José de Echave Exviceministro del Ambiente
La firma del compromiso de Keiko Fujimori con los mineros agrupados en la Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami), no es para nada un hecho aislado. En Puno, el pasado 20 de marzo, la candidata de Fuerza Popular firmó un acta similar con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada, comprometiéndose a traerse abajo el proceso de formalización minera para recomenzar de cero. Por si fuera poco en Madre de Dios, el único escaño de la región será ocupado por Modesto Figueroa, también de Fuerza Popular, investigado por la fiscalía por presuntos vínculos con la minería ilegal; además en la lista de candidatos de Fuerza Popular por Arequipa también había un personaje vinculado a esta actividad.
Lo cierto es que la minería ilegal es una de las actividades ilícitas que más ha crecido en las últimas décadas, junto con el narcotráfico y la tala ilegal y su influencia no ha parado de aumentar. Son 21 regiones con presencia de este tipo de minería y la estimación del número de mineros informales e ilegales es bastante gruesa: las cifras van en un rango de 100 mil a 500 mil personas, lo que sin duda representa un bolsón electoral nada despreciable.
La influencia de la minería ilegal
En la última década, la gran rentabilidad de la explotación del oro provocó procesos de acumulación nunca antes vistos en el sector de la minería informal e ilegal. Los procesos productivos se expandieron y comenzaron a incorporar maquinaria pesada como los shute o cargadores frontales y las famosas dragas que en sus diferentes formas implementan métodos de succión: el 70% de la minería en Madre de Dios utiliza el método de succión. Todas estas maquinarias en actividad han provocado el incremento en el volumen de extracción de oro, al mismo tiempo que los impactos ambientales y sociales se multiplicaban.
Se pueden identificar varias estrategias seguidas por los mineros informales e ilegales. Por ejemplo, en materia organizativa, los mineros fueron agrupándose en asociaciones y federaciones, tanto a nivel de las regiones como a escala nacional. Otra estrategia desarrollada ha sido la de alianzas: los mineros no solamente han buscado aliarse con los productores de zonas vecinas, sino también con empresas de procesamiento y comercialización de minerales que, siendo en muchos casos formales, han jugado un rol de “blanqueo” del oro producido de manera ilegal: la presencia de empresas comercializadoras de oro en las zonas más representativas de la producción de minería ilegal y los montos de exportación de oro que no corresponden con las estadísticas oficiales de producción, muestran la conexión entre la producción informal e ilegal y las empresas de intermediación y procesamiento.
Por ejemplo, hasta el año 2002 el volumen de oro exportado guardaba estrecha correspondencia con el volumen producido, sin embargo, desde el año 2003, cuando precisamente la cotización del oro comenzó a aumentar, las estadísticas oficiales muestran que el volumen de oro producido se fue distanciando del volumen exportado. ¿Qué pasó? Según Víctor Torres1, todo indica que “conforme la producción de oro se hizo más rentable, la producción ilegal e informal de este metal se volvió más intensiva. En este contexto, el exceso de volumen exportado con respecto al volumen oficial de producción registrado, constituye una buena variable proxy para estimar la amplitud de la producción de la minería ilegal”.
Los cálculos de Torres mostrarían que de cada 100 toneladas de oro que se produjo en el Perú en el período 2003-2014, poco más de 19 toneladas provino de la minería ilegal o informal: “durante 2010-2013, la producción ilegal o informal representó -en promedio- poco más de la cuarta parte de la producción total de oro de esos años” y que “el valor total de la producción ilegal o informal de oro en el Perú, registrada y no registrada, ascendió a US$15,777 millones durante 2003-2014; monto que en promedio representó US$ 1,315 millones al año”. Estas cifras alcanzadas por la minería ilegal, coinciden con las proyecciones hechas por Macroconsult que señalan que entre el 2010 y 2011, las exportaciones ilegales de oro superaron a las del narcotráfico.
Las alianzas y la influencia política
Algunas federaciones han establecido relaciones con personalidades que se convirtieron en críticos de las políticas de formalización implementadas por el gobierno. Por ejemplo, los mineros agrupados en la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) establecieron una relación de colaboración con Hernando de Soto -el último jale del fujimorismo-, que se tradujo en la organización de varios encuentros y todo un trabajo de incidencia en medios de comunicación con el objetivo de cuestionar y traerse abajo el proceso de formalización implementado por las autoridades peruanas.
