La institución dice que la minería ilegal se practica en el 44 por ciento del país. Asegura que los principales impactos es en aguas subterráneas. 3 mil 600 explotaciones se dan sin título. Alerta!!
De un millón 932 mil 987 hectáreas que Colombia posee de páramos, distribuidos en 34 sistemas identificados, 108 mil 972 se encuentran concesionadas en 391 títulos mineros, a pesar de que la reglamentación vigente impide realizar actividad minera en este ecosistema.
Así lo denunció la Defensoría del Pueblo en un informe sobre la minería ilegal que indica además que esta actividad se realiza en los últimos años de manera ilegal en el 44 por ciento del país, sobretodo en Córdoba, Boyacá, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia.
Según la Defensoría, «los títulos mineros otorgados en las diferentes zonas de páramo del país, corresponden a la exploración y explotación de oro o carbón, lo que convierte esta actividad en una de las mayores fuentes de amenaza para la estabilidad ecológica de estos ecosistemas y para la disponibilidad de agua de al menos el 70% de la población colombiana».
Por esta razón, la entidad recomendó al Estado redoblar esfuerzos para cumplir con la normatividad que indica que se debe garantizar la protección de los páramos y conservar su importante función ambiental.
Tres casos
La Defensoría denunció que por ejemplo, en el complejo paramuno de Rabanal y río Bogotá, ubicados entre los municipios de Samacá y Ventaquemada (Boyacá) y Villapinzón, Guachetá y Lenguazaque (Cundinamarca) se han entregado 17 títulos mineros.
«Los principales impactos por la actividad minera son las afectaciones a las aguas subterráneas ocasionadas por los túneles, que alcanzan trayectorias de varios kilómetros y profundidades. El páramo de Rabanal, ubicado cerca de Tunja (Boyacá), cumple la importante función como proveedor de agua para cerca de 300 mil personas en esa ciudad y en poblaciones aledañas así como al riego a más de un millón de hectáreas», asevera el informe.
Igualmente, la Defensoría destaca que un vacío en el código de minas aprobado en el 2001
permitió esta concesión ya que «no es estricto a la hora de impedir explotaciones en zonas de reserva».
Otro complejo en donde se está presentado esta problemática es el sistema paramuno ‘almorzadero’, ubicado en Santander y Norte de Santander y que comprende unas 125.120 hectáreas de extensión que se ubican entre los 3.100 y 4.530 metros sobre el nivel del mar. «En esta zona se han otorgado 19 títulos mineros que abarcan un área de 6.715 hectáreas de la zona del páramo», señaló la Defensoría.
Falta de registro
Otro problema denunciado por la Defensoría es la existencia de unas 3.600 explotaciones mineras que operan sin el respectivo título. «Pero esta cifra solo es un indicio para tener un punto de partida, teniendo en cuenta que las autoridades mineras no cuentan con información actualizada y verificable sobre las características y condiciones en que se desarrolla la actividad de la minería de hecho en el país, toda vez que el último estudio al respecto se realizó hace más de dos décadas», indicó.
Para poner un ejemplo, en Remedios y Segovia (Antioquia), de 348 unidades de aurífera que existen, tan solo 14 se encuentran legalizadas.
La minería aurífera, también afirma la Defensoría, es utilizada para el lavado de dinero del narcotráfico a través de la compra de la producción mineral a los mineros locales, inclusive a precios por encima de los ofrecidos por los receptores finales con el fin de hacerlos pasar como producción de minas de fachada, así como por la importación de oro de contrabando, proveniente de países vecinos como Ecuador, Venezuela2 y Panamá, para hacerlo pasar como producción de minas de fachada.
Recomendaciones
La Defensoría recomendó al Ministerio de Minas y Energía modificar los criterios de tiempo y continuidad establecidos en el procedimiento de legalización minera para que se tengan en cuenta «los eventos de orden público y desplazamiento forzado que pudieron afectar a los mineros tradicionales de las diferentes regiones del país».
Igualmente, consideró que se debe promover un documento Conpes que involucre una solución integral a las más de 15.000 familias que subsisten con esta actividad y que genere estrategias eficaces de legalización.
La Defensoría estimó que se debe organizar el sistema de control y vigilancia de las explotaciones mineras ilegales de hecho y se tomen las demás medidas necesarias para establecer y hacer cumplir el reglamento de seguridad e higiene en estas labores.
Finalmente, la entidad pidió que dentro de las áreas de reserva especial, se entreguen contratos de concesión bajo condiciones especiales, para lo cual sería necesario concertar con «las autoridades ambientales el establecimiento de mecanismos ágiles y eficientes de legalización ambiental en las zonas de reserva especial declaradas hasta la fecha y las que se declaren en el futuro».