El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llegó al Perú para reunirse con organizaciones defensoras de los derechos humanos (DD.HH.) y con representantes del gobierno. Organizaciones sociales como Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus de trabajo Grupo Trabajo de Defensores/as de DDHH, pueblos indígenas, entre otras estuvieron presentes para dar a conocer su punto de vista por el accionar del Estado en materia de Derechos Humanos, conflictos socio ambientales y actividades extractivas, entre
“Gobierno nacional prioriza la inversión, en especial de corporaciones transnacionales, ello, por encima de los derechos de las personas, en especial de los pueblos indígenas”, afirmó Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Resaltó que se está afectando gravemente el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y que se ha subordinado los derechos de las personas a intereses económicos.
“Hay más de 800 casos de defensores y defensoras criminalizados en todo el país por la protesta social. Se les aplican penas de hasta 20 años o más, a quienes actúan en defensa de sus derechos ante la falta de justicia del Estado”, dieron a conocer los miembros del Grupo Trabajo de Defensores/as de DDHH. Finalmente, señalaron que existe un uso abusivo de la fuerza en los conflictos sociales que trae como consecuencia heridos y fallecidos en las protestas.
Por su parte Ketty Marcelo, representante de ONAMIAP, comentó que se requiere el reconocimiento de los Pueblos Indígenas. “No tenemos una verdadera institucionalidad indígena”. Agregó “que la Consulta Previa se vende como avances del Estado Peruano, pero no se aplica el consentimiento, y se incumple con los acuerdos que se toman”.
Miembros Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas indicaron sobre la Consulta Previa en minería sólo se consulta la medida de autorización de inicio de actividad de exploración o explotación, lo que no representa una decisión sobre temas centrales que determinan la realización o no de un proyecto. Es necesario ajustar las normas al Convenio 169 y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, afirmaron que, bajo la premisa de desaceleración económica, se ha facilitado la desregulación ambiental, limitando el rol fiscalizador del Organismo de Evaluación Ambiental (OEFA) y reduciendo los plazos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y con ello la rigurosidad de las autorizaciones que se otorgan.
El alto comisionado de la ONU, Zeid Ra´ad Al Hussein, comentó que en la afectación respecto de derechos que sufren grupos poblacionales debe intervenir el Estado buscando una sociedad más comprensiva e inclusiva.
Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/648-abuso-fuerza-conflictos