Introducción
En el escenario latinoamericano se apuesta a la extracción de recursos naturales como una forma de incrementar los ingresos nacionales, pagar de allí la deuda externa o la deuda social acumulada, dependiendo de la orientación del gobierno de turno. Tradicionalmente el modelo primario exportador ha determinado las economías en la región latinoamericana pero no ha sido sino hasta el desarrollo de la conciencia ambiental y de derechos humanos que se han ido masificando los conflictos producidos por la resistencia comunitaria a esas actividades.
Al mismo tiempo percibimos que el aumento de las inversiones mineras principalmente canadienses en la década de los 90 da inicio al surgimiento de procesos de oposición comunitaria a la minería en la región. La forma de enfrentar esos conflictos por parte de los diferentes gobiernos se vio determinada por los compromisos estatales adquiridos vía Consenso de Washington u otros mecanismos de regulación de inversiones extranjeras, como el CIADI o simplemente producto de las presiones directas de los países de procedencia de las inversiones mineras.
Las comunidades percibieron con gran decepción el debilitamiento sus derechos formales y optaron en muchos casos por desarrollar acciones ciudadanas marginadas de las estructuras legales, sin antes probar los intrincados senderos de la formalidad legal. Instrumentos como el convenio 169 de la OIT y la declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU dio cada vez más fuerza y sustento -aunque más moral que legal- a las demandas de las comunidades indígenas y campesinas.
La situación actual marca una tendencia a la presentación de conflictos ambientales por extracción de recursos naturales, cada vez mas álgidos.
Los enfrentamientos de Bagua en la amazonía peruana es una voz de alerta respecto del posible desenlace de conflictos entre comunidades y estados que de forma contumaz intentan profundizar el modelo primario exportados a costa de lo que sea necesario. De estas posiciones no se libran los gobiernos progresistas en la región.
Debe ser tarea permanente de redes como OCMAL buscar vías alternativas para evitar este tipo de confrontaciones aunque sin hipotecar los derechos de las comunidades. Aquellos derechos adquiridos y esos que se encuentran en proceso de recuperación y construcción.
El Contexto
Durante los últimos quince años la explotación de minerales en la región andina ha sufrido un proceso de aceleración creciente.
Con Chile a la cabeza, la industria minera cada vez más en manos de empresas transnacionales, ha ido abandonando definitivamente su rol de aporte a las arcas fiscales en los lugares que te lo tenía, para convertirse en una actividad de exclusiva explotación en beneficio de industrias extranjeras.
La participación de las empresas nacionales en la explotación minera se va reduciendo hasta desaparecer y con ello los beneficios tributarios.
Por otro lado, las nuevas tecnologías emplean cada vez menos mano de obra y la empleada proviene de sistemas de subcontrato conocido más como trabajo precario por la falta de protección y derechos de los trabajadores, los riesgos y la inseguridad.
A ello sumamos los graves impactos ambientales asociados al uso de grandes volúmenes de sustancias químicas de alta peligrosidad como el cianuro de sodio y el ácido sulfúrico y junto a ello la liberación de arsénico y generación de drenaje ácido de
minas.
Los enormes impactos de la minería en la actualidad hacen que esta actividad se sitúe entre las mas contaminantes del planeta.
Las organizaciones ocupadas de los derechos de las comunidades afectadas por las industrias extractivas han ido tratando de aunar esfuerzos para enfrentar la creciente amenaza de dichas industrias.
Por otro lado las débiles legislaciones nacionales tienen como tarea facilitar la actividad extractiva en desmedro de los derechos de comunidades agrícolas, de pescadores artesanales, comunidades que viven del turismo, o simplemente compiten por el acceso y la calidad y cantidad del agua.
La generalizada concepción que las industrias extractivas que utilizan tecnología moderna son capaces de auto-controlarse se ha ido extendiendo riesgosamente en la región. La aceptación de esta premisa por parte de los estados se transforma peligrosamente en un salvoconducto para la contaminación y la destrucción ambiental.
Los mecanismos de comercio como el ALCA y los acuerdos comerciales de diversa índole tienen como efecto la protección de las inversiones por sobre el derecho de las comunidades locales perpetuando las situaciones de contaminación, injusticia, desplazamiento de comunidades y desaparición de actividades preexistentes. El desarrollo de enclaves mineros, gasiferos y petroleros que dejan un legado de pobreza y destrucción ambiental se han ido transformando en los iconos más importantes de los acuerdos comerciales. También se denota un paulatino traspaso de las empresas de servicio tales como agua potable y saneamiento, energía e incluso embalses, cárceles y hospitales están en la lista de los proyectos privados junto a la infraestructura caminera, portuaria y aeroportuaria. La firma de los acuerdos ata de manos a los gobiernos y condena a la desaparición a las comunidades locales y sus actividades en la mayoría de los casos compatibles con la sustentabilidad junto con transformar los servicios sociales en simples negocios con la consiguiente desprotección de la ciudadanía.
El sentido y la importancia de las coordinaciones y articulaciones
En este esquema, y a medida que se han ido presentando problemas similares y donde los intereses transnacionales son los mismos, se han ido desarrollando coordinaciones y articulaciones entre las organizaciones de defensa de comunidades y del ambiente. Las experiencias vividas en un país han servido para anunciar sucesos parecidos en otros países.
En el caso del petróleo se observa que la experiencia ecuatoriana es de gran utilidad para conocer las practicas de las empresas petroleras y así tomar las providencias del caso y estar preparados en otros lugares donde aparezcan los intereses de la industria de los hidrocarburos. Lo mismo sucede con el gas.
Respecto de la minería, la experiencia de Bolivia, Chile y Perú sirve para alertar a organizaciones y comunidades en Ecuador donde esta actividad es incipiente pero se esta comenzando a desarrollar de manera paulatina.
Los impactos de las actividades extractivas en el medio ambiente y las comunidades son similares en los diferentes países. Las estrategias empresariales también se parecen. Su discurso es uno solo: “nos podemos autorregular y somos los mejores controladores de nuestros proceso productivos y cuidado ambiental, somos buenos vecinos, aportamos al desarrollo, al empleo y al dinamismo económico regional y local.
Sin embargo la realidad es muy diferente: eluden la legislación y la fiscalización, manipulan, cooptan y presionan a comunidades y autoridades locales regionales y nacionales, no aportan al desarrollo regional y local y al no pagar impuestos a la renta tampoco aportan al desarrollo nacional, traen consigo corrupción, prostitución, desempleo, alcoholismo, delincuencia y desarticulación social.