Esta declaración es el testimonio del directivo de la minera ante la Corte Suprema de la provincia canadiense de British Columbia, resultado de la demanda legal que un grupo de comunitarios de San Rafael Las Flores presentó contra Tahoe Resources el 18 de junio de 2014, a raíz de un ataque de parte de la seguridad privada ordenado por el jefe de seguridad de la minera, Alberto Rotondo, en el que los siete demandantes resultaron heridos.
Tahoe Resources Inc., es una minera con oficinas en Reno, Nevada, Estados Unidos, y en Vancouver, British Columbia, Canadá, y opera el proyecto minero San Rafael por medio de su subsidiaria Minera San Rafael, S.A. (MINERASA). Por esa razón, los demandantes se querellaron ante la Corte Suprema de British Columbia. La demanda está actualmente en proceso.
Tahoe Resources Inc. la fundaron altos directivos de mineras canadienses, sobre todo de Glamis Gold y Goldcorp. Saltó a la palestra gracias al proyecto minero Escobal, en 2010, cuando el 3 de mayo de 2010, siete meses después de incorporarse en la Business Corporations Act de British Columbia, acordó comprarle el proyecto minero a Goldcorp. La transacción se completó el 8 de junio y el trato incluía además el control de la empresa Minera San Rafael, S.A. (MINERASA), recién inscrita por el abogado Jorge Asencio Aguirre, y de la cual Goldcorp conservaría el 40%.
Asencio Aguirre es una piedra angular de todo este proceso. Es representante legal de las mineras Montana Exploradora, Entre Mares, Explotaciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA) y MINERASA y contribuyó a elaborar el proyecto de Ley de las reformas a la Ley de Minería de 1997, según el mismo lo indicó en el programa televisivo Libre Encuentro, del 23 de enero de 2005.
A partir de 2011, con el proyecto minero ya bajo control del Tahoe Resources, se intensificó la oposición comunitaria con marchas de protesta y consultas municipales de vecinos de los municipios de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y Casillas. Varios hechos de violencia ocurrieron en el ínterin. Entre los más dramáticos, el 27 de abril de 2013, guardias de la empresa de seguridad privada, Alfa Uno, del grupo israelita Golan, dispararon indiscriminadamente por órdenes del entonces jefe de seguridad Alberto Rotondo Dall´Orso contra pobladores que protestaban pacíficamente frente a las instalaciones de la minera, en San Rafael Las Flores. Siete comunitarios resultaron heridos.
“Tenemos que proteger a los inversionistas”. Óscar Berger, Presidente de la República de Guatemala. Conferencia de prensa. 11 de enero de 2005.
Como resultado, el 2 de mayo de 2013 el gobierno decretó estado de sitio en cuatro municipios de Jalapa y Santa Rosa, militarizando el área bajo el supuesto de combatir el crimen organizado. El trasfondo del accionar gubernamental fue develado por Plaza Pública, que señaló las contradicciones de la medida y el verdadero propósito que escondía: proteger los intereses mineros.
El 18 de junio de 2014, los siete heridos demandaron a Tahoe Resources ante la Corte Suprema de British Columbia. Los demandantes son Adolfo Agustín García, Luis Fernando García Monroy, Artemio Humberto Castillo Herrera, Wilmer Francisco Pérez Martínez, Erik Fernando Castillo Pérez, Noé Aguilar Castillo y Misael Eberto Martínez Sasvin.
La demanda, bajo los cargos de represión violenta de una protesta pacífica, la sustentan en el hecho de que Tahoe Resources controla todos los aspectos importantes de la operación de la mina Escobal, incluyendo las prácticas y políticas de seguridad, y las relaciones comunitarias. Dice el documento que “Tahoe expresa o implícitamente autorizó el uso excesivo de fuerza de Rotondo y del personal de seguridad contra los demandantes y fue negligente al fallar en prevenir a Rotondo y el personal de seguridad del uso excesivo de fuerza.” Si no fue así, dicen los demandantes, Tahoe como propietaria de MINERASA y con carácter subsidiario, es responsable de los sucesos.
