En el editorial anterior señalamos que se viene en el país un nuevo boom minero, con énfasis en la sierra sur peruana (Ayacucho y Apurímac, además de Arequipa), lo cual implicará una serie de impactos socioambientales, que difícilmente serán todos positivos, a contracorriente del discurso oficial y empresarial.
Uno de los protagonistas de ese boom es la empresa Southern Copper Corporation-SCC (antes Southern Perú Copper Corporation), perteneciente al Grupo México. Dicha minera tiene, en realidad, una larga historia en el Perú, habiendo sido creada en 1952 como subsidiaria del consorcio estadounidense ASARCO, que tenía el 52% de las acciones, siendo los otros socios Phelps Dodge Overseas Capital Corporation (16%), Marmon Group Inc (20.7%) y Newmont Mining Corporation (10.7%).
Si bien el nombre de la SCC sonó en los últimos meses en los medios nacionales y otras esferas públicas y privadas a causa del conflicto social, consulta vecina incluida, que despertó su proyecto Tía María en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región de Arequipa, su historia está indesligablemente unida a sus operaciones mineras en Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna), así como metalúrgicas en Ilo (Moquegua). Sin embargo, en los últimos 15 años la SCC ha ido dejando un legado no menos polémico también en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac, a raíz de su proyecto Los Chancas.
Proyecto de exploración que desde 1996 viene generando una serie de impactos en el anexo de Quichque y las comunidades vecinas de Tapairihua y Tiaparo. En principio, la empresa construyó carreteras de acceso, destruyendo tierras de cultivo y debilitando los suelos, lo cual provocó, durante las lluvias, derrumbes y deslizamientos que sepultaron al colegio primario, la capilla y viviendas de pobladores de Quichque. Ante los daños sufridos a su infraestructura, los pobladores del anexo le pidieron a la empresa una compensación, obteniendo sólo ofrecimientos de parte de aquella. Otro elemento de conflicto es que la empresa sólo empleaba a unos pocos lugareños, a los que hacía trabajar 12 horas, sin pagarles el salario completo, según denuncias locales.
En agosto del 2000, la empresa respondió negándose a indemnizar a Quichque por los daños, ofreciendo que le restituiría el agua recién en noviembre, pues esta era muy necesaria para su proyecto. A fines de setiembre, representantes de Quichque le informan a la empresa que sólo negociarían una compensación económica con ella por separado de las comunidades de Tapairihua y Tiaparo, con las que tenían un antiguo juicio de linderos. Entonces, la Asociación Centro Unión de Quichque, ubicada en Lima, pidió a la empresa, a nombre de su comunidad, lo siguiente: un pago global por daños de 500,000 dólares; la suspensión del proyecto minero Oso 4; la restitución del agua potable y de regadío del anexo, reparando o construyendo un nuevo reservorio; la interrupción de cualquier ruta de comunicación del asiento minero con el distrito de Tapairihua y el retiro del proceso judicial iniciado contra el representante de Quichque.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó en setiembre del 2000 al Congreso de la República que carecía de información respecto a si la construcción de la carretera Huayllao-Quichque “que efectúa una empresa minera en Apurímac con fines de exploración y explotación de minerales, viene causando daños ecológicos” (Oficio No 434-2000-EM-SG-ST). Y acusó recibo de la carta del 25 de octubre de los dirigentes de la comunidad sobre su conflicto con la empresa minera. A fines de octubre del 2000, representantes de la comunidad se dirigen al director general de minería del MEM para denunciar los daños y abusos sufridos por parte de la empresa.
Agregaron que ésta no les presentó un Estudio de Impacto Ambiental respecto al yacimiento en cuestión, que la carretera construida no contaba con la autorización correspondiente y que el verdadero titular del yacimiento no es una persona natural, como se consigna en el petitorio, sino la minera. Un representante comunal tramitó en febrero del 2001 la certificación por parte del destacamento de seguridad policial del Puente Antarumi-Aymaraes de los efectos adversos de la construcción de la carretera hacia la zona del proyecto minero, ocurridos en mayo del 2000. Poco después, representantes de la comunidad en Lima exigieron ante el MEM, el Ministerio de la Mujer y Promoción del Desarrollo, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Agricultura el inmediato retiro de la empresa de las tierras de la comunidad.
