Por Alfonso Guillén Vicente*
con la colaboración de María Ivette Aragón Armenta
Al igual que en otras entidades del país, la minería a cielo abierto para la explotación del oro toca a las puertas de la media península. Hasta el momento de escribir estas líneas no ha podido entrar en la vida de los sudcalifornianos, gracias a la resistencia de amplios sectores sociales; pero también por su inevitable choque contra importantes sectores económicos que hoy manejan el timón de la nave calisureña y por su real amenaza a un recurso vital y escaso en la región: el agua.
El esfuerzo más reciente de las mineras canadienses para quedarse con el mineral áureo de la zona minera de San Antonio, en el municipio de La Paz, se pone en evidencia cuando la Minera La Pitalla logra que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordene a la Semarnat a tramitar de nuevo la solicitud de cambio de uso de suelo del área de su interés, negada con anterioridad en virtud de que la empresa no acreditó el dominio pleno de dos terrenos adquiridos para la explotación.1
Cuando la media península nació a la vida económica y social, en el siglo XVIII, la actividad extractiva ocupó la atención de sus escasos pobladores. En los albores del siglo veintiuno, en una tercera vuelta, volverían los capitales extranjeros, esta vez los canadienses, a la zona de San Antonio, dotados de más experiencia, tecnologías muy probadas y con un precio del oro en el mercado mundial por las nubes.
El interés del capital extranjero en la minería de México se vio fortalecido por la aplicación de la ley minera, reformada en 1992, que “promueve las concesiones a particulares y la identificación de nuevos yacimientos por periodos de seis años. Mientras tanto, los derechos de explotación se otorgan hasta por 50 años con posibilidades de reanudación por el mismo lapso de tiempo, con el fin de buscar la diversificación de la producción y el incremento de la competitividad de las empresas mineras”.2 Si a esto le sumamos los beneficios que les aporta la Ley de Inversión Extranjera, no extraña la gran cantidad de compañías que en este renglón aparecen con el 100 por ciento de capital proveniente del exterior.
Los proyectos mineros a cielo abierto que se pretenden implantar en Sudcalifornia en los años recientes y la resistencia social que han enfrentado, principalmente de parte de organizaciones como Agua vale más que oro, Sociedad de Historia Natural Niparajá, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Medio Ambiente y Sociedad, A.C., han desarrollado intensas campañas entre la sociedad local y en los medios para ganar adeptos. La lucha que dura ya varios años permite hoy distinguir perfectamente los argumentos que contraponen los adversarios. Su listado es necesario para calibrar la calidad y cantidad de los misiles que se han lanzado de uno y de otro lado, sobre todo porque se trata de razones que inciden directamente sobre el nivel de vida, la salud y, sobre todo, el porvenir de una región que no tiene muchas opciones de desarrollo.
En fechas recientes, en una campaña casa por casa, las empresas mineras y sus aliados externos e internos han repartido un folleto titulado: “¡Que no le digan! ¡Que no le cuenten! La Verdad sobre la Minería”. En formato de comic, han apuntado lo que han denominado diez verdades sobre el tema. La verdad primera, señalan, es que “las minas no son un riesgo para la salud”, donde afirman que “nadie ha comprobado que perjudiquen a la salud”, y sobre el cianuro y el arsénico terminan afirmando que no son peligrosos “si tenemos medidas de seguridad correctas”. La segunda verdad se refiere a que “las minas subterráneas no son la tumba de los trabajadores”. La verdad número tres dice que “las minas de cielo abierto no son un gran peligro”, y sobre el polvo que se levanta argumentan que “se controla con riego” o “échale un poco de agua sobre tierra suelta y verás que ni con todo el viento se levanta”. En la verdad número cuatro subrayan que “no se utilizan residuos peligrosos y sin control”, y éstos se comparan con las sustancias que se usan en casa para la limpieza o en la cocina, “si se manejan con cuidado”. Su quinta verdad afirma que “la minería no es un riesgo para el medio ambiente, porque hay “quien repite cosas contra la minería que carecen de toda lógica”.
Las verdades de la seis a la diez parecen dirigidas a un público nacional y parecen postulados de la Cámara Minera o de la Canacintra, pues si “las minas benefician a muchos”, o si “apoyan el progreso de las comunidades” y “no explotan a sus trabajadores”, es algo que a lo mejor no cala en una región que hace muchísimos años dejó de vivir de la minería. A lo mejor “ser minero es un orgullo”, habría que preguntárselos a los coahuilenses o a los hidalguenses. Y finalmente, lo que no deja lugar a dudas es su décima verdad: “la minería tiene un gran futuro en México”.
Del otro lado del ring, Agua vale más que oro, en su página de internet, ha apuntado seis razones para calificar a la minería de oro a cielo abierto de “minería tóxica”. La primera es que “la minería de oro se sumamente contaminante y peligrosa”. Y dentro de esa razón coloca tres argumentos: el uso de químicos peligrosos como cianuro, arsénico y otros metales pesados; el polvo generado por las explosiones y la operación de la mina abarcaría los municipios de La Paz y Los Cabos; La Sierra de La Laguna, fuente del agua que se consume en todo el sur del estado, se vería amenazada por la contaminación generada por la minería a cielo abierto.
La segunda razón tiene que ver con que “la minería de oro a cielo abierto genera montañas de desperdicio tóxico”. Para extraer las cuarenta toneladas de oro durante la década que duraría el proyecto, la organización acusa que se tendrían que extraer 170 millones de toneladas de piedra de desecho. Esto sin contar las poco más de 110 millones de toneladas que extraería el proyecto denominado La Pitalla, también dentro del perímetro de influencia de la Sierra de La Laguna.
La tercera razón la apuntan al cráter de casi cien hectáreas que generaría el proyecto de la mina La Concordia-Los Cardones. La cuarta razón ya va referida a los conflictos sociales generados por la minería de oro a cielo abierto en otras partes del país y en el mundo.
La que nos parece la más importante en razón de los intereses económicos que se contrapondrían a los proyectos mineros en la entidad es la quinta, porque subraya un argumento que también maneja el gobierno del estado para oponerse a la minería de oro a cielo abierto. “El 80 por ciento de los sudcaliforniano directamente o indirectamente trabaja en empleos relacionados al turismo” indica Agua vale más que oro en su documento en versión electrónica. Y apunta un peligro real para la economía sudpeninsular: “La minería tóxica es tan agresiva para el medio ambiente que causaría una desacreditación de los destinos turísticos sudcalifornianos a nivel internacional”. Además, “automáticamente se perderían cerca de diez mil empleos permanentes en la agricultura orgánica a causa de la cancelación de los certificados orgánicos por la presencia de polvos contaminantes generados por las 40 a 80 toneladas de explosivos diarios en las minas”.
NOTAS:
1. La Jornada. 19 de enero de 2013, p. 14.
2. Costero, Cecilia. “Relaciones actuales México-Canadá en el sector minero”, en Revista Mexicana de Estudios Canadienses, Nueva Época, número 7, junio 2004, Culiacán, México, p. 18.ç.
*Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, aguivic@cpyap.zzn.com