Tahoe niega que Rotondo tenga culpa. En todo caso responsabiliza al Grupo Golan por no seguir el protocolo de normas internacionales para proveedores de servicios de seguridad. Esta posición aparece contenida en el informe anual 2014 del Consejo de Ética del gubernamental Fondo de Pensiones Global de Noruega (GPFG, por sus siglas en inglés), publicado el 26 de enero de 2015. En él, se recomienda la “exclusión de Tahoe Resources Inc. del universo de inversiones del GPFG debido a un inaceptable riesgo de la compañía en la contribución de serias violaciones a los derechos humanos.”
De Rotondo y las revelaciones de la declaración de Gray
En septiembre de 2013, un artículo de Plaza Pública explicaba que del pasado del peruano Rotondo en la industria minera se sabe muy poco. Según Andrés Dávila, vocero de MINERASA, Rotondo era un consultor externo que llegó a Guatemala como parte de un contrato con una empresa de seguridad. Según explicó, por tener un acuerdo de confidencialidad con dicha empresa, no podía revelar su nombre ni la fecha en la que Rotondo asumió como jefe de seguridad de la mina.
Un año después, la empresa entregó documentación sobre el asunto que se cita en el informe del fondo de pensiones noruego: después “del ataque armado a nuestras fuerzas de seguridad en enero de 2013 cuyo resultado fue dos guardias muertos y varios heridos, empezamos consultas privadas con un consultor de seguridad internacional”.
No especifica quién era el consultor. Sin embargo, este dato, al igual que parte del historial de Rotondo, aparece en la declaración jurada del vicepresidente de Tahoe Resources, Donald Paul Gray.
El documento, en inglés, tiene un apartado titulado Seguridad y otras operaciones en Guatemala y dice que, en 2011, MINERASA “contrató a International Security and Defense Management, LLC (ISDM), una compañía de manejo de seguridad y defensa con operaciones internacionales, con sede en California, para evaluar sus necesidades y requerimientos de seguridad durante la fase de construcción del proyecto Escobal. Como parte del contrato ISDM manejó un proceso de solicitudes propuestas de servicios de seguridad para MINERASA e hizo recomendaciones.”
En el inciso 54, se describe que “como resultado del proceso de solicitud, MINERASA contrató al Grupo Golan, formalmente llamado Alfa Uno, Sociedad Anónima (Grupo Golan) para desarrollar e implementar el plan de seguridad de MINERASA. Grupo Golan es una compañía de seguridad con reconocimiento internacional que se especializa en proveer productos y servicios de seguridad a organizaciones multinacionales.”
El Grupo Golan proporcionó servicios de seguridad a MINERASA antes, durante y después de los incidentes del 27 de abril de 2013, reconoce Gray, tanto en el proyecto Escobal como en las instalaciones en la Ciudad de Guatemala. Proveyó entre 80 y 125 guardias de seguridad que protegieron instalaciones y transporte. El contrato entre MINERASA y Grupo Golan se firmó en noviembre de 2011.
En el inciso 56, Gray indica que “Rotondo inicialmente proporcionó servicios a MINERASA por medio de ISDM. En 2012, MINERASA lo contrató como gerente de seguridad. MINERASA recibió y revisó información sobre la experiencia y calificaciones de Rotondo, incluyendo información sobre ISDM, como parte de su responsabilidad en el caso que guio a MINERASA a contratar sus servicios.”
A Rotondo le pidieron, según la declaración de Gray, que supervisara los contratos de seguridad de MINERASA firmados con instancias como Grupo Golan. MINERASA empleó a dos o tres guatemaltecos en funciones de apoyo a Rotondo.
Tras explicar detalladamente los casos de violencia contra las instalaciones mineras y empleados de la seguridad privada, Gray declara que Rotondo renunció dos días después de los incidentes del 27 de abril de 2013, y terminó su relación con MINERASA. Gray no dice por qué Rotondo siguió viviendo en las instalaciones mineras durante el tiempo que estuvo bajo arresto domiciliario, medida dictada tras la primera audiencia judicial celebrada en 2013.
Sin mencionar el estado de sitio impuesto el 3 de mayo de 2013, Gray indica que a finales de ese mes, el gobierno “sumó más policías a las fuerzas policiales permanentes en varias municipalidades de la región, incluyendo San Rafael Las Flores. Ha habido una sensible baja en la tensión desde esa fecha.”
