Mario Alejandro Valencia. analista de Cedetrabajo y miembro de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Reclame.
El 16 de abril de 2013 en El Espectador, la directora de la Agencia Nacional de Minería, María Constanza García, reconoció que no existe forma de saber la cantidad de minerales que se está extrayendo del país porque, según la funcionaria, “por Constitución se establece que son ellos [las empresas] los que están obligados a declarar lo que se extrae”.
El 8 de mayo de 2013, en Portafolio, el Director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, confesó que todo el carbón de Colombia se vende desde Paraísos Fiscales “para no pagar impuestos en Colombia”; y agrega que no es solo el carbón, sino que toda la minería funciona así. De todas las cosas que marchan mal en Colombia, en la industria y el agro, la salud y la educación, es difícil encontrar una que esté produciendo un impacto más desastroso que la política minero-energética, profundizada por el gobierno de Santos.
Las consecuencias en lo ambiental, lo social, lo laboral y lo económico son tan lamentables y evidentes, que es prácticamente imposible encontrar a una persona sensata que defienda su avance descontrolado, a menos que esté recibiendo jugosas subvenciones por semejante tarea. Ni los mismos funcionarios del gobierno lo hacen.
Frente a este estado de cosas, los colombianos debemos tomar la decisión de hacer algo para frenar la mal llamada “Locomotora Minero-Energética”, y plantearnos una propuesta alternativa de política en este campo. Las circunstancias nos obligan a actuar con celeridad, antes que no haya sector que salvar.
Durante años hemos planteado que la solución no es oponerse a la minería de forma extrema. La sociedad en la que vivimos necesita de la minería para casi todas las actividades que realizamos: el transporte, las telecomunicaciones, la infraestructura, el vestuario, incluso la agricultura. Pero el país debe definir cuál es el tipo de minería que necesita, teniendo como propósito fundamental el desarrollo de la nación, la eliminación de la pobreza y el atraso científico y tecnológico.
Para lograr ese propósito, el aspecto fundamental es recuperar el control sobre los recursos naturales no renovables, que hoy el Estado colombiano no ejerce. Esto implica recuperar la soberanía del país, perdida por unas políticas que, como lo evidencia el investigador Luis Jorge Garay en el reciente libro de la Contraloría, son un marco de des-gobernanza a favor de las transnacionales de la gran minería.
Para discutir ampliamente y de manera democrática estas y muchas más ideas sobre cómo debe funcionar la política minero-energética en Colombia, delegados de organizaciones sociales de todo el país y comunidades afectadas nos reuniremos en Bogotá el próximo 16 y 17 de mayo, en la Plaza de los Artesanos, en el I Encuentro Nacional Minero-Energético y III Encuentro Nacional de Reclame. De allí deberá salir un documento de propuesta alternativa de política minero-energética y un plan de acción para frenar la locomotora de Juan Manuel Santos.