17 de Julio 2012
Cientos de pobladores del distrito de Bambamarca marchan el pasado 11 de julio, por sus principales calles en protesta contra el proyecto minero Conga.
Ese grupo de ONGs ambientalistas, CooperAcción, Grufides y Fedepaz, acusa al Gobierno de aplicar un «manejo militar» en los últimos conflictos, como «la declaración de estados de emergencia, la militarización de las calles, y abusos de las fuerzas del orden que ya han provocado la muerte de 15 personas» en las protestas.
Desde hace cinco años, el Observatorio supervisa la actividad minera, principal industria peruana, en las regiones de Cuzco, Cajamarca, Junín, Apurímac y Piura ante el creciente clima de protestas sociales.
En su último análisis, afirmó hoy que los estudios de impacto ambiental, realizados para autorizar concesiones mineras y extractivas en Perú, son insuficientes y han quedado desfasados porque sólo permiten medir los impactos por cada proyecto, pero se desconoce lo que sucede en una misma zona cuando se piensa desarrollar dos o tres proyectos a gran escala a la vez.
Agrega que «es imprescindible contar con una política y una ley de Ordenamiento Territorial que regule el uso, la ocupación, la transformación del territorio y que propicie su uso sostenible».
Asimismo, se hace necesaria «la implementación de políticas de protección de cabeceras de cuenca y de zonas productoras de agua», una de las principales demandas de las poblaciones en las zonas de influencia de la actividad minera.
El informe del Observatorio señaló que Apurímac tiene el 58,8 % de su territorio con concesiones para la minería, la región Cajamarca el 48 %, Junín el 25,9 %, Piura el 31 % y Cuzco el 21 % de su geografía.
El caso de Cajamarca es uno de los ejemplos más representativos de la evolución de los conflictos mineros en Perú por la oposición de sus autoridades regionales al proyecto aurífero y cuprífero Conga, en el que la empresa Yanacocha planea extraer oro tras vaciar cuatro lagunas con una inversión de 4.800 millones de dólares.
Según el Observatorio, «de cómo se resuelva el conflicto en torno al proyecto Conga va a marcar la pauta respecto a otros conflictos», pues Humala se manifestó en campaña electoral a favor de respetar el agua, antes que el oro.
El informe recordó que el ministerio del Ambiente había reconocido «el impacto negativo que sufrirían las cabeceras de cuenca y la depredación de los ecosistemas frágiles» tras el estudio de impacto ambiental de Conga, pero que después fue desconocido por el Gobierno.
La actividad de Yanacocha en otros yacimientos de Cajamarca ha llevado «progreso» a esa región andina, pero en contraposición el 40% del valle ha desaparecido, hay racionamiento de agua y cada día crece la prostitución y la delincuencia, sostiene este informe.
La región con más concesiones mineras, Apurímac, tiene uno de los proyectos más importantes en extracción de cobre, Las Bambas, a cargo de la suiza Xstrata, pero las comunidades protestaron el año pasado porque no había generado el número de puestos de trabajo ofrecido.
En la región Cuzco, las autoridades del distrito de Espinar también protestaron contra Xstrata, que explota el yacimiento Tintaya, porque hay 28 personas contaminadas con mercurio, 24 con arsénico y 10 con valores de cadmio por encima del referencial.
En Junín, «no existe claridad sobre el futuro del complejo metalúrgico y la ciudad de La Oroya», a raíz de la liquidación de la empresa Doe Run que operaba en el lugar y la incapacidad del Estado para sancionarla por la contaminación causada, agrega el informe.