Por primera vez, el 2 de octubre, una ciudad colombiana decidirá por medio de un referéndum si quiere o no explotación minera en su territorio. Para ello debe enfrentarse a enemigos poderosos. «La minera Anglo Gold invirtió más de 100 millones de dólares para ganarse la simpatía de la gente y de los políticos», dijo el alcalde de la ciudad colombiana de Ibagué. «Nosotros tenemos la soberanía sobre el suelo. La Nación la del subsuelo. Pero como para poder acceder al subsuelo es necesario pasar por la superficie, nosotros decidimos si el suelo se puede romper para proyectos de megaminería», explicó el Jaramillo.
«Cuando la pregunta de la consulta pasó al estudio del tribunal administrativo de Tolima para decidir sobre su constitucionalidad, Anglo Gold presentó argumentos en contra de su aprobación. Hace tres años puso a todos sus abogados a trabajar para detener la consulta popular que se hizo en un pequeño pueblo llamado Piedras, vecino de Ibagué, donde pensaban realizar el lavado con cianuro. Se hizo la consulta [en julio de 2013] y ganó el ‘no’ a la minería. Pero ellos la impugnaron. Hicieron lo mismo con el acuerdo del Consejo a favor de la consulta», dijo en exclusiva a Sputnik el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El proyecto minero La Colosa de la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti en Tolima es considerado como uno de los yacimientos mineros más grandes en todo el mundo. Se calcula que su potencial de extracción es de 800.000 onzas de oro al año. El proyecto está ubicado en la reserva forestal central y cabecera del río Coello, fuente de agua del 85% de los hogares de Ibagué y de los cultivos del departamento. Es por esto que el pueblo decidió ejercer su derecho ciudadano, y mediante el llamado a una consulta popular planea decirle ‘no’ a la minería a cielo abierto.
«Dependemos esencialmente del agua. En Ibagué tenemos una explotación agrícola y ganadera que depende del río Coello. Esta fuente de agua se vería directamente afectada con este proyecto. Nuestro modelo de desarrollo se basa en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Necesitamos el agua potable para la vida y el riego. Conocemos los estragos que hace la minería a cielo abierto. Nos oponemos de manera tajante a ello», remarcó Jaramillo.
Las acciones de la multinacional contra Piedras fueron solo el comienzo. «Han estado muy activos buscando alternativas. Ashanti ha recibido distintos apoyos, especialmente por la Procuraduría de la Nación. A principios de año cuando realizamos la propuesta, la Procuraduría vino y presentó su alegato en las discusiones del Consejo Municipal. Dijo que estábamos cometiendo prevaricato [delito en el cual incurren los funcionarios públicos cuando faltan a las obligaciones y deberes inherentes al cargo que desempeñan] y que si insistíamos íbamos a ser judicializados y destituidos. Ashanti es una multinacional poderosa. Ha invertido más de 100 millones de dólares, patrocina equipos de fútbol y actividades periodísticas. Con esto intenta ganarse la simpatía de la gente y de los políticos», afirmó el alcalde.
Una minería ilegal en Colombia
Además de hacer frente a las ambiciones de la compañía, Ibagué debe luchar contra una estrategia de expansión nacional. «El Gobierno tiene una política denominada de locomotoras. La minería es uno de esos motores. El impulso económico del país se basa en varios intereses. Uno de ellos es conseguir divisas a través de la minería a cielo abierto. Colombia exporta carbón y níquel. Esta la plantean como una de las minas más grandes del mundo. Por eso el Gobierno insiste en llegar a la fase de explotación de esta mina», explicó Jaramillo, quien asegura que esta batalla se debe librar expresando y respetando la voz del pueblo.
Desde los sectores que se oponen al proyecto han acordado resolver la situación dentro del marco de la democracia. «Existe un mecanismo de consulta. Pensamos que la mejor forma de resolver esta situación es darle entidad al pueblo para que se exprese», dijo el alcalde.
Luego del referéndum, el desafió de Ibagué será que su voluntad sea escuchada. Para ello, quizás, cuenten con un aliado. «Es cierto que la consulta no es vinculante. Pero en los últimos meses la Corte Constitucional ha definido que no habrá minería en nuestros páramos. La Corte acaba de refrendar que sobre el suelo deciden los municipios y departamentos. Nosotros tenemos la soberanía sobre el suelo. La Nación la del subsuelo. Pero como para poder acceder al subsuelo es necesario pasar por la superficie, nosotros decidimos si el suelo se puede romper para proyectos de megaminería», explicó el Jaramillo.
Pero todas estas cuestiones se resolverán recién el 2 de octubre. Ese día harán falta 130.000 votos sobre una población de 460.000 personas para que el referéndum sea ratificado. Hasta entonces el pueblo de Ibagué resiste.