del dique de colas donde se concentra el agua cianurada mezclada con diversos químicos y metales producto del proceso industrial en la extracción del oro y la plata.
El interminable proceso administrativo para hacer cumplir con las medidas de la CIDH continúa su trámite por lo menos hasta noviembre, según publicó el Ministro de Energía y Minas. Se dice que el retraso se debería al tiempo que necesita la empresa para llevar a cabo las descargas contaminantes.
Las empresas están obligadas a cumplir con el derecho internacional. Realizar las descargas en pleno proceso de suspensión derivado del derecho internacional interamericano significa violentar las normas básicas de los derechos humanos. El Estado está en la obligación de velar por el cumplimiento de la diligencia debida de la empresa, procediendo a las sanciones administrativas, civiles y penales por violación a los derechos humanos. De no hacerlo, se convierte en cómplice.
Para solidarizarse con los afectados pueden leer, firmar y mandar la carta adjunta al Presidente de la República de Guatemala y otros ministros. Acciones como esta ayudan a fortaler los derechos humanos, ambientales y comunitarios en Guatemala (www.salvalaselva.org).