Pero también es importante mencionar la estrategia de incidencia política que han venido implementando. En paralelo al financiamiento directo que han brindado a diversas fuerzas políticas consideradas como aliadas, desde hace un tiempo se constata una mayor participación directa de representantes de los mineros en espacios de decisión política: es el caso del Congreso, gobiernos regionales y municipalidades, entre otros espacios.
Lo cierto es que en el terreno político, podemos constatar que prácticamente no hay proceso electoral en el Perú sin que se dé una participación directa o indirecta de representantes de los mineros ilegales. Los casos más notorios han sido el del congresista Amado Romero -minero de Madre de Dios- y el del actual gobernador de la misma región, Luis Otzuka, que antes de que ocupe ese cargo era el presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios (Fedemin).
La presencia en cargos públicos se ha traducido en acciones concretas: iniciativas legislativas, construcción de infraestructura y por supuesto buscando bloquear las iniciativas de interdicción del Ejecutivo. Por ejemplo, el congresista Amado Romero estuvo detrás de la construcción de una carretera de integración regional en Madre de Dios, que a todas luces buscaba beneficiar a los mineros ilegales de la zona afectando zonas de reserva; y también presentó un proyecto de ley -el pasado 17 de febrero-, que todavía pretende que sea aprobado y en el que, en concreto, propone derogar todo el marco legal que estableció el Ejecutivo desde el año 2012 para la formalización minera y la interdicción de las actividades abiertamente ilegales.
Algunos de los blancos del congresista Amado Romero y ahora también del plan de gobierno del fujimorismo, han sido el Decreto Legislativo N°1102 que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal, y el Decreto Legislativo N° 1105 que “estableció disposiciones especiales para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal” y en su Artículo 2, define claramente que “toda actividad ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal”. En el mismo artículo se diferencia a la minería informal de la ilegal; definiéndola como la actividad que se realiza “en zonas no prohibidas”.
Lo cierto es que en el terreno político, podemos constatar que prácticamente no hay proceso electoral en el Perú sin que se dé una participación directa o indirecta de representantes de los mineros ilegales. (Foto: SPDA).
¿Cuáles son los escenarios que se proyectan para los próximos años?
Pese a que el crecimiento de este sector ha tenido una cierta desaceleración, como consecuencia de la caída de la cotización del oro y por momentos por las políticas de mayor control e interdicción, ello no quiere decir que la influencia de los mineros haya perdido fuerza: en el ranking de las principales actividades delictivas que mueven importantes cantidades de dinero en el Perú, la minería ilegal continúa compartiendo los primeros lugares junto al narcotráfico y la tala ilegal. Además, en el terreno social, las diversas organizaciones de mineros representan fuerzas importantes en las regiones donde están implantadas y seguirán siendo influyentes.
Los años de bonanza, acumulación y los niveles de organización alcanzados, permiten afirmar que los mineros ilegales están en capacidad de resistir una coyuntura de menores precios y seguirán aprovechando la debilidad del Estado y su escasa presencia en los territorios, más aún si cuentan con alianzas políticas como ocurre actualmente con el fujimorismo. Ello significa que la cuota de ilegalidad en este estrato de minería seguirá estando presente y al parecer contará con la complicidad de varios aliados dentro del propio Estado.
No hay derecho que se siga atentando contra la Amazonia, contra la diversidad biológica del país y que se afecten irremediablemente los cauces de los ríos y todo el entorno. ¿Hay dragas y dragas? Si, por supuesto: la hidráulica, la balsa gringo, la traca, la carranchera y la chupadera, etc., pero absolutamente todas generan impactos terribles, muchos de ellos irreversibles.
Cualquier tipo de minería, la grande, la mediana y la pequeña, debe respetar los necesarios mecanismos de regulación que se tienen que seguir implementando en el país. El mercurio no se puede seguir expandiendo en nuestras cuencas amazónicas, afectando la riqueza biológica de nuestro territorio e impactando la salud de nuestras poblaciones, ni se puede aceptar las condiciones laborales y la explotación de personas que se ve en Madre de Dios. Cada vez más se hace necesario construir un acuerdo de gobernabilidad para la minería en el país que por supuesto tome en cuenta el capítulo doloroso de la minería informal.
1Víctor Torres (2015): Minería Ilegal e Informal en el Perú: Impacto Socioeconómico. Cuadernos de CooperAccion.
http://www.revistaideele.com/ideele/content/hay-dragas-y-dragas