Se requiere mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
La debilidad institucional para la regulación, control y vigilancia de las regalías y las rentas, así como la falta de comunicación entre los ministerios de Minas y Ambiente no le han permitido a la locomotora minera alcanzar la velocidad requerida para dinamizar la economía del país.
Así lo señala el estudio de la Fundación Foro Nacional por Colombia, en el que se confirma que muestra como los municipios y departamentos mineros y petroleros tienen hoy indicadores sociales mucho más bajos que los municipios y departamentos que no lo son.
Para el presidente de la Fundación Fabio Velásquez, se supone que los recursos naturales generan riqueza, pero esta riqueza no se está quedando en las regiones y la que se queda es mal gastad por los gobernantes.
La reforma del Sistema General de Regalías, que si bien es una ley de la República, sigue en discusión, a tal punto que el nuevo ministro de Minas y Energía, Amylcar Acosta, anunció que va a revisar este articulado con el fin de hacer los cambios necesarios para algunas regiones productoras puedan tener mayores recursos que los que tienen hoy, recalcó Velásquez.
El directivo considera que la reforma a la Ley de Regalías centralizó los recursos y ese es un debate que está abierto. «Lo que nos parece importante en el campo de las extractivas, es que las rentas que genera el sector no están siendo bien utilizadas o por lo menos están generando un impacto positivo en la calidad de vida de la gente».
El estudio sobre el sector extractivo del 2011-2012 que fue presentado hoy por la Fundación señala que los gobernadores y alcaldes utilizaron muy mal las regalías y no las articularon a programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de la gente, «pero también hay que reconocer que la manera como está diseñado el sistema de las extractivas en el país, es un sistema que beneficia mucho al sector privado, que extrae y se lleva los recursos, y le queda muy poco en el país. La explotación en Colombia es para la exportación, no para el consumo interno y sobre todo no genera encadenamiento económicos», recalcó.
Velásquez cree que la mermelada se está esparciendo, pero ese no era el único problema de la distribución de regalía. Lo que hay que buscar es que los entes territoriales tengan mayor capacidad de gestión para utilizar esos recursos. Pero más allá de una buena distribución, se requiere que los gobernantes sepan utilizarlos en función de las necesidades de su territorio.
Los Ocads fueron diseñados para que el Gobierno Central mantega el manejo de los recursos, ante la desconfianza de sus entes territoriales. Lo que la Fundación está planteando, sostiene Velásquez, el Gobierno vigile, que es su función natural, pero que no decida totalmente, sino que permita que los gobernantes y la sociedad civil pueda tener una voz en la definición de los criterios que se utilizan para la designación de los recursos.