De la seguridad privada, contrainsurgencia e inteligencia militar
¿Qué y quién llevó a Tahoe Resources a contactar a ISDM para evaluar las necesidades de seguridad del proyecto? La pregunta aún no tiene respuesta pero de la declaración jurada de David Paul Gray se desprenden algunos indicios.
ISDM es una compañía fundada por los militares estadounidenses James V. Earl y William J. Earl, que poseen una vasta experiencia militar internacional. ISDM se encuentra en los listados de compañías militares privadas más importantes en el mundo. Incluso, aparece en listados de compañías privadas militares, de origen mercenario, que se fundaron como consecuencia de las guerras en Iraq y Afganistán. ISDM ofrece una variedad de servicios de seguridad y defensa que van desde las evaluaciones de amenazas y prevención de secuestros, hasta entrenamiento en operaciones militares, inteligencia militar, contrainteligencia y antiterrorismo. Sus servicios se prestan a empresas privadas y en contratos con el gobierno de Estados Unidos.
Cuando ISDM fue contratada por Tahoe Resources, la compañía militar recién había signado un segundo contrato con Fluor Intercontinental, Inc. (FII) para suministrar personal calificado a ser desplegado en Afganistán. Ese personal era requerido por FII para cumplir con los requerimientos contractuales para el Programa de Aumento de Logística Civil (LOGCAP, por sus siglas en inglés) que FII signó en 2007 con el gobierno de Estados Unidos para completar las operaciones del Ejército de Estados Unidos en Afganistán. FII forma parte de la corporación transnacional Fluor Corp. de Estados Unidos. Entre los conglomerados de empresas que integran Fluor Corp., se encuentra también American Equipment Company, Inc. (AMECO), que agrupa empresas de equipo y construcción, varias de ellas en Latinoamérica.
Se desconoce si el vínculo entre ISDM y Fluor Corp. fue un factor para su contratación en Guatemala, y que ello se gestara a partir de empresas subsidiarias.
En Guatemala, AMECO posee una subsidiaria: Maquinaria Ameco Guatemala, Limitada, con nombre comercial Ameco Guatemala, inscrita en el Registro Mercantil en 2007, y representada legalmente por Allen Robert Krebs Wickfors. La sede de Maquinaria Ameco Guatemala es la misma de las empresas Equipos Múltiples de Guatemala, S.A. (Multiequipos); Compañía Pavimentadora de Guatemala, S.A.; y Pavimentos de Guatemala, S.A. (PADEGUA), todas representadas por Krebs Wickfors e inscritas en el Registro Mercantil entre 1970 y 1997. De ese grupo de empresas, Multiequipos y PADEGUA proveen servicios a MINERASA en el proyecto Escobal. En 2011, PADEGUA construyó el camino de acceso en la mina Escobal, y en 2012 construyó subdrenajes y un muro de contención.
En la evaluación que hizo ISDM y de la que se derivó la contratación de Grupo Golan en 2011 también participó otro militar estadounidense de amplia experiencia en varios países en consultorías de seguridad en el campo militar, incluyendo Iraq y Afganistán, Tim Pascuarelli. Pascuarelli estuvo en Guatemala contratado por ISDM entre mayo y septiembre de 2011.
Golan Group es una compañía de seguridad privada israelita fundada en 1983 por oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército de Israel. Su presidente es el capitán Yoram Yasur, y sus directores son Vered Yasur y Yehuda Senderey. En Guatemala, sus orígenes se remontan a la época de la guerra contrainsurgente que tuvo el respaldo del ejército e inteligencia israelí. Grupo Golan se constituyó en noviembre de 1987, bajo el nombre de Golan, S.A.. En 1990, se inscribió la empresa Alfa Uno, S.A., y en 1997, se inscribieron las empresas Tiendas Golan, S.A. y Golan Armas y Municiones, S.A., todas integrantes del Grupo Golan. Sus representantes legales son Yoram Yasur y Gerardo Antonio Wurmser Ordóñez, quien también es gerente general y fue presidente de GGCA Inc. (Golan Group Central America), inscrita en Panamá en 2007.
