12 de Abril 2011
Autoridades de Defomin piden nueva Ley de Minería
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Estado de Honduras está a punto de recuperar 64 millones de lempiras en concepto de impuestos que seis empresas mineras dejaron de pagar amparándose en un artículo que las exoneraba, pero que el sistema de justicia lo declaró inconstitucional.
El caso está en manos de los juzgados de lo Contencioso Administrativo y todo indica que, contrario a otras demandas, donde al Estado le toca las de perder, en esta ocasión la justicia le asiste, dijo Aldo Santos, titular de Defomin, dependencia de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
Las empresas involucradas son Entremares, que está a punto de abandonar operaciones en el valle de Siria; American Pacific Honduras (El Mochito), Minerales de Occidente (San Andrés, Copán), Eurocanteras (Lepaguare, Olancho), Cerros del Sur (El Corpus, Choluteca) y Agregados del Caribe (Puerto Cortés).
EL HERALDO denunció en exclusiva que estas compañías no pagaron impuestos porque se acogieron al artículo 74 de la Ley General de Minería, que establece que «todo equipo, maquinaria, respuestos y materiales necesarios utilizados en el desarrollo eficiente y económico de las operaciones mineras, con excepción de los derivados del petróleo y vehículos de carácter no productivo en la actividad minera, tendrán derecho a libre mercado, exentos del pago de impuestos de importación y derechos aduaneros, mientras se mantenga en vigencia la concesión, para tal fin el Reglamento de esta ley señalará el procedimiento de exoneración».
Santos recordó que este artículo fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 4 de octubre de 2006, resolución que fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 24 de noviembre de 2006.
La Procuraduría General de la República interpuso «demanda de lesividad al estado de Honduras» y pidió que el juzgado ordenara a Finanzas recuperar los 64,086,028.11 que las empresas mineras dejaron de pagar al Fisco.
El 4 de octubre de 2006 la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar la garantía de inconstitucionalidad por razón de fondo que incluía 13 artículos de la Ley General de Minería, incluyendo el polémico artículo 74, que comprendía las exoneraciones. La Procuraduría, según Defomín, documentó que la importación temporal libre de impuestos estuvo vigente hasta el 24 de noviembre de 2006 y en esa misma fecha fue publicado en La Gaceta el decreto de inconstitucionalidad.
Las autoridades de Defomin esperan que el Congreso Nacional apruebe la nueva Ley de Minería para regular, en función de los intereses del Estado, la actividad minera.