Aunque la Corte Constitucional le exigió al Gobierno Nacional concertar con los municipios el futuro de los proyectos mineros en sus territorios, aún no existe una ruta para esta mediación. Aunque sí es claro que el tribunal puso condicionamientos: exigió que de ahora en adelante los municipios participen e influyan activamente en la toma de estas decisiones.
Cuando el 28 de julio de 2013, a través de una consulta popular sin precedentes, los ciudadanos de Piedras, en Tolima, hicieron público su descontento frente a la llegada de las operaciones mineras de Anglogold Ashanti a su territorio —ligadas a su proyecto de extracción de oro La Colosa—, el país se abrió a una de las preguntas más interesantes sobre participación popular, pero que sigue sin resolverse: ¿pueden los habitantes decidir sobre las futuras actividades económicas que se proyecten en su municipio?
El último capítulo de esta discusión se vivió la semana pasada en Cajamarca (Tolima). El alcalde Luis Evelio Gómez, a quien sus electores le han pedido que adelante una consulta similar a la de Piedras, le pidió en una sesión del Concejo al procurador ambiental y agrario, Ernesto Cardozo, que se pronunciara sobre la viabilidad de esta iniciativa ciudadana, teniendo en cuenta que el ente de control ha anunciado investigaciones contra los alcaldes que realicen consultas, alegando que de ese modo sobrepasan sus funciones.
‘Sólo el Gobierno Nacional, representado en el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, tiene la competencia exclusiva para excluir del territorio municipal o departamental zonas para la actividad minera (…) yo le digo de manera muy respetuosa que mire la sentencia de la Corte Constitucional C-123 de marzo de este año, que es un elemento nuevo que reafirma lo que estoy diciendo (…) es que es mejor decir las cosas con claridad, así no gusten o sean impopulares’, respondió con seguridad el funcionario.
Pero el asunto no está tan claro como indica el procurador delegado. Un año después de la consulta en Piedras, mientras algunos representantes del Estado como Cardozo, en la Procuraduría, han querido cerrar la discusión con argumentos como este, expertos en derecho, como los miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), han advertido que esa es sólo la mitad de la historia y que las consultas sí deben ser vinculantes.
«Así como la ley le entrega todo el poder al Gobierno Nacional para decidir sobre el subsuelo —explica César Rodríguez Garavito, abogado de Dejusticia—, las consultas populares como las de Piedras, y las que luego se realizaron en Tauramena y Monterrey (Casanare), responden a un sistema de participación avalado por la Constitución con el que los habitantes de estos territorios intentan proteger fuentes hídricas, distritos de riego y ecosistemas vitales que hacen parte del suelo. Y sobre el suelo el gobierno municipal sí tiene poder de decisión».
Para Rodríguez Garavito, las declaraciones del procurador delegado Ernesto Cardozo sobre la sentencia C-123 de la Corte Constitucional son una muestra más de que hay una parte del Gobierno interesada en interpretar a medias las indicaciones del tribunal.
«Aunque la Corte dejó en firme que la última palabra sobre el futuro del subsuelo la tendrá el Gobierno Nacional, también es claro que el tribunal puso condicionamientos: exigió que de ahora en adelante los municipios participen e influyan activamente en la toma de estas decisiones. Es decir: a los alcaldes les confirmó que tienen prohibido declarar un veto general a la minería, y al Gobierno Nacional le dijo que no puede permitir minería sin que se concerte antes con las autoridades locales».
El experto cree que las consultas populares que se están gestando y seguramente pronto se realizarán en Ibagué, Espinal, Cajamarca (Tolima) y Onzaga (Santander) servirán como un insumo importante para esa concertación, pues revelarán parte del sentir de las comunidades.
El paso a seguir, según Rodríguez Garavito, sería que los ministerios de Ambiente, Minas e Interior unieran esfuerzos para hacer cumplir el llamado de la Corte Constitucional y le presentaran al país un protocolo de concertación en el que el Gobierno Nacional y cada uno de los gobiernos locales se sentaran a mediar para definir en qué lugares del país debería haber o no actividades extractivas y bajo qué condiciones.