Por su parte, también en febrero, la presidenta de la comunidad de Tiaparo le escribió al coordinador regional del CORECAMI-Apurímac para denunciar las irregularidades cometidas en su zona por la empresa minera Southern Perú Cooper Corporation “Los Chancas de Apurímac”, afectando en especial a sus anexos Quichque y Flor de Huarancca.
Precisó que la empresa instaló motobombas en los puquiales para llevar agua a las maquinarias de perforación, contaminando el agua que riega los pastos naturales, lo que causó la muerte de animales. Agregó que la empresa pretendía comprar a su antojo las tierras de los pobladores, bajo amenaza de acogerse a la Ley de servidumbre. El 12 de marzo del 2001, el alcalde de Tapairihua, solicitó ante el Juzgado Mixto de Abancay una medida cautelar que disponga la suspensión de los trabajos de exploración minera de la Southern en la zona del Huipani. Pidió eso “en tanto se resuelva el proceso de cancelación de la concesión e indemnización por daños y perjuicios y el cobro de frutos civiles que pretende interponer en forma y plazo de ley”. El 3 de abril se dictó la medida cautelar excepcional solicitada.
Sin embargo, un hecho que alteró por entonces la marcha de las cosas fue la extraña muerte de una comunera, durante la gresca entre las dos comunidades del 10 de abril, en la zona de Cruz Ccasa. Esa persona era casualmente una de las pocas que se oponía abiertamente a los abusos de la minera. Por si fuera poco, ambas comunidades se culparon entre sí de haber iniciado la agresión a la otra. La minera, según pobladores de Tiaparo, le habría proporcionado “hombres y conductores” a los de Tapairihua, a los que dejó pasar en vehículos por su control policial. Las autoridades de Tiaparo también se dirigieron al prefecto de Apurímac para pedirle garantías personales y comunales a favor de los tiaparinos, acusando a los de Tapairihua de querer invadir sus tierras, en el contexto de un juicio de linderos. Por su parte, ese mismo mes, el presidente de Tapairihua le comunicó a la Asociación de Residentes Tapairihuinos de Lima que ellos actuaron a fin de recuperar una cosecha de papas robada por los de Tiaparo, cuya respuesta fue el ataque con piedras y balas.
Este año, algunos hechos actualizaron los hechos relatados arriba. En primer lugar, el 17 de enero Tapairihua convocó a un paro de 24 horas, acatado por todos los pueblos de la cuenca media y baja del río Antabamba, obligando a la empresa a dialogar con las autoridades y dirigentes comunales. Sin embargo, en marzo, justo cuando Tiaparo y Tapairihua trataban de resolver sus antiguas diferencias y enfrentar juntas a la minera, la justicia apurimeña resolvió el derecho de posesión de tierras a favor de Tiaparo, reviviendo las viejas rencillas entre ambos pueblos. Debido a que Tapairihua apeló, actualmente el caso está en la Corte Suprema. Por ello, no fue aprovechada la publicación, en abril, de un estudio de calidad hídrica efectuado por la Dirección de Ecología y Protección Ambiental de la Dirección Regional de Salud de Apurímac. Estudio que halló metales como hierro, cobre, plomo y cadmio en los principales afluentes y cuerpos de agua de las comunidades de Tiaparo y Tapairihua, contiguos a la zona del proyecto Los Chancas.
Más bien, la empresa modificó su estrategia de relacionamiento comunitario, con un nuevo equipo de profesionales, que tienen ascendencia en la zona por haber sido funcionarios de la desaparecida Corporación de Desarrollo (CORDE). Por último, a principios de mes, a través de algunos medios capitalinos, se conoció que la SCC terminará el estudio de factibilidad o viabilidad para su proyecto de cobre y molibdeno Los Chancas a principios de 2011, y que desarrollarlo representará una inversión de 1,200 millones de dólares, estando programado su inicio en el 2013. Sin olvidar que el año pasado la empresa anunció que está evaluando dos proyectos de centrales hidroeléctricas, uno en Arequipa y otro en Apurímac. De modo que mientras las comunidades afectadas se enfrentan entre sí, la empresa sigue avanzando, con estrategias y metas claras, además de un entorno político regional favorable, tras la victoria del nuevo presidente regional, Elías Segovia, un hombre proveniente del círculo fujimorista. Esperemos que la Mesa de Minería y Desarrollo Regional de Apurimac, a través de su intervención empoderante en la zona, logre revertir paulatinamente la división intercomunal.
Raúl Chacón Pagán, con la colaboración de Paul Pilco