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El 4 de abril de 2015, el Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez, junto con el Padre Carlos Castillo, se encontraban a las afueras de la capilla de la ciudad de Nejapa, esperando a que llegaron los asistentes a la celebración eucaristía, cuando dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se les acercaron. Los agentes empezaron a interrogarles a los dos y exigieron al Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez que se levantara la camisa para ver si tenía tatuajes o portaba armas. A pesar de que el defensor de derechos humanos se le identificó como sacerdote, la policía pidió refuerzos. Una patrulla llegó al sitio sin demora, con dos agentes más. Entonces el interrogatorio comenzó de nuevo, con un agente en particular que se dedicó a agredir verbalmente al Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez y a acusarlo de ser un pandillero retirado. Los agentes llamaron a la jefatura de policía y supuestamente hablaron con sus superiores. El Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez les explicó que es defensor de derechos humanos y que iba a denunciar el incidente ante las organizaciones internacionales. Finalmente, los agentes registraron el nombre del Padre y dijeron que no presentarían un informe a sus superiores si el mismo acordaba no presentar su denuncia.
En la actualidad, la mina de El Dorado a la que se oponen los activistas no se encuentra operativa, debido a la suspensión de actividades por existir un proceso judicial en curso. Inicialmente, dejó de operar debido a las protestas locales, y posteriormente el gobierno salvadoreño le negó a Pacific Rim el permiso a finales de 2008. Asimismo, el presidente Funes declaró su oposición al proyecto durante la campaña presidencial del año 2009. En respuesta, Pacific Rim inició un proceso de arbitraje contra el gobierno salvadoreño, solicitando millones de dólares en compensación. En noviembre de 2013 Pacific Rim fue adquirido por la empresa canadiense-australiana OceanaGold.
Front Line Defenders considera que el hostigamiento policial contra el Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez es consecuencia directa de su labor en defensa de los derechos humanos, particularmente del derecho a un medio ambiente sano. Front Line Defenders entiende que estos hechos forman parte de un patrón en curso de fuerte intimidación contra los/las defensores/as del medio ambiente en El Salvador, y desea manifestar su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de los/las defensores/as de los derechos humanos en la región de Cabañas, y la de sus familias.