Wurmser Ordóñez es hermano de Juan Mauricio Wurmser Ordóñez, ministro de Economía durante el gobierno de Jorge Serrano Elías y ahora presidente de la empresa de publicidad y relaciones públicas Wurmser Ogilvy & Mather. También es hermano del ingeniero y obispo Francisco Rolando Wurmser Ordóñez, vicario del Opus Dei en Centroamérica.
Grupo Golan tiene oficinas en Centroamérica, México, Venezuela, Colombia e Israel. Sus oficinas centrales se encuentran en Florida, Estados Unidos.
Cuando Tahoe Resources lo contrató, el Grupo Golan no era desconocido en el mundo minero ya que arrastraba varias denuncias consigo. Entre 2005 y 2009 Golan vendió sus servicios de seguridad a las mineras Glamis Gold y Hudbay Minerales, en sus proyectos mineros Marlin y Fénix, respectivamente. En ambos casos los opositores acusaron a Golan de violar los derechos humanos. HudBay Minerals está demandada en Canadá por el caso del asesinato del maestro Adolfo Ich.
En cuanto a Alberto Rotondo Dall´Orso, primero contratado por ISDM y después gerente de seguridad de MINERASA, mostraba en su currículum también una formación militar de tipo contrainsurgente. Graduado en 1974 en la Marina de Guerra de Perú, entre 1980 y 1981 recibió capacitación en el Comando de Guerra Especial Naval de la Marina de Estados Unidos (US NSWC) con sede en Coronado, San Diego, California, donde también se localiza la sede de ISDM.
Entre 1985 y 1986, recibió el curso para oficiales en operaciones psicológicas, asuntos civiles y terrorismo de baja intensidad en la Escuela Especial de Guerra John F. Kennedy de Fort Bragg, Mendocino, California (John F. Kennedy Special Warfare Center and School), donde se localizan el Centro y la Escuela de Operaciones Psicológicas del Ejército de Estados Unidos. Años en que la guerra contrainsurgente se vivía en su máxima intensidad en Perú. Su información pública termina en 1991, cuando durante un año estudió en Colegio Interamericano de Defensa, con sede en Washington D.C. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) del gobierno de Perú, Alberto Rotondo Dall´orso se inscribió en 2008. Su actividad principal es “Construcción y Reparación de Buques”, y como actividades secundarias se establecen: “Actividad de investigación y seguridad” y “Actividad de asesoramiento empresarial”.
Estas actividades están relacionadas con el último trabajo que Rotondo da a conocer en medios electrónicos, en 2009. Rotondo aparece como directivo de Jungle Xports, empresa peruana de transporte marítimo que se dedica a “Transporte Vías Navegación Interior”, siendo sus dos actividades principales: turismo fluvial por el río Amazonas y la reparación de barcos. La empresa cuenta con tres barcos para los tours que realiza.
ungle Xports fue fundada por Roberto Antonio Rotondo Mendoza, primo de Alberto Rotondo Dall´orso, ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales entre 1980-1981. En 2003, el gobierno de Perú le autorizó un Área Protegida Privada, que es donde operan sus servicios turísticos. Actualmente, Jungle Xport es dirigida por la hija de Rotondo Mendoza: Mariana Rotondo Pawlikowski.
El mismo año que Rotondo se inscribió en la SUNAT, fue el año que dejó de operar ISDM del Perú, S.A.
De otras empresas de seguridad e instancias de inteligencia
Otro documento publicado en relación con la demanda legal contra Tahoe Resources es la declaración jurada de Roger Barany, quien tradujo al inglés las escuchas telefónicas autorizadas por el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, contra Rotondo. El documento tiene fecha 21 de enero de 2015.
Varios medios de comunicación publicaron extractos de esas escuchas cuando se reprodujeron el 7 de mayo de 2013 en la Audiencia Pública que tuvo lugar en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Rosa. En estas escuchas se destaca las órdenes de Rotondo de disparar indiscriminadamente, con un lenguaje criminal y racista.
«Tahoe niega que Rotondo tenga culpa. En todo caso responsabiliza al Grupo Golan por no seguir el protocolo de normas internacionales para proveedores de servicios de seguridad.»
En las escuchas, hay varias conversaciones que Rotondo sostuvo con Juan Pablo Oliva Trejo, durante los hechos del 27 de abril de 2013. Como consecuencia, Rotondo fue capturado el 30 de abril de 2013 y Oliva Trejo, el 4 de mayo de 2013. Oliva Trejo estuvo de alta en el ejército hasta 2005. Tiene el grado de subteniente de Infantería, logrado en 2000. Su nombre cobró más notoriedad por ser el representante legal de Counter Risk, S.A., una empresa creada en 2008 y contratada por Tahoe Resources para hacer una consultoría de riesgo y seguimientos a publicaciones de prensa. Parte de esta información también aparece en la demanda legal de los siete comunitarios de San Rafael Las Flores, en donde se indica que “El personal de seguridad de Tahoe en la Mina Escobal estaba integrado por Rotondo y personal de seguridad privado empleado bajo contrato con las compañías de seguridad Grupo Golan (Alfa Uno) y Counter Risk, S.A.”
El tipo de comunicación en las escuchas denota un alto grado de confianza entre Rotondo y Oliva Trejo. Un nivel de confianza que también existía con el padre de Oliva Trejo, el coronel retirado Juan Guillermo Oliva Carrera, presidente y director de la Asociación de Estudios Políticos Militares (AEPM), y procesado como uno de los autores intelectuales del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, ocurrido en septiembre de 1990.
La AEPM es sede de las empresas Counter Risk, S.A., de la que Oliva Trejo es el representante legal, y de Supervivencia Urbana, S.A., en la cual Oliva Carrera es director de análisis de riesgo político y Oliva Trejo instructor de tiro. Supervivencia Urbana es un polígono de tiro, conocido como Polígonos de Tiro del Sur, que dirige el general Alfredo Augusto Rabbé Tejada, diputado electo por la UCN pero quien después de tomar posesión se declaró independiente. Rabbé Tejada es uno de los socios de la empresa Maya Químicos, S.A. (MAQUISA), una de las empresas creadas por el Instituto de Previsión Militar (IPM), encargada de suministros de explosivos a la Minera San Rafael para sus operaciones mineras, y dueña de los explosivos que fueron robados semanas antes del 27 de abril de 2013, una de las causas que el gobierno adujo para instaurar el estado de sitio en el lugar, el 1 mayo de 2013.
El estado de sitio tuvo lugar tras fuertes presiones ejercidas por los empresarios mineros contra el gobierno, que se evidencian en el amparo interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por MINERASA, amparo que la CC denegó el 26 de febrero de 2013.
El amparo fue promovido por el gerente administrativo y representante legal de MINERASA, Carlos Roberto Morales Monzón, contra el Presidente de la República de Guatemala, el Ministro de Gobernación, el Ministro de la Defensa Nacional, el Director de la Policía Nacional Civil, el Comisario de la Policía Nacional Civil de la Comisaria veintidós del departamento de Jalapa y el Comisario de la Policía Nacional Civil de la Comisaria treinta y dos del departamento de Santa Rosa.
En esencia, MINERASA argumentaba que el Estado no estaba garantizando la actividad minera en las licencias aprobadas y que no brindaba la seguridad necesaria. En el expediente se indica que “el Estado no está velando por su seguridad al permitir que los vecinos manifiesten contra la realización de las actividades para las cuales ya se les confirió la autorización y licencias correspondientes, cometiendo hechos delictivos y efectuando bloqueos frente a las instalaciones que impiden su libre locomoción.”
Los argumentos de MINERASA se dieron meses antes que se le aprobara la licencia de explotación de Escobal. Tras el dictamen de la CC, en febrero, el MEM anunció la aprobación de licencia de explotación, el 3 de abril de 2013.
Al final, el estado de sitio fue saludado por el grupo de proveedores de MINERASA, por medio de un campo pagado en medios de prensa escrita el 7 de mayo de 2013. Fue firmado por 36 empresas relacionadas con el sector de la construcción, y manifiestan su “respeto y respaldo a la decisión del gobierno de Guatemala para restablecer el orden público y el Estado de Derecho en los municipios de Santa Rosa y Jalapa.” Entre las empresas firmantes se encontraban Cementos Progreso, Aceros Arquitectónicos, Mixto Listo y PADEGUA.
Al dictamen de la CC, en febrero, le siguió una decisión gubernamental importante. El proyecto minero Escobal entró en la categoría de “recursos naturales estratégicos” definida por el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y, por lo tanto, la situación en San Rafael Las Flores se convirtió en un problema de seguridad nacional.
Esto quedó plasmado en el informe anual de 2013 de la Secretaría Técnica del CNS, en donde se especifica que en marzo de 2013, esa instancia aprobó la constitución de la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Integral para instalarse en San Rafael Las Flores “con la finalidad de elaborar políticas, estrategias, proyectos y recomendaciones a este Consejo, para la atención integral de la problemática de seguridad y desarrollo, que permitan mejorar la calidad de vida de la población y garantizar la protección del ambiente.”
La Comisión quedó instalada después de que se aprobara el Acuerdo Gubernativo propuesto por la Secretaría Técnica del CNS, dirigida por el general Ricardo Bustamante Figueroa. La propuesta del Acuerdo Gubernativo se presentó en marzo de 2013, en la que se aborda la constitución del Grupo Interinstitucional de Recursos Naturales Estratégicos (Minería), y que fuera presentado por la Comisión de Asesoramiento y Planificación (CAP) del CNS.
En la Memoria de Labores de 2013 del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se cita la instalación de dicha Comisión en las siguientes palabras: “el logro tangible de haber habilitado la Oficina Interinstitucional para el Desarrollo Integral en el Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, para atender el tema en el territorio, la cual es liderada por el MEM a través del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.”
Mientras que en el informe anual de Tahoe Resources publicado el 12 de marzo de 2014, se menciona que “El gobierno instaló una comisión interinstitucional para tratar asuntos comunitarios y supervisar aspectos de seguridad, la primera de su tipo en Guatemala. Es manejada por la Secretaría Técnica de Inteligencia, y está integrada por miembros de los ministerios de Gobernación, Energía y Minas, Ambiente y la Secretaría de Diálogo Nacional. MINERASA ayudó a la Comisión a localizar el espacio conveniente para instalar la oficina en San Rafael Las Flores.”
En ese contexto, Tahoe Resources recurrió a una nueva empresa de seguridad para salvaguardar sus intereses: Centurion Security, S.A., inscrita en el Registro Mercantil en 2013 y que recibió sus licencias para operar como empresa de seguridad privada, en el primer semestre de 2014.
Lo dijo Donald Paul Gray, vicepresidente de la minera canadiense Tahoe Resources Inc, en su declaración jurada: “A principios de 2013, MINERASA contrató a Peter Snell para asesorar sobre asuntos de seguridad. Snell era el gerente general de la compañía de seguridad Yantarni. Para ese momento, Snell se encontraba en el proceso de formar la empresa Centurion Security S.A. (Centurion), una nueva compañía de seguridad que proporcionaría servicios de protección a las instalaciones.”
La compañía de seguridad privada Corporación Yantarni, S.A., fue fundada en Guatemala por militares británicos, el 5 de junio de 2006. De acuerdo con Snell, Yantarni es una cniompañía británica “que ofrece asesoría en cada aspecto de seguridad, desde operaciones corporativas, riesgo comercial e inversión extranjera hasta apoyo contra terrorismo y espionaje a los gobiernos de la región.” Yantarni es una empresa recomendada por la Embajada de Gran Bretaña en Guatemala. Sus inicios fueron para brindar seguridad privada a la empresa de importación y distribución de combustibles Blue Oil, S.A., inscrita en Guatemala el 19 de diciembre de 2005[i].
“En junio de 2013 Centurion fue contratada para manejar el contrato del Grupo Golan. En abril de 2014, MINERASA terminó su contrato con el Grupo Golan y contrató a Centurion para proporcionar servicios completos de protección a la mina Escobal.”
Fue entonces bajo esas condiciones, que tuvo lugar el Estado de Sitio, para proteger los intereses de los inversionistas. En lo venidero, la fuerza de tarea Xinca, a ser implantada por el Ministerio de Gobernación a fin de año, puede cerrar el círculo de seguridad. “Pacificada” la región, el negocio minero sigue adelante.