Los pronunciamientos son cada vez más audaces. A los reclamos por los supuestos excesos en los trámites que enfrentan los inversionistas, voceros empresariales y algunos editoriales de la prensa han comenzado a mencionar que la culpa de todos los males la tienen algunos ministerios. El Ministerio del Ambiente (MINAM) es uno de los blancos principales.
La queja es que antes los trámites eran más simples y que ahora se han incorporado entidades como el MINAM, que los complejizan. Lamentablemente, algunos ministros repiten los mismos argumentos: por ejemplo, para el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, “la creación del MINAM, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades ha sido un bache para las inversiones” (Gestión del 14/05/2014).
El punto central de las críticas empresariales es la famosa “tramitología”. Según el ex presidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño, la “tramitología” se expresa, por ejemplo, en más de 180 normas vinculadas a la minería, que se entrecruzan y crean confusión y desalientan las inversiones. Por lo tanto, el objetivo es traerse abajo las precarias normas ambientales y sociales existentes y la incipiente institucionalidad.
Los blancos han sido bien identificados: son el MINAM y varios de sus organismos adscritos, como la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Sistema Nacional de Certificación Ambiental; también el Vice Ministerio de Interculturalidad; la consulta previa; el proceso de descentralización, etc.
Los empresarios sienten que ha llegado el momento de lanzar la ofensiva. Perciben que en el actual contexto de desaceleración de la economía, es el momento oportuno para hacer retroceder al gobierno y traerse abajo o, por lo menos limitar, instituciones como el MINAM y las normas que les incomoda: si no se puede desaparecer toda esa institucionalidad, por lo menos hay que maniatarla y que quede simplemente para guardar las apariencias.
El gobierno sigue retrocediendo y acaba de anunciar un nuevo paquete de medidas para precisamente destrabar las inversiones. Falso y peligroso dilema para un país entre regulaciones ambientales e inversiones.
Defender la institucionalidad ambiental, significa defender el proyecto, todavía pendiente, de construir una verdadera autoridad ambiental y no permitir que determinados grupos de interés lleven al país a la época de la carreta.
18 de junio de 2014
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN