Petición ante la Secretaría de Economía por violaciones a las leyes minera y ambientales, fue presentada hace cinco días en el DF
• Las autoridades huicholas integradas en el Consejo Regional Wixárika, interpusieron el pasado 1 de marzo un recurso ante la Secretaría de Economía, “exigiendo la cancelación de siete concesiones mineras en las que de manera ilegal han realizado trabajos de exploración como parte del denominado Proyecto Universo, que abarca todo el bajío del territorio sagrado ceremonial de Wirikuta y que pone en riesgo varios de los principales altares donde el pueblo Wixárika acampa, reza, vela y realiza ceremonias en su peregrinación”, señaló ayer el presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, entidad asesora de los wixáricas, Carlos Chávez Reyes.
Al participar en una mesa de comentarios tras la presentación de los avances del documental, Huicholes, los últimos defensores del peyote, con que se inauguró la Muestra de Cine Socioambiental en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el abogado destacó que las siete concesiones mineras están en poder de la empresa canadiense Revolution Resources, inversionista de diversos concesionarios nacionales de los lotes mineros denominados: San Martín, La Presa 6, OH-3 , OH-2, La Guadalupana y Ampliación Universo. Sin los permisos ni autorizaciones en materia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo fueron encontrados trabajos de exploración en su modalidad de barrenaciones, socavones y zanjones.
En un comunicado difundido por el consejo, se abunda: “en un reporte dirigido a sus accionistas, la empresa Revolution Resources propuso la perforación de 52 puntos, de los cuales 16 se encuentran dentro del área natural protegida denominada Wirikuta. Es importante señalar que en los lugares referidos en el reporte en mención actualmente existen evidencias de actividades de exploración recientes y se detectó una profunda excavación en forma de tajo a cielo abierto que mide 60 metros de diámetro y una profundidad de trece metros y cuyos fines no están esclarecidos”.
La Ley Minera determina que las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por la comisión de alguna de las infracciones señaladas en dicha ley, entre las que se encuentran el de realizar “las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de áreas naturales protegidas, sin la autorización, permiso, o concesión de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes en los términos que señalen las disposiciones aplicables.
“También se solicita a la Secretaría de Economía la cancelación de aquellas concesiones en las que se ha documentado actividades sin los permisos y autorizaciones correspondientes, ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre el 17 y el 19 de noviembre y del 5 al 7 de diciembre del 2011 y del 11 al 13 de enero de 2012, obtuvo evidencias y testimonios que reflejan que si bien la empresa First Majestic Silver y su filial mexicana Minera Real Bonanza S.A. de C.V. no está realizando actividades estrictas de explotación, sí realiza actos que demuestran la preparación para la puesta en funcionamiento de la mina, como consta en la Recomendación 056/2012″, abunda el documento. La ley establece un término de 15 días hábiles para que el gobierno federal de respuesta a dicha solicitud, por lo que convocamos a permanecer alertas”, puntualizan.