Organizaciones de la sociedad civil reciben con satisfacción el anuncio que Infinito Gold desistirá de su tortuosa intención de construir una mina en Costa Rica a pesar de la clara oposición del pueblo costarricense y los repetidos fallos en su contra.
El 15 de julio, Infinito Gold anunció que la totalidad de su personal directivo y encargados han presentado la renuncia, y que su principal accionista y acreedor ya no está dispuesto a invertir en este proyecto agonizante que presentaba un déficit superior a los US$160 millones. Ronald Mannix, el ángel inversionista de Infinito Gold durante mucho tiempo, finalmente suspendió su apoyo luego de otorgar alrededor de US$70 millones en préstamos.
Durante alrededor de quince años, contra la voluntad del pueblo costarricense, esta empresa minera junior de Canadá buscó construir una mina aurífera a cielo abierto en la zona norte de Costa Rica, próxima al río San Juan en la frontera con Nicaragua.
Según encuestas, un 80 por ciento de la población costarricense se oponía a la mina propuesta. En tres oportunidades entre el 2010 y el 2013, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica le denegó a Infinito la autorización para proceder con el proyecto Crucitas.
Luego de haber perdido sus concesiones mineras, Infinito Gold presentó una demanda en febrero del 2014 por US$94 millones contra el gobierno de Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La empresa disputaba el rechazo legítimo de Costa Rica en relación a Crucitas, la mina aurífera a cielo abierto propuesta, bajo los términios del Acuerdo Bilateral de Protección de Inversiones Extranjeras firmada entre Canadá y Costa Rica en 1998. Los costos legales hasta el momento para el estado costa riquense se han estimado en US$1,7 millones. Se carece de información clara en cuanto a la situación exacta de la demanda luego del cierre de Infinito Gold.
También hubo alegaciones de corrupción que enturbiaron la presencia de Infinito en Costa Rica. Si bien la investigación terminó suspendiéndose por falta de pruebas, el ex-Presidente Oscar Arias fue acusado de haberle otorgado indebidamente una licencia a Infinito Gold en el 2008 cuando ya había una moratoria a todo tipo de minería a gran escala en el país que databa desde 2002. Desde hace tiempo existe la duda sobre una supuesta donación de US $200,000 en el 2008 a la Fundación Arias proveniente de la Norlien Foundation, la cual pertenece a Ronald Mannix. El Fiscal General de Costa Rica, en sus intentos de llegar al fondo de estos interrogantes, indicó en su momento que el Ministerio de Justicia de Canadá no respondió a las preguntas claves para que el caso se pudiese iniciar. Infinito también fue acusada de interferir en una campaña electoral en Costa Rica, y en el 2010 le fue prohibido hacer referencia a las elecciones municipales en su publicidad.
La controvertida empresa también atacaba a quienes la criticaran. Con el pasar de los años, Infinito Gold llegó a presentar cinco demandas por difamación ante tribunales inferiores contra dos profesores universitarios, un abogado de un grupo ambientalista, y dos diputados. En todos los casos o se retiraron las acusaciones, o las demandas no tuvieron éxito.
La decisión de cerrar que por fin tomó Infinito Gold llega con años de retraso. De hecho, no se entiende cómo a alguien se le puede haber ocurrido darle empuje a este proyecto luego de que la ‘reconocida’ Placer Dome (que luego se fusionó con Barrick Gold) lo hubiese abandonado en mayo de 1998, ante la fuerte oposición popular. Presenciamos otra victoria del pueblo de Costa Rica que ha luchado con tenacidad durante mucho tiempo para mantener el país libre de minería aurífera a cielo abierto. Esperamos que esta vez sea de manera más permanente.
Las políticas y las protecciones que Canada ha ido promoviendo para protejer los intereses de las empresas mineras canadienses, sin embargo, siguen intactas, por lo cual nuestra lucha no se ha acabado. Por más de 20 años, Canadá ha buscado y negociado acuerdos comerciales que promueven y protejen los derechos de los inversionistas al costo de los derechos humanos, los derechos laborales y los estándares ambientales. A pesar de que las empresas extranjeras repetidamente han ganado demandas en contra de Canadá bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno canadiense ha aceptado pagar este precio alto para brindar la aparencia, por lo menos, de seguridad a las empresas canadienses que operan fuera del país. El comportamiento de empresas mineras canadienses tal como Infinito Gold es uno de los resultados de esta agenda. Canadá debería revocar, revisar o renegociar sus acuerdos comerciales y buscar un agenda hacia el exterior en base del respeto para los derechos humanos, colectivos, laborales y ambientales.
Mientras continuamos en esta lucha en contra de las protecciones injustas para las corporaciones, le expresamos nuestras felicitaciones al pueblo de Costa Rica, y saludamos “hasta nunca” a esta empresa minera canadiense vergonzosa, y sinvergüenza.
Firmado
Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN) (Canada)
Blue Planet Project (Canada)
Center for Alternative Mining Development Policy (US)
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) (US)
Comité pour les droits humains en Amérique Latine (CDHAL) (Québec)
Common Frontiers (Canada)
Council of Canadians
Entrepobles/Entrepueblos/Herriarte/Entrepobos (Spain)
Information Group on Latin America (IGLA) (Austria)
Institute for Policy Studies, Global Economy Program (US)
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS) (Canada)
Mining Injustice Solidarity Network (MISN) (Canada)
Mining Justice Alliance (Canada)
MiningWatch Canada
SalvAide (Canada)
Trade Justice Network (Canada)
TPP Canada (Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la industria minera